CC.OO. ve «imprescindible» impulsar salarios y pensiones ante el repunte de la inflación

CC.OO. ve «imprescindible» impulsar los salarios de los trabajadores públicos y privados y la mejora de la protección social, para garantizar su poder adquisitivo, frente al repunte de la inflación.

En una nota, el sindicato defiende que el crecimiento de la actividad económica debe servir para recuperar los salarios tras la «fuerte devaluación interna» sufrida durante la recesión.

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En este sentido, señala que España ha acumulado varios años con una inflación por debajo de la media, ganando competitividad vía precios, lo que proporciona «un margen que debe ser utilizado para recuperarse de los durísimos efectos de la devaluación salarial».

De esta forma, considera que las subidas salariales negociadas en 2017 deben garantizar una mejora del poder adquisitivo, con un rango de incremento de los salarios entre un 1,8 y un 3%.

Asimismo, urge a incrementar los salarios más bajos mediante la mejora sostenida del SMI, que le permita alcanzar los 800 euros en 2017 y aproximarse al objetivo del 60% del salario medio, y concentrar en los parados de larga duración los incentivos a la contratación, para evitar que la mejora salarial recorte sus oportunidades de empleo.

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En el área pública, CC.OO. insta a que se convoque la Mesa General de las Administraciones Públicas para poder abordar la negociación de los aspectos retributivos, de empleo y jornada para 2017, la rectificación de los recortes sufridos por los empleados públicos durante la crisis y la convocatoria de una oferta de empleo público excepcional.

También aboga por promover un Plan de Choque por el Empleo para crear puestos de trabajo, aumentar la protección social, en particular de las personas desempleadas, poner en marcha un «Plan de Choque para la Recuperación de los Parados de Larga Duración» e implantar una renta mínima garantizada, promovida por los sindicatos a través de una ILP admitida a trámite en el Congreso de los Diputados.

Además, rechaza el ajuste adicional de 5.500 millones en el presupuesto de 2017 y considera que el Gobierno debe asumir la responsabilidad de realizar una reforma fiscal «seria y progresiva», cuyo objetivo sea lograr un sistema tributario justo en el reparto de las cargas y que provea un nivel de recursos suficientes.