La exministra Corredor alerta de que un 8% de españoles pagó con retraso recibos domésticos en 2016

La exministra de Vivienda Beatriz Corredor ha alertado en el Congreso de el 8% de las personas en España tuvo en 2016 dificultades para afrontar el pago de recibos domésticos relacionados con la vivienda.

Según datos ofrecidos por la directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores, en España se registraron 63.000 lanzamientos de vivienda, un 6% menos que el pasado año, y un 34% menos de impagos hipotecarios y un 33% menos de daciones en pago. Estas últimas descendieron un 28% en el primer trimestre de 2017 respecto hace un año pero fueron superiores que el trimestre inmediatamente anterior.

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Corredor ha ofrecido estos datos en la Comisión de Justicia en el Congreso, donde comparece dentro del debate parlamentario en torno a la proposición de ley que llama a endurecer los procedimientos de desahucio en caso de ocupaciones.

GARANTIZAR LA ASISTENCIA PUBLICA Y EXIMIR DE LA CAUCION

Durante su intervención, la exministra ha abogado por potenciar las políticas activas de alquiler, opción muy alejada en España de la media Europea y cuyo reciente aumento, ha dicho, responde más a dificultades circunstanciales que a un cambio de mentalidad, y a garantizar el derecho a la vivienda.

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Así, se ha mostrado contraria a un endurecimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los casos de ocupación, y ha manifestado que, aunque una agilización de los procedimientos de desahucios puede permitir una recuperación más rápida de la propiedad, esto debe de ser «compatible», ha dicho, con el derecho a la vivienda de las personas.

ACCESO INMEDIATO A UNA VIVIENDA PARA LOS DESAHUCIADOS

Corredor, uno de los apoyos de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, ha manifestado que «la obligación de proteger a las personas es de la Administración pública», por lo que ha apostado por, en casos de vulnerabilidad, garantizar el acceso «inmediato» a una vivienda por parte de las personas desalojadas.

Asimismo, ha apoyado eximir de la obligación de presentar un depósito de caución por parte del demandado en los procedimientos judiciales en caso de que éste se encuentre en situación de vulnerabilidad, ya que aunque éstos puedan tener acceso a justicia gratuita, puede impedir una tutela judicial efectiva.