La Comisión Europea defenderá este lunes, 3 de octubre, ante la Eurocámara la suspensión de una parte de los fondos estructurales y de inversión comprometidos para el año 2017 para España y Portugal por haber incumplido ambos países el objetivo de déficit del pasado año.
La congelación parcial de los fondos estructurales y de inversión es consecuencia de que Bruselas constatara a principios de julio la «falta de acción efectiva» por parte del Gobierno español para cumplir con sus objetivos de déficit. España debía haber cerrado 2015 con un desvío del 4,2% en sus cuentas públicas, pero finalmente registró un déficit del 5% (del 5,1% si se tienen en cuenta las ayudas al sistema financiero).
Según las reglas comunitarias, Bruselas debe escuchar la opinión del Parlamento Europeo porque es colegislador en cuestiones presupuestarias y gestión de fondos, aunque su dictamen no sea vinculante. Una vez haya consultado a la Eurocámara, el Ejecutivo comunitario podrá presentar su propuesta, que detallará la cantidad concreta de fondos estructurales que se suspenderán.
Sin embargo, esta congelación de los compromisos para 2017 podría ser a su vez revocada. Para ello, la Comisión Europea debe evaluar los dos documentos que España tiene que presentar antes del 15 de octubre: el borrador de los presupuestos del año próximo y una relación de medidas efectivas para corregir el desvío en las cuentas públicas.
En este sentido, el ministro De Guindos ya informó de que el Ejecutivo en funciones presentaría una prórroga de los presupuestos de este año. Además, el Gobierno ha aprobado este viernes en Consejo de ministros la reforma del impuesto de sociedades, que permitirá recaudar unos 8.300 millones de euros más.
Bruselas tendrá que analizar entonces los ajustes presentados por las autoridades españolas y adoptar una posición al respecto que recomendar a los Veintiocho. Los socios comunitarios deben tomar una decisión, como muy tarde, a principios de diciembre. Si además vuelven a constatar la «falta de acción efectiva» del Gobierno, España se podría enfrentar a una multa del 0,5% del PIB, alrededor de 5.000 millones.Más en Bolsa
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