La penetración de los servicios del coche conectado sigue imparable lo hemos visto con Opel y su Onstar hace poco por mencionar un ejemplo, y está claro que es una realidad que ha venido para quedarse. Sin embargo, los retos técnicos, legislativos y estratégicos son claves para que su cadena de valor cobre sentido. Además, las amenazas de privacidad y seguridad preocupan cada vez más, y están por definir las oportunidades y las palancas que impulsarán su desarrollo masivo.
La Comisión Europea y los estados miembros deben ser los responsables de garantizar que los datos generados por los coches conectados sean explotables bajo unas condiciones de acceso seguras y normalizadas, de manera que cualquier proveedor de servicios pueda desarrollar y ofrecer servicios de acuerdo con ellas y que los usuarios puedan elegir y cambiar en cualquier momento de proveedor de servicios. Mientras que es evidente que disponer de más servicios en el coche conectado aportará beneficios a los conductores, también es cierto que se abren muchos interrogantes sobre el conocimiento y el control que estos tendrán sobre los datos que generarán y sobre la capacidad que tendrán de elegir libremente sus proveedores de servicios en movilidad.
Obviamente, determinados datos relacionados con sistemas críticos para la seguridad del coche no se deberían exponer al acceso de terceros, mientras que el control de la calidad, la seguridad y la ergonomía de las aplicaciones para evitar distracciones en la conducción tendrá que ser mucho más estricto que en el caso de los teléfonos inteligentes. Ya hemos empezado a conocer algún caso en el cual alguno de estos sistemas se ha visto vulnerado, pero esto no debe ser excusa para permitir que el ecosistema del coche conectado se desarrolle en un marco competitivo justo que estimule la innovación y los precios ajustados, a la vez que se preservan los intereses de los conductores.
Uno de los aspectos que más preocupa es el de la competencia, pues los propios fabricantes de coches pueden utilizar una situación de ventaja competitiva evidente (ya que son los integradores de la tecnología en sus vehículos) para retener a sus clientes por la vía del control de los datos que éstos generen y la provisión de servicios que irán más allá de la venta y posterior mantenimiento del vehículo.En este escenario, la inminente irrupción obligatoria de la llamada automática de emergencia eCall en todos los vehículos de nueva homologación en Europa a partir de 2018 no hace más que acelerar la cuestión por el incremento de la conectividad que lleva aparejado.
La falta de experiencia de los fabricantes en ciertos campos nos está llevando a ver ya alianzas estratégicas con actores importantes, como proveedores de servicios TIC u operadores de telecomunicaciones. La interacción se habilita por medio de aplicaciones integradas a través del sistema de infotainment del coche y el control a través de la voz, minimizando de esta forma el riesgo de distracción, y ahí el Mirror Link, el Android Auto de Google o el CarPlay de Apple juegan con ventaja. Es una incógnita predecir cuáles serán las tecnologías predominantes, todo dependerá de los diferentes modelos de negocio que posibiliten estos nuevos servicios, y vendrá determinado, en gran medida, por el grado de aceptación de los usuarios. Sin embargo, es difícil imaginar un coche conectado en el que el teléfono inteligente del usuario no juegue un papel destacado, puesto que dispone de enormes ventajas: una capacidad de procesamiento muy elevada, un ciclo de producto más corto que el de un coche (que suele ser de 5 años) y actualizaciones de software sencillas.
Finalmente, hay un espectro muy variado de proveedores de servicios, entre los cuales se incluyen los clubes del automóvil, compañías aseguradoras como Next Auto, talleres (independientes) de mantenimiento y reparación de vehículos, gestores de flotas, etc., que verán sustancialmente alterados sus campos naturales de negocio ante la irrupción de actores con una posición, tecnológicamente hablando, privilegiada, y poco regulada en términos de competencia y de protección de la privacidad.
*Fuente: RACC
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