PSOE, IU-ICV y UPyD piden subir más el sueldo a los funcionarios y CDC, UDC y PNV reponer más plazas públicas

El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD quieren que el Gobierno suba el sueldo de los funcionarios más del 1% que está previsto en el proyecto de Presupuestos del Estado para 2016, mientras que los nacionalistas de Convergència (CDC), Unió (UDC) y el PNV ponen el acento en la necesidad de incrementar la tasa de reposición en las plantillas públicas.

Así se deriva de las enmiendas parciales que las diferentes formaciones de la oposición han registrado este jueves en el Congreso al proyecto de Presupuestos para el año que viene, que prevé un incremento retributivo del 1% para los funcionarios, la devolución del 25% de la paga extra de la Navidad de 2012 que les fue cancelada, la recuperación de los ‘moscosos’ y ‘canosos’ que faltaban y una tasa de reposición del 50% con carácter general y del 100% para servicios esenciales como la sanidad, la educación o la seguridad.

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Sin embargo, los socialistas creen que los funcionarios públicos deberían ver incrementado su sueldo un 1,5%, con excepción de los miembros del Gobierno, altos cargos de todos los poderes del Estado y constitucionales, diputados y senadores, tal y como consta en sus enmiendas, que recoge Europa Press.

Con respecto a la tasa de reposición, el principal partido de la oposición cree que debería llegar hasta el 150% en las administraciones con competencias educativas, sanitarias, servicios sociales y la Administración Tributaria, y también reclama un esfuerzo especial en las agencias investigadoras. Por último, exige recuperar la totalidad de los permisos recortados a lo largo de la legislatura.

RECUPERAR EL PODER ADQUISITIVO PERDIDO

Para la Izquierda Plural los funcionarios sólo empezarán a recuperar el poder adquisitivo perdido durante esta legislatura si el año que viene cobran un 4% más, en línea con la inflación prevista, y proponen también que en las administraciones con superávit o equilibrio presupuestario se puedan pactar incluso programas de productividad por cumplimiento de objetivos.

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En todo caso, IU-ICV pide una cláusula de revisión salarial que «asegure» el mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios cuando el IPC supera el incremento salarial previsto. También propone incrementar el IPREM casi un 8%, hasta los 578,35 euros mensuales, y actualizarlo si la inflación supera ese dato.

La tasa de reposición, por su parte, debería situarse en el 100% con carácter general, salvo en los municipios de menos de 20.000 habitantes, que no deberían tener ningún límite para incorporar efectivos. Además, las administraciones podrían proveer más plazas de las perdidas en sectores como la sanidad, la educación, los servicios sociales, el I+D+i, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o los servicios de Empleo, entre otros.

La coalición plantea asimismo que durante el primer semestre del año próximo el Gobierno presente a las Cortes un Plan Estratégico de Recursos Humanos para la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos donde se haga un diagnóstico de la situación de las plantillas por departamentos y se determinen las necesidades de personal. En la misma línea, el Ejecutivo debería realizar un estudio para racionalizar la contratación de asistencias técnicas y servicios externos para eliminar las que no sean imprescindibles.

Desde el Bloque Nacionalista Galego (BNG) se plantea incrementar un 3% el sueldo de los funcionarios y llevar al 100% la tasa de reposición con carácter general, llegando al 120% en algunos sectores y administraciones estratégicos. Asimismo, pide que las entidades locales queden eximidas de la limitación de reposición de efectivos y que se acabe con las restricciones a la contratación temporal de personal en el sector público.

SUBIDAS PROPORCIONALES A LOS SUELDOS

UPyD, por su parte, cree que la subida salarial en la Función pública debería ser proporcional a los sueldos que ya cobren los funcionarios, de modo que el tope sea el 1,5% de las vigentes a final de este ejercicio, incluyendo entre otros al personal administrativo y sanitario local. La propuesta afectaría también a las recompensas, cruces, medallas y pensiones de mutilación, que deberían crecer un 1,5%.

Esta revisión dejaría fuera, en cualquier caso, a los altos cargos del sector administrativo y a los directivos de las sociedades mercantiles y empresariales públicas, cuya revisión no podría superar el medio punto porcentual. Esto incluye a presidentes de agencias estatales, entes públicos o Consejo de Estado, entre otros.

«La compensación de la pérdida de renta por la congelación salarial durante la legislatura debe favorecer preferentemente la recuperación de las retribuciones medias y bajas de los empleados públicos sobre los altos cargos», justifica la formación magenta, que pide una tasa de reposición del 100% con carácter general para «garantizar servicios públicos de calidad».

MAS CONTRATACION

Los nacionalistas catalanes de Convergència y de Unió abogan por que las limitaciones a la contratación no apliquen cuando se efectúen con «recursos externos obtenidos en programas de fomento del I+D+I aplicables a universidades, hospitales y centros de investigación», para fomentar la captación de fondos de diferentes organismos ajenos al sector público.

Igualmente, creen que en la tasa de reposición no debe computarse la renovación de plazas cubiertas por personal permanente con destino previo bien en la universidad convocante o en otra universidad, ni los que obtengan una plaza vinculada en el centro sanitario en el que ejercieran como funcionarios o contratados permanentes.

Con respecto a los sueldos públicos, ambas formaciones están de acuerdo con la revalorización del 1% planteada por el Ejecutivo aunque piden que se aplique también al Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

El PNV, por su parte, propone un incremento «paulatino» de las plazas disponibles en la Ertzaintza en el número preciso para «alcanzar los efectivos acordados en la Junta de Seguridad», cifrados en 8.000 funcionarios y teniendo en cuenta que en los próximos diez años causarán baja unos 3.000 agentes. Y pide que se «flexibilicen» los procesos de contratación de empleo público y que se dé un tratamiento igual a las escalas funcionariales.