(Amp) La defensa de Rato carga contra Bankia y dice que tiene difícil probar la culpabilidad por las ‘black’

Ignacio Ayala, letrado del expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato, ha afirmado este viernes que no se ha escuchado «ni un solo testimonio» en todo el proceso judicial de las ‘black’ que involucre a su defendido con la emisión de estas tarjetas por parte de Caja Madrid y ha cargado contra Bankia asegurando que tiene muy difícil probar la culpabilidad de los 65 exaltos cargos y directivos encausados.

«Rato no tomó ninguna decisión, no revisó ni añadió; él aceptó una tarjeta como se la dieron a los demás», ha dicho el letrado en esta décimo octava sesión, para quien no ha quedado probado que Rato diera instrucciones a los consejeros respecto a las tarjetas ni que renovara o revisara límites. «Todo permaneció exactamente igual: la contabilización, el tratamiento fiscal… todo», ha subrayado.

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Por ello, ha expuesto ante la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal que ninguna acusación se ha entretenido en decir por qué el uso de las tarjetas presuntamente opacas incurrió en delito continuado de apropiación indebida o administración desleal, que es lo que se le imputa a los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia.

El fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, no aplicó la atenuante de reparación de daño al expresidente del FMI para el que pide cuatro años y medio de prisión por el uso hecho con su visa, a la que cargó 99.054 euros. En concreto Luzón le reprochó no haber puesto fin a una práctica, que, según expuso, se convirtió en un sistema opaco de retribución para los beneficiarios de las visas.

«¿DE QUE SE NOS ESTA ACUSANDO»

«¿Mantener es abusar? ¿De qué se nos está acusando?», ha respondido el letrado al representante del Ministerio Fiscal en el juicio donde ha pedido la absolución de su defendido, el cual «fue el primero en avalar a todos desde el minuto uno». «¿Y esto es nada desde el punto de vista jurídico?», se ha preguntado.

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Igualmente, Ayala ha atacado al que fuera consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú. Le ha afeado que se hizo el «héroe» al decir que no usó su visa, pero tampoco la devolvió cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. «Esa era la conciencia de gravedad de Verdú», ha ironizado.

Además, ha dicho que en este juicio sobre las tarjetas de Caja Madrid se habla de «remuneraciones» de los directivos y consejeros «ya existente desde antes de 2010», y no de gastos de representación. En su opinión, la tesis de las acusaciones es «lineal y simple» y ha advertido de que la tentación de simplificar es distinto a explicar las cosas con sencillez.

«SISTEMA REGULARIZADO, CONOCIDO Y TRADICIONAL»

«Se ha dicho que se ocultaba porque no se podía decir. Nosotros decimos que se decía porque no había nada que ocultar», ha expuesto el letrado en referencia a la práctica de las tarjetas, que ha definido como un sistema de remuneración con encaje estatutario, en sintonía con su antecesor en el uso de la palabra, el letrado de Miguel Blesa.

En concreto, ha dicho que fue un sistema de remuneración «automatizado, perfectamente legal, organizado, regularizado, conocido y tradicional». Una versión opuesta a la del fiscal Anticorrupción y las acusaciones que hablan de un sistema opaco, ajeno al circuito legal de la caja y que degeneró con la llegada de Miguel Blesa a la presidencia de la caja en 1996.

Sin embargo, los letrados se amparan en el acuerdo del 24 de mayo de 1988 por el que nacen las visas, según consta en las actas del consejo de administración de Caja Madrid, pese a que el presidente de la entidad en ese momento Jaime Terceiro, expuso en calidad de testigo ante el tribunal que esas tarjetas se crearon para cubrir los gastos de representación de los altos cargos y directivos.

NO ES UN EXTRACTO BANCARIO

En su opinión, la falta de acuerdo entre las acusaciones particulares –ejercidas por Bankia y el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB)– que reivindican el dinero gastado por las visas, pone de manifiesto una «crisis de identidad» que viene a dar la razón a las defensas y expone que «una de las dos sobra en el juicio».

El letrado de Rato ha dicho que la prueba aportada por Bankia, consistente en una hoja Excel con el desglose de los gastos, no es «pacífica» y por tanto se pone en duda «incluso por los propios acusadores». «Desde el punto de vista jurídico no puede mantenerse que estemos ante un extracto bancario y que constituya un documento mercantil», ha dicho sobre la hoja que se incorporó a la causa en la fase de instrucción.

Para el abogado este documento no más que un volcado «que ha enseñado un poquito» (en referencia a que no incluyó toda la información) y que no se corresponde con los datos originales. El desglose, que fue impugnado al unísono por los 65 procesados, recoge las compras efectuadas por un valor total de 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012.