El Congreso reclama un registro internacional de beneficiarios de empresas en paraísos fiscales

La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado este miércoles, con el respaldo de todos los grupos salvo el PP, una nueva iniciativa con medidas de lucha contra el fraude fiscal entre las que se cuenta la exigencia de promover a nivel internacional un registro público de todos los beneficiarios reales y últimos de empresas radicadas en paraísos fiscales.

La propuesta, planteada por el PSOE, ha sido incorporada a una iniciativa de Podemos para reclamar un Plan Integral de Lucha contra el Fraude Fiscal en el que finalmente la formación morada no ha incluido ni la posibilidad de que los inspectores tributarios actúen de incógnito ni la de pagar a los ‘chivatos’ que den información confidencial que permita aflorar casos de fraude.

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Así, el texto que finalmente ha sido aprobado emplaza al Gobierno a impulsar en el seno de la ONU, la OCDE y la UE una definición «vinculante» sobre paraísos fiscales que lleve aparejadas sanciones, así como la puesta en marcha de un registro público de beneficiarios reales y últimos de todas las empresas, fundaciones, cuentas bancarias y fondos fiduciarios que participen en dichos territorios ‘offshore’.

En la misma línea, se propone encomendar al Fondo Monetario Internacional (FMI) la creación de un registro o catastro financiero mundial, impulsar en la OCDE y el G20 las negociaciones que lleven a un tratado multilateral sobre gobernanza fiscal mundial, y prohibir en el seno de la UE los ‘tax ruling’ y los acuerdos de precios de transferencia transfronterizos firmados en la última década.

REFORMAR LA AGENCIA TRIBUTARIA

Por otra parte, la Cámara Baja quiere que se apruebe de una vez un estatuto para la Agencia Tributaria (AEAT) que garantice su «independencia, neutralidad y profesionalidad» y que «erradique el uso partidario» de esta institución y permita «evitar injerencias políticas» a la par que se garantiza la «lealtad institucional» con otras administraciones.

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El Gobierno propondrá al director general de la Agencia por un periodo no renovable de seis años pero será el Parlamento el que deba elegirlo formalmente, lo mismo que al resto de la Dirección, que tendrá que elaborar un Plan Plurianual de Medidas de Lucha contra el Fraude –que deberá plasmarse en una Ley Anual Tributaria y de Medidas de Lucha contra el Fraude y la Elusión Fiscal– y planes estratégicos para reducir la economía sumergida.

Sobre este asunto, también se reclama una Comisión de Expertos que proponga una metodología de cálculo oficial y periódico de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral, desagregado por territorios, sectores e impuestos; y una estrategia de lucha contra este fenómeno, con medidas como limitar el efectivo o estandarizar la facturación en las pymes.

En la misma línea, el Congreso cree necesaria una Ley Antifraude que incorpore las modificaciones necesarias para corregir los actuales vacíos legales e interpretaciones normativas que posibilitan la elusión fiscal.

Finalmente, en relación con la AEAT, se exige incrementar su medios materiales y también su plantilla, en unos 5.000 efectivos dedicados a la lucha contra el fraude a lo largo de los próximos cuatro años, para equipararse a la media de los países europeos. Además, se propone aprobar una Relación de Puestos de Trabajo con atribución de competencias claras.

MEJORAR LA COORDINACION

Además, la Comisión de Economía ve necesario generar métodos de «coordinación e integración de información coordinada y en red» de las agencias tributarias del país, así como controlar de forma «exhaustiva» las sociedades patrimoniales y las entidades que incrementan sus reservas «indefinidamente» sin repartir dividendos y declarando pérdidas continuadas.

En el mismo sentido, tanto la Agencia como la Intervención General del Estado deberán centrarse a corto y medio plazo en combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, así como en controlar el gasto público y de las subvenciones destinados a grandes empresas y fortunas.

En esta línea, la propuesta reclama revisar la fiscalidad de algunos tipos de sociedad que resultan opacas al control, tales como las Socimis o las sociedades de capital riesgo, así como eliminar las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE)

En la misma línea, habría que repensar la fiscalidad de las Sicav –controlar el número real y efectivo de socios, limitar el porcentaje máximo de participación o fijando un tiempo máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas, entre otras cosas– así como dar a la Agencia Tributaria las competencias de control y poner en marcha un plan especial para «comprobar» las situaciones fraudulentas que se observan actualmente. La propuesta original de Podemos pedía regularizar estos casos.

BAJAR EL UMBRAL DEL DELITO

En cuanto a las actuaciones legales, se exige disminuir el umbral de punibilidad del delito fiscal a 50.000 euros así como elevar, con carácter general, el plazo de prescripción a diez años, aplicando las penas previstas actualmente cuando el importe defraudado supere los 120.000 euros y considerando todos los delitos fiscales como graves, es decir, sujetos a penas de cárcel de entre dos y seis años.

Por último, el texto aprobado recoge también la exigencia de que el Gobierno se comprometa «firmemente» a no aprobar nuevas amnistías fiscales e incluso a prohibirlas en la reforma de la Constitución que se apruebe, así como a modificar la Ley General Tributaria para poder conocer el nombre de los beneficiarios de la regularización de 2012 y exigirles que paguen los 2.800 millones de euros que se les «perdonaron ilegalmente».

En este sentido, el Congreso exige también que se remita a los tribunales todos los casos acogidos a la amnistía en los que haya indicios de delitos relacionados con la corrupción o el blanqueo, y que se abra una comisión de investigación parlamentaria sobre los papeles de Panamá y su vinculación con dicha operación de regularización tributaria extraordinaria.