(Amp.)Bruselas pide multas para asesores que escondan modelos de planificación fiscal agresiva de sus clientes

La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta que obligará a intermediarios – como abogados, asesores, contables o bancos – a informar a las autoridades tributarias nacionales sobre los esquemas multinacionales de optimización fiscal que diseñan para sus clientes y exigirá a los Estados miembros que impongan multas a aquellos que no cumplan con estas medidas de transparencia.

La propuesta del Ejecutivo comunitario persigue el objetivo principal de combatir la evasión y la elusión fiscal a raíz de escándalos como los ‘papeles de Panamá’, que revelaron la existencia de cientos de empresas en paraísos fiscales en las que participaban responsables políticos y personalidades del ámbito internacional.

Bruselas ha destacado en un comunicado que estas revelaciones han demostrado el papel esencial de los intermediarios fiscales para que compañías e individuales puedan eludir el pago de impuestos a través de «complejos» entramados fiscales transfronterizos.

Expandir contenido

Por ello, la propuesta de la Comisión Europea establece que los esquemas fiscales transfronterizos que cumplan determinadas características deberán ser «automáticamente» comunicados a las autoridades fiscales nacionales antes de que hayan sido utilizados y en un plazo de cinco días desde que se llegó a un acuerdo con el cliente.

Posteriormente, los Estados miembros tendrán que intercambiar cada tres meses la información que reciben sobre estos modelos de planificación fiscal a través de una base de datos centralizada, de forma que puedan tener acceso a un sistema de «alertas tempranas» sobre nuevos riesgos de evasión fiscal y puedan actuar para adoptar medidas que bloqueen estas prácticas.

Expandir contenido

Además, el Ejecutivo comunitario ha apuntado que los países del bloque comunitario tendrán que imponer multas «efectivas y disuasorias» para aquellos intermediarios que no cumplan con los requisitos de transparencia. Bruselas ha destacado que la decisión sobre la «naturaleza exacta» de estas sanciones corresponde a los Estados miembros y podrían incluir desde sanciones administrativas a multas económicas.

EFECTO DISUASORIO

El principal objetivo de la propuesta de Bruselas es disuadir a estos intermediarios fiscales de proponer modelos de planificación fiscal agresiva. «Queremos crear una nueva disuasión de forma que los intermediarios se lo piensen dos veces antes de ofrecer un esquema que pueda perjudicar a la justicia fiscal», ha explicado el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en una rueda de prensa.

El comisario francés ha señalado que Bruselas no quiere «culpar» a una serie de profesiones pero ha apuntado que «algunos intermediarios» han ido más allá de sus competencias. «En algunos casos diría que son incluso los cerebros detrás de los complejos esquemas fiscales transfronterizos», ha denunciado.

«Hoy, estoy proponiendo cambiar eso en nombre de la Comisión. Quiero crear un escrutinio sobre las actividades de los intermediarios como hemos hecho para los ‘tax rulings’, para las cuentas bancarias ‘offshore’ y para las prácticas fiscales de las multinacionales», ha subrayado.

El ejemplo, según ha explicado Moscovici en la comparecencia de prensa, es poner en marcha un sistema similar al que Reino Unido, Irlanda y Portugal han establecido a nivel nacional, que también exigen la comunicación de estos modelos de optimización fiscal y han conseguido ser efectivas para reducir los abusos tributarios.

En concreto, los intermediarios tendrán que comunicar los esquemas a las autoridades tributarias si éstos cumplen una o varias características fijadas por la Comisión Europea, como la existencia de un pago a un residente en un paraíso fiscal, involucra a una jurisdicción con una legislación «débil» sobre blanqueo de capitales, sortea os requisitos de intercambio de información de la UE sobre ‘tax rulings’ o la existencia de una relación directa entre el dinero que el contribuyente evita pagar y los beneficios del intermediario.

La propuesta, que en concreto enmienda la directiva para la cooperación administrativa, entraría en vigor el 1 de enero de 2019 una vez que haya sido aprobada por los países del bloque comunitario.