El Gobierno no someterá a referéndum el acuerdo TiSA de comercio internacional de servicios

El Gobierno no someterá a referéndum el Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios (TiSA, por sus siglas en inglés) que medio centenar de estados –incluidos los de la UE a través de la Comisión Europea– están negociando, ya que considera que el procedimiento de negociación y conclusión del tratado «ofrece suficientes garantías de legitimidad democrática de las decisiones».

Así lo señala en respuesta al portavoz económico de Amaiur en el Congreso, Rafael Larreina, quien preguntó por escrito acerca del papel de España en estas negociaciones que, teme, acaben suponiendo un «nuevo recorte ilegítimo de soberanía» e impulse una «hiperliberalización» del flujo internacional de información de datos personales.

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Según el Gobierno, España no tiene «presencia ni participación directa» en las negociaciones, que la Comisión está liderando en nombre de los 28 mediante un «mandato» aprobado por el Consejo Europeo que fija los «límites y directrices» de lo que la Unión está dispuesta a aceptar.

De hecho, la UE «se ha reservado el derecho a modificar o retirar su oferta, en todo o en parte, en cualquier momento anterior a la conclusión de las negociaciones», lo que para el Ejecutivo es «garantía» de que «no se firmará un acuerdo que vaya en contra de los intereses de España o de la Unión».

RATIFICACION POR EL EUROPARLAMENTO

En su respuesta, que recoge Europa Press, el Ejecutivo recuerda asimismo que «existe un segundo control» ya que el acuerdo «deberá obtener el visto bueno» de la Eurocámara, así como la ratificación de los parlamentos de los estados miembros en relación con las competencias nacionales que puedan verse afectadas, lo que a su juicio «garantiza la defensa de los intereses de la ciudadanía y el modelo europeo de bienestar».

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«El Gobierno no contempla la posibilidad de someter a referéndum el resultado del proceso TiSA al considerar que el procedimiento previsto para la negociación y conclusión del acuerdo ofrece suficientes garantías de legitimidad democrática de las decisiones», apostilla, asegurando en cualquier caso que «se sigue con especial atención» este proceso para «asegurarse de que se consideran debidamente los intereses españoles y se obtienen los resultados esperados».

Por otra parte, recuerda que Uruguay se ha unido recientemente a las negociaciones y que Mauricio también ha presentado una solicitud, por lo que la «variedad de países participantes», cada uno con «intereses muy diversos», constituye una «garantía adecuada» de que la negociación «sólo podrá culminar satisfactoriamente si el contenido final resulta conveniente para el conjunto y no para unos pocos exclusivamente».

Es más, cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) puede incorporarse al TiSA «tanto durante las negociaciones como tras su conclusión» y la «esperanza» es que este tratado acabe «integrándose en el sistema multilateral» de dicho organismo e incluso que se aplique a todos los miembros de la OCDE si se «alcanza una masa crítica de participantes».

DIALOGO CON LA SOCIEDAD CIVIL

Para garantizar que el acuerdo recoge las aspiraciones de la sociedad civil, el Ministerio de Economía mantiene también un «diálogo abierto» con diferentes colectivos mediante comisiones consultivas, continúa la respuesta parlamentaria.

En cualquier caso, el Ejecutivo recuerda que el régimen económico español es «relativamente abierto al comercio de servicios», algo que «no modificará» TiSA, que sólo «reflejará ese nivel de apertura» sin afectar a la legislación nacional y únicamente «comprometiendo que no se introducirán medidas más restrictivas en el futuro salvo en determinados sectores sensibles».

Esto permitirá «eliminar barreras a las exportaciones de servicios», lo que redundará en un beneficio económico para un país en el que este sector «juega un papel relevante en la competitividad exterior», como es el caso español. De ahí la posición «favorable» del Ejecutivo a una «mayor liberalización» en este tipo de intercambios.

«La firma de este acuerdo podrá fomentar las exportaciones españolas de servicios, apuntalar la recuperación económica y crear empleo en el sector servicios. Además, fomentará la competencia y con ello las ganancias de productividad. En ningún caso supondrá restricciones de soberanía ciudadana», asegura a renglón seguido.

Con respecto a la preocupación específica sobre la protección de datos personales, el Gobierno explica que el futuro Reglamento Europeo será de aplicación a «cualquier tratamiento realizado fuera del espacio comunitario que consista en una oferta de bienes o servicios a personas residentes en la UE o el seguimiento de los datos personales de las personas comunitarias».