El Congreso aprueba la reforma de la Ley de Hidrocarburos con el respaldo de PP y UPN

La Comisión de Industria del Congreso ha dado este jueves luz verde al proyecto de ley de Hidrocarburos con los votos a favor de PP y UPN y la abstención de UPyD y CiU, frente al rechazo del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y Coalición Canaria-Nueva Canarias (CC-NC).

El portavoz ‘popular’ de Energía, Guillermo Mariscal, ha asegurado que esta ley es «necesaria, eficaz, proporcional e imprescindible para salvaguardar el interés público» a la par que «impulsa la transparencia», particularmente en el ámbito del mercado de gas.

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Además, ha defendido la necesidad de «incentivar la búsqueda de recursos» energéticos en el país, siempre con todas las garantías medioambientales y redistribuyendo los costes de esta actividad a través de la creación de un nuevo impuesto sobre la extracción de hidrocarburos.

Por último, ha subrayado la importancia de los cambios introducidos mediante enmiendas «muy ambiciosas» para «propiciar más competitividad» en la distribución minorista de carburantes que acaben facilitando «bajadas de precio en la venta al público». «La ley de 2013 no fue lo suficientemente productiva y queremos seguir profundizando en esta vía», ha añadido Mariscal, subrayando que el «objeto último» de toda la norma es la «generación de riqueza y empleo».

REFORMA NECESARIA

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, cree que esta reforma era «necesaria» y que aborda algunos aspectos de manera «adecuada», como por ejemplo el reparto de los beneficios fiscales entre los territorios afectados por la explotación de hidrocarburos, aunque pide que se prevengan posibles «manejos especulativos» de terrenos.

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También defiende una regulación rigurosa del fracking para prevenir riesgos medioambientales, y advierte de que «el flanco más débil» de la ley está en la creación del mercado del gas natural, que es necesario crear pero dado el «precedente» del mercado eléctrico es necesaria «la mayor de las precauciones» para evitar repetir errores pasados.

Por su parte, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha precisado que esta ley «ni permite ni impide el fracking» sino que «mediante la fiscalidad» se establece un «reparto de los beneficios de la explotación de hidrocarburos entre los perjudicados» por esta actividad. En este sentido, ha reclamado que estas compensaciones no estén condicionadas a la disponibilidad financiera.

Además, ha aplaudido el acuerdo entre el PNV y el Ministerio de Industria en relación con el operador del mercado de gas regulado, que permitirá que Iberian Hub Gas y el nuevo Mibgas se «unifiquen» para «aprovechar las sinergias» entre ambas entidades, de modo que se integre su actividad y empleo y su domicilio social se sitúe en Bilbao. «Es un buen acuerdo», ha zanjado.

OCASION PERDIDA PARA UN «GRAN ACUERDO»

El portavoz de Energía del PSOE, José Segura, ha criticado que pese a la oferta de «mano tendida» del Gobierno para negociar esta ley no se haya aceptado ninguna de sus enmiendas, y además teme que no servirá para fomentar ni la liberalización del sector ni la bajada de precios.

Su compañero Román Ruiz ha lamentado que se haya «desaprovechado» la ocasión de alcanzar «un gran acuerdo» para incrementar la competencia en la venta de combustibles, sobre todo entre los proveedores.

Laia Ortiz, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cree que esta norma esta «en las antípodas» de lo que debería estar «defendiendo» un país tan «dependiente de los combustibles fósiles» como España. «La respuesta tiene que ser apostar por una transición energética», cree la diputada catalana, que plantea un incremento de las garantías medioambientales en todas las tecnologías.

Además, recuerda que hace falta «invertir» en ahorro y eficiencia energética, «algo que no está» en el proyecto de ley; así como desarrollar una Ley de Renovables para darles «estabilidad jurídica».

COMUNIDADES «MARGINADAS»

Por CiU, Inmaculada Riera ha lamentado que esta norma «margine» a las comunidades autónomas en un ámbito como el energético, en el que tienen competencias, y ha reclamado que se «haga valer la necesaria cooperación y coordinación entre administraciones públicas» y que se «incremente la participación de las comunidades en aspectos clave» incluidos en esta ley.

Sobre el nuevo Impuesto sobre el valor de la Extracción de gas, petróleo o condensados, la nacionalista catalana cree que se trata de una «herramienta de redistribución correcta para beneficiar a los ciudadanos» pero no comparte que «no sea cedido a las comunidades autónomas» para que forme parte de sus ingresos.

Pedro Quevedo (CC-NC) ha insistido en que apostar por los combustibles fósiles como hace esta norma es «ir por el camino equivocado», y ha criticado la «exclusión» de Canarias de los compensaciones para comunidades y ayuntamientos por las prospecciones en su territorio, al no incluir el mar territorial ni la zona económica exclusiva (ZEE).

El diputado de Foro Asturias (FAC) Enrique Alvarez Sostres ha defendido que si se confirma que España tiene un importante potencial de gas a extraer mediante fracking se podría generar una «fuente de riqueza importante» para el país, por lo que valora que el proyecto de ley abra la puerta a esta tecnología.

Dado que la Comisión de Industria tiene competencia legislativa plena, el proyecto de ley seguirá ahora su tramitación en el Senado.