Una fundación plantea subir el sueldo al presidente y que los ministros cobren en función de sus competencias

La Fundación ¿Hay Derecho? ha publicado un estudio en el que propone modificaciones de las retribuciones de los máximos responsables de la Administración General del Estado tales como subir el sueldo al presidente del Gobierno aunque delimitando los gastos personales que están cubiertos por el Presupuesto, por ejemplo sus vacaciones familiares, a la par que hacer que el salario de los ministros sea proporcional a sus competencias y presupuesto.

Así figura en el informe ‘Análisis de los sueldos de los máximos responsables y altos cargos de la Administración General del Estado y las empresas y entes del sector público estatal’ que recoge Europa Press y que ha realizado la Fundación ¿Hay Derecho?, creada en 2010 por un grupo de juristas interesados en la regeneración del Estado.

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El documento parte de la premisa de que la información disponible sobre el «paquete retributivo» de los altos cargos del Estado es muy deficiente, por la escasa transparencia en cuanto a las prestaciones y beneficios sociales que reciben, más allá de los sueldos fijos y variables.

Además, plantea que cualquier revisión del sistema retributivo debe pasar previamente por otras medidas de mejora de la democracia interna de los partidos, profesionalización de los entes públicos, introducción de procesos transparentes para acreditar el mérito y la capacidad de los nombrados o implantación de baremos para determinar si una persona es adecuada para un cargo según sus capacidades profesionales pero también su ética, honestidad y transparencia.

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

A continuación, analiza la información disponible sobre las retribuciones de los cargos electos y no electos de la Administración General del Estado y sus entes dependientes, y propone medidas de mejora, siempre con la vista puesta en lograr atraer a los mejores profesionales a la función pública y reducir el gasto público total, pero manteniendo un nivel salarial acorde con el grado de responsabilidad de cada puesto.

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Así, el presidente del Gobierno percibió en 2015 78.185 euros de sueldo, lo que le pone a la cola de los países de nuestro entorno europeo tanto en términos de PIB per cápita –cobra 3,4 veces frente a las 7,6 veces de Alemania, por detrás incluso de Chipre–, de salario mínimo interprofesional –su sueldo supone 8,6 veces ese baremo mientras en Alemania llega a 15,3 veces– o de salario medio –cobra tres veces esa cifra frente a las 5,2 veces de un país rescatado como Grecia–.

Además, el presidente español no tiene sueldo variable, aunque sí disfruta de un «amplio abanico de prestaciones sociales» y «prácticamente no tiene que asumir ningún gasto durante su mandato», ya que tiene cubierta la residencia, los desplazamientos e incluso las vacaciones familiares, a diferencia de la mayoría de líderes europeos.

«Los límites de los gastos personales que tiene cubiertos el presidente del Gobierno no están claros», lamenta la Fundación, que por eso propone delimitar mejor este concepto y «excluir como mínimo las vacaciones con cargo a los Presupuestos», a la par que se eleva su retribución anual hasta situarse entre los 100.000 y los 175.000 euros aproximadamente.

LOS MINISTROS GANAN MAS

Por otra parte, los ministros del Gobierno y otros cargos no electos como sus secretarios de Estado, subsecretarios o directores generales cuentan con un salario fijo establecido en los Presupuestos del Estado, una retribución variable (salvo los ministros) y unos beneficios sociales cuyo detalle se desconoce.

Así, se da la paradoja de que mientras el vicepresidente gana unos 73.480 euros al año y los ministros se rozan los 70.000 euros, sus cargos inmediatamente inferiores pueden se mueven entre los 90.000 y los 105.000 euros anuales gracias a la bolsa de productividades que se reparten.

Una situación que «carece de coherencia» a juicio de la Fundación, ya que «el puesto de mayor rango y con mayores responsabilidades es el que recibe una menor remuneración». Por eso, sugiere redistribuir todo el esquema para que el vicepresidente y los ministros sean los cargos mejor retribuidos sin elevar por ello el gasto público total.

¿Hay Derecho? va un paso más allá y propone incluso plantear diferencias retributivas entre los ministros en función del peso que tenga cada cartera, tanto en términos presupuestarios como de competencias, y que esas diferencias se trasladen también al resto de la escala de responsabilidades dentro de los ministerios.

EL PRESIDENTE DE SEPI, EL QUE MEJOR COBRA

En esta revisión generalizada de las escalas de salarios debería incluirse también a los máximos directivos del sector público empresarial y responsables de entidades públicas del Estado, que incluyen tanto a organismos como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC) o el Supremo (TS); a organismos reguladores como el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); o empresas como Renfe, Adif o Aena.

De hecho, se da la circunstancia de que el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es el cargo público mejor remunerado, con más de 211.790 euros al año, seguido por los máximos dirigentes de la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA) y el de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), que superan los 210.000 euros.

«Si pensamos en una política retributiva en la que la remuneración percibida esté acorde con el nivel de responsabilidad y exigencia del puesto no se nos ocurre a priori pensar en estos tres altos cargos», reconoce la Fundación en su informe, subrayando además que el 62% de los altos cargos con mejores sueldos en el sector público pertenecen al grupo SEPI.

Lejos de sus salarios quedan, por contra, otros cargos públicos con gran responsabilidad como el gobernador del Banco de España, cuya retribución total asciende a 174.700 euros; la presidenta de la CNMV, con 149.300 euros; el presidente de la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), con 135.000 euros; el presidente del Tribunal de Cuentas, con 112.500 euros; o el presidente del Consejo de Estado, con 77.800 euros.

Las grandes diferencias que existen entre estos sueldos y los del sector privado generan el riesgo de que no se encuentren profesionales de la «valía necesaria» que quieran dedicarse a la función pública y aumentan la probabilidad de que se produzca el fenómeno de las puertas giratorias.

DIPUTADOS Y SENADORES

Finalmente, el informe se fija en los sueldos de diputados, que constan de una parte fija, ayudas al transporte y unas indemnizaciones en función de si han sido elegidos en la circunscripción de Madrid o en otra y de los cargos que ostentan en la Cámara.

Con todo ello, el sueldo medio de los diputados se sitúa en torno a los 77.780 euros, aunque sin tener en cuenta que la gran mayoría compatibilizan sus funciones públicas con actividades privadas.

Por eso, recomienda cambiar el esquema retributivo, eliminar los complementos por cargo e introducir en su lugar una retribución variable en función del «desempeño y la actividad» de cada diputado de modo que «cobren más los que trabajan más y realizan una mejor labor».

Igualmente, cree que debería eliminarse la indemnización por ser elegido en una circunscripción distinta a Madrid para los parlamentarios que cuentan con una vivienda en la capital y también aboga por reducir el número de coches oficiales y limitar el importe de la tarjeta de taxis, actualmente de 3.000 euros anuales por diputado.

En cualquier caso, «lo importante» para esta fundación es «consensuar» todas estas medidas e incorporarlas al reglamento del Congreso porque «si se dejan a la elección de cada partido no van a suponer un ahorro real en el gasto público» y se «quedarán sólo en un gesto a su electorado».