ERC reclama un informe detallado sobre las tarjetas a disposición de altos cargos de la Administración

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que reclama un informe detallado sobre las tarjetas de crédito que están a disposición de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las empresas y organismos públicas, incluyendo información sobre los gastos que se han realizado en los últimos años.

La iniciativa, que se debatirá en el Pleno de la Cámara y que recoge Europa Press, señala que el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid ha «puesto en evidencia» un «fraude generalizado» en la utilización de las tarjetas de uso «discrecional» de los consejeros de entidades públicas, que no están debidamente fiscalizadas por los representantes de los ciudadanos.

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«Un Parlamento y un Gobierno que se promocionan como comprometidos con la lucha contra la corrupción deben despejar cualquier sombra de duda sobre el uso de las tarjetas cuyo gasto se factura a la Administración pública o a sus organismos dependientes», defienden los independentistas catalanes.

INFORMAR A LA FISCALIA

Y, por ello, quieren que el Gobierno envíe un informe «detallado» a la Cámara Baja en un plazo máximo de dos meses donde conste el número de tarjetas de crédito a disposición de los cargos de la Administración General del Estado y de las empresas y organismos públicos, quienes son sus titulares y qué gastos se han realizado con ellas en los últimos dos años.

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El documento debería ir acompañado, además, por una valoración sobre la necesidad de mantener todas las tarjetas o sobre cuáles se podrían eliminar, así como por la información respecto de los criterios de uso, sistemas de control y posible necesidad de aumentar la fiscalización sobre este medio de pago.

Asimismo, habría que precisar si se ha encontrado algún posible uso «inadecuado» por la cantidad de alguna factura o el concepto, y, en caso de «hallar indicios de alguna posible irregularidad», poner toda la información disponible en manos de la Fiscalía Anticorrupción y comparecer ante el Parlamento para informar debidamente.