Economía/Black-(Amp) El abogado de Blesa dice que se ha buscado «cortar la cabeza» de los investigados y luego juzgarles

El letrado de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010, ha argumentado este viernes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga si hubo o no uso fraudulento de las tarjetas ‘black’ que los 65 investigados han sido «ipso facto laminados» en el proceso judicial y que lo que se ha buscado ha sido «cortarles la cabeza» con una «condena anticipada».

Así se ha expresado Carlos Aguilar en esta décimo octava sesión dedicada a la exposición de conclusiones en la que ha asegurado que argumentar que se instauró un sistema clandestino con el uso de las visas es «faltar a la verdad» y se ha remitido al acuerdo del 24 de mayo de 1988, cuando nacieron las ‘black’. «Ese es el corpus societario en el que se han de basar las resoluciones de la sala», ha sentenciado.

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«Se consigue que les corte la cabeza; ya tendremos luego ocasión de juzgarles. Eso es lo que se ha buscado aquí», ha dicho el letrado citando la novela ‘Alicia en el país de las maravillas’, para añadir que los 65 exaltos cargos y directivos que hicieron uso de las ‘black’ y que se enfrentan a delito continuado de apropiación indebida han recibido una condena anticipada.

En varios momentos de su intervención, el letrado del principal acusado ha hecho hincapié en la repercusión que este procedimiento judicial ha tenido sobre su defendido y el resto de procesados llegando a decir que las personas sentadas en el banquillo de los acusados por esta causa «han visto arruinada su vida» y han tenido que abandonar «su actividad profesional y empresarial».

«La contabilización de estas tarjetas ha sido exactamente la misma desde mayo de 1988 hasta 2012. Nunca se ha variado porque el sistema ha sido el mismo y era perfectamente conocible y accesible a cualquiera que tenía la obligación de revisarlo», ha expuesto responsabilizando del nacimiento de esta práctica al antecesor de Blesa, Jaime Terceiro.

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Durante sus cerca de dos horas de exposición, el letrado ha intentado desmontar la versión aportada ante la Sala por el expresidente de Caja Madrid entre 1988 y 1996, Jaime Terceiro, quien dijo, en calidad de testigo, que las tarjetas eran «absolutamente blancas y legales» porque estaban «fiscalizadas» y que empezaron a oscurecerse con su salida de la caja extinta.

MISMA PRACTICA QUE EN LA EPOCA DE TERCEIRO

Sin embargo, Aguilar ha recurrido a dos documentos aportados por la defensa de los exconsejeros Jesús Pedroche y Alberto Recarte con fecha de 1988 y 1992 en los que se informa a dos beneficiarias sobre la naturaleza de estas tarjetas opacas y la facilitación del PIN.

«No se respeta a la verdad cuando se dice que las tarjetas no tenían número PIN porque lo tuvieron desde el primer día y desde el primer día se utilizaba en los cajeros. (Terceiro) dijo que con el PIN se trazaba la aberración del sistema y sobre esa piedra construyó su tesis, pero es incierta y la piedra se le ha caído al suelo. Hubo PIN desde el primer momento porque jamás se exigió justificación de gasto», ha expuesto.

El Ministerio Fiscal no aplicó la atenuante de reparación de daño a Blesa para el que pide seis años de prisión por el uso hecho con su visa, a la que cargó 436.688 euros. En concreto, dijo en su escrito de acusación que bajo su mandato dicha práctica se convirtió en una retribución cuya «improcedencia» era perfectamente conocida por sus beneficiarios.

Sobre esto ha dicho que la postura del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, es «absolutamente injusta» y ha especificado que atribuir al banquero la responsabilidad de todos los gastos de todos los usuarios de las tarjetas «es intrínsecamente injusto», puesto que mantuvo los términos de uso de las mismas tal cual los heredó y en base a unas actas aprobadas antes de su llegada a la presidencia.

Sin embargo, el letrado ha insistido en que eran unas visas legales, y que la Ley llama gastos de representación a cantidades que son de libre disposición. Sobre el incremento del límite de gasto bajo la época de mandato de su defendido, ha alegado que se trata algo normal debido al paso de los años y lo ha justificado con la «multiplicación por 19» del balance de la caja extinta.

SIN RELACION CON EL RESCATE DE BANKIA

Frente a la tesis expuesta por las acusaciones particulares y populares sobre la relación que guarda la práctica de las visas, con la que se dispuso un total de 15 millones de euros entre 1999 y 2012, con el rescate a Bankia ese mismo año, el letrado ha expuesto que «no tiene absolutamente nada que ver» y que dichas cantidades gastadas eran ínfimas y carentes de materialidad. Por ello, ha pedido «juzgar los hechos de ayer con los ojos de ayer».

El letrado ha alegado ante el tribunal que preside la magistrada Angela Murillo que las acusaciones han empleado las pruebas presentadas –especialmente el informe de auditoría de Bankia elaborado por KPMG y la hoja Excel con el desglose de gastos– «de manera indebida y sin respeto a la buena fe». «No hemos estado jugando todos con las mismas cartas», ha añadido.

Dichas pruebas presentadas por Bankia ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal están «manipuladas» y no tiene elemento probatorio. «En absoluto existe una prueba legítima de cargo», ha alegado para añadir que este proceso judicial tiene un origen «ciertamente oscuro».

«LAS TARJETAS PROVOCAN UNA AUTENTICA ELECTROCUCION»

Aguilar ha ironizado sobre la imagen que se ha dado de los beneficiarios de estas tarjetas –entre los que se encuentra una nutrida representación de representantes políticos, de la patronal y sindicatos– y ha añadido que las ‘black’ «provocan una auténtica electrocución». «Ahora todo el mundo intentan alejarse de estas tarjetas tan controvertidas, pero que se mantuvieron exactamente igual y no eran opacas», ha añadido.

«Muy lejos de ser una cosa oculta o tenebrosa, existe prueba que esas cantidades integradas en las masas salariales las conocían la Comisión de Retribuciones», ha expuesto, enfrentando así la tesis del fiscal Anticorrupción, quien en la vista del pasado lunes insistió en que se trataba de un sistema orquestrado al margen del circuito legal de Caja Madrid y Bankia y en el que los acusados tuvieron una actitud «depredadora».

Se trata de la décimo octava sesión de juicio en el que se dirime si los 65 encausados cometieron o no delito por el uso de las tarjetas presuntamente opacas y a las que cargaron compras en joyerías, restaurantes, menaje o artículos de lujo y personales por valor de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012.