Saracho presidirá este lunes su primera junta de accionistas de Popular, que deberá votar las cuentas de 2016

El presidente de Banco Popular, Emilio Saracho, presidirá este lunes su primera junta ordinaria de accionistas, en la que se someterán a votación las cuentas del ejercicio 2016, que arrojaron unas pérdidas de 3.485 millones de euros y que la entidad deberá reexpresar para corregir algunas deficiencias tras realizar una auditoría interna.

En concreto, el auditor observa «insuficiencia» en determinadas provisiones constituidas respecto a riesgos que deben ser objeto de provisiones individualizadas, que afectarían a los resultados de 2016, y por ello, al patrimonio neto, por un importe de 123 millones de euros.

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A ello se suma una «posible insuficiencia» de provisiones asociadas a créditos dudosos en los que la entidad se ha adjudicado la garantía vinculada a estos créditos que, estimada estadísticamente, ascendería, aproximadamente, a 160 millones de euros.

Asimismo, ha detectado la «posible obligación» de dar de baja alguna de las garantías asociadas a operaciones crediticias dudosas, siendo el saldo vivo neto de provisiones de las operaciones en las que se estima que pudiera darse esta situación de, aproximadamente, 145 millones de euros, lo que podría tener un impacto, aún no cuantificado, en las provisiones correspondientes a esas operaciones.

También apunta a determinadas financiaciones a clientes que pudieran haberse utilizado para la adquisición de acciones en la ampliación de capital de mayo de 2016, cuyo importe, si se verificara, debería ser deducido de acuerdo con la normativa vigente del capital regulatorio del banco, sin efecto alguno sobre el resultado ni el patrimonio neto contable.

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La estimación estadística del importe de estas financiaciones es de 205 millones de euros, siendo el importe total objeto de este análisis de 426 millones de euros.

Fuentes del mercado explicaron a Europa Press que en la reexpresión de las cuentas del pasado ejercicio, que se incluirá en los estados financieros del primer semestre de este año, la entidad cargará 129 millones de euros contra resultados.

A ello habría que sumar 160 millones de euros contra patrimonio y los posibles 145 millones derivados de la revisión de las garantías asociadas a operaciones crediticias dudosas, que también se cargarían contra patrimonio.

UNA POSICION DE CAPITAL «DEBIL»

Por el momento, la necesidad de hacer estos cambios en sus cuentas de 2016 ya le han costado a Popular la rebaja del rating por parte de S&P, que ha colocado su calificación crediticia en ‘B’ desde ‘B+’ con perspectiva ‘negativa’ debido a que entiende que la posición de capital del banco es débil.

De hecho, los ajustes implicarán que su ratio de capital se sitúe entre el 11,7% y el 11,85%, por debajo del 13,14% de final de año, aunque por encima del 11,37% requerido por los supervisores.

Popular no pasa por su mejor momento, ya que al ajuste anunciado en las cuentas se suma la marcha de su consejero delegado, Pedro Larena, que ha comunicado su salida de la entidad por «motivos personales».

El banco deberá convocar un consejo de administración para proponer y nombrar al sucesor de Larena, que dice adiós a Popular apenas un mes y medio después de que Saracho llegara a la presidencia.

OBJETIVOS EN REVISION

Por el momento, todos los planes y objetivos anunciados por la entidad en el mes de mayo, cuando se llevó a cabo la ampliación de capital por 2.500 millones de euros, se mantienen en revisión.

El mercado espera que la entidad comunique su estrategia para limpiar su balance y reducir el peso de los activos improductivos en unos momentos en los que prácticamente se da por hecho que el proyecto ‘Sunrise’ no verá la luz y que el banco optará por vender Totalbank y el negocio de Wizink.

Más allá de la votación de las cuentas, la junta de accionistas de Popular deberá aprobar la ratificación de los nombramientos de Carlos González Fernández y Antonio González-Adalid como consejeros independientes.

También se debatirá la reelección de PwC como auditor de la entidad, la posibilidad de emitir en el plazo máximo de cinco años valores de renta fija convertibles o canjeables en acciones del banco, así como la aprobación de la escisión parcial transfronteriza intracomunitaria de Banco Popular Portugal a favor de Banco Popular Español.

El orden del día incluye la aprobación del límite máximo de la remuneración variable hasta el 200% del componente fijo de la retribución total de consejeros ejecutivos y miembros del colectivo identificado y la votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.