La lucha contra el narcotráfico en el sur de España vuelve a poner sobre la mesa un debate que lleva años creciendo. Según las informaciones publicadas, apenas cuatro patrulleras estarían haciendo frente a un fenómeno que mueve centenares de narcolanchas a lo largo de las costas andaluzas, una de las zonas más sensibles de toda Europa para el tráfico de drogas.
El dato resulta especialmente llamativo porque el narcotráfico ha evolucionado enormemente durante la última década. Las organizaciones criminales ya no son pequeños grupos aislados.
Se han convertido en estructuras altamente profesionalizadas, con capacidad logística, financiación internacional, sistemas de comunicación avanzados y medios cada vez más sofisticados para operar en el Estrecho de Gibraltar y en el litoral andaluz. Mientras tanto, asociaciones profesionales y sindicatos de las fuerzas de seguridad llevan años denunciando limitaciones de medios materiales y humanos para afrontar una amenaza que no deja de crecer. El problema no afecta únicamente al tráfico de drogas.
Detrás aparecen fenómenos como el blanqueo de capitales, la corrupción, la violencia asociada al crimen organizado y la capacidad de estas redes para infiltrarse en determinadas actividades económicas. La importancia estratégica de Andalucía es enorme. El Estrecho constituye una de las principales puertas de entrada a Europa y una de las rutas más utilizadas por las organizaciones criminales internacionales. Por ello, cualquier debilidad en los sistemas de vigilancia y control tiene consecuencias que van mucho más allá del ámbito local.
La cuestión de fondo no es únicamente cuántas narcolanchas operan en nuestras costas. La cuestión es si los recursos destinados a combatirlas crecen al mismo ritmo que las organizaciones que intentan ser combatidas.
Cuando el crimen organizado aumenta su capacidad más rápido que la capacidad del Estado para responder, el problema deja de ser policial y se convierte en un desafío para la seguridad nacional.
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