El Congreso debate el martes la propuesta de En Comù de no privatizar Bankia para crear una banca pública

El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes la propuesta de En Comù –la confluencia catalana de Unidos Podemos– de no privatizar Bankia ni Banca Mare Nostrum y utilizar, por contra, ambas entidades para crear un polo de banca pública con el que impulsar proyectos de infraestructuras a largo plazo y apoyar a colectivos sociales desfavorecidos.

En la proposición no de ley, En Comù recuerda que el Estado apenas ha recuperado un 5% de los casi 61.500 millones de euros en los que se cifra el rescate bancario, cantidad que no se reingresará tampoco con la futura privatización de las dos entidades que aún están en manos del FROB: Bankia y Mare Nostrum.

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Además, critica que la reestructuración bancaria de los últimos años ha dado lugar a una importante concentración del sector sin solucionar, sin embargo, su sobredimensionamiento. «Seguimos contando con un sector que no garantiza la función social del crédito y cuya rentabilidad se ha obtenido a cambio de un sostén económico público y un ajuste laboral extraordinario», apostilla.

IMITAR A FRANCIA O ALEMANIA

Por eso, la confluencia catalana de Unidos Podemos considera necesario «reorientar» el sistema para darle un «espíritu de servicio público», tal y como hacen otros países europeos como Alemania, Francia o Italia, donde sí existen entidades financieras públicas.

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«Es necesario reformar el sector para que actúe con responsabilidad, sin los graves abusos hacia las personas y el comportamiento especulativo que lo ha caracterizado», insiste En Comù, que cree que la vía para conseguirlo es aprovechar la mayoría de participación pública en BFA-Bankia y Mare Nostrum, evitando su privatización que, recuerda, ni siquiera tiene un plazo marcado por Bruselas.

Así, quiere que el Pleno de la Cámara Baja inste al Gobierno a crear un polo público bancario sobre la base de esas dos entidades, al que debería sumarse el Instituto de Crédito Oficial (ICO), cuya prioridad sea «financiar proyectos de infraestructuras y equipamientos públicos y proyectos empresariales a largo plazo, dentro de una política industrial coherente que favorezca a las pymes».

Además, el Ejecutivo debería crear líneas financieras especiales para sujetos económicos excluidos del sistema. Con todo ello, se conseguiría «contribuir a poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo que reduzca el desempleo y sea sostenible económica y ecológicamente», concluye la propuesta.