La acusación particular en la causa centrada en una presunta estafa de 13,93 millones de euros en la operación de compraventa del Hotel Eurocalas, en Calas de Mallorca, por parte de los seis hijos varones del empresario José María Ruiz-Mateos, reclama seis años de cárcel para cada uno de ellos así como para otros dos empresarios, una multa de 36.000 euros y el pago de la cantidad supuestamente defraudada por los inculpados.
El escrito recrimina en este sentido que los acusados omitieran «de forma deliberada y en todo momento su insolvencia, aprovechándose de la credibilidad personal de la familia y empresarial de Nueva Rumasa», y ello a pesar de que ninguno de ellos «tenía, ni tiene, activo alguno a su nombre, al menos en España». «En nuestro país serían unos indigentes», incide.
De hecho, ya en su querella la abogada apuntaba que «todos ellos avalaron con evidente mala fe, aprovechándose de su ‘acreditada solvencia de cara a la galería’ gracias al nombre de Nueva Rumasa. Los pagarés se fueron abonando hasta que en el verano de 2010 quedaron interrumpidos los pagos y en enero de 2011, «dados los problemas de cumplir el calendario de pagos», se acordó rebajar las cuotas mensuales a la mitad durante un periodo de dos años y sustituir el aval de Montumo por los avales de Clesa. Menos de tres meses después, Clesa presentó concurso de acreedores, lo que, a juicio del denunciante, «demuestra nuevamente el engaño por parte de los deudores». En su querella, Miralles señalaba que está pendiente de pago un total de 12,81 millones, supuesta estafa que se eleva a 13,93 millones al sumar intereses y actas de Hacienda. «Este tipo de engaños a través de terceros interpuestos y sociedades pantalla lo han venido haciendo de forma reiterada», sentencia el escrito de acusación, en el que Fluxà abunda en la participación activa «de todos y cada uno de los acusados en las artimañas que han llevado al hundimiento del imperio y la existencia y participación de testaferros que cobraban por ‘firmar sin preguntar’ y por aparecer como administradores de las mercantiles de la familia». LA JUEZA: «INDICIOS RACIONALES DE UNA GESTION DESLEAL»En el auto de pase a procedimiento abreviado con el que puso fin a las pesquisas, la jueza apunta a la existencia de «indicios racionales de una gestión desleal» por parte de los querellados, calificando, de hecho, su forma de actuar de «proceder habitual» y aseverando que los Ruiz-Mateos no tenían patrimonio ni activo alguno con el que responder, por lo que «eran perfectamente sabedores de que no podrían restituir el hotel Eurocalas en las condiciones fijadas».
Grupo Miralles amplió posteriormente su querella al atisbar indicios de que la sociedad que avaló la operación incurrió en un delito de alzamiento de bienes por vender su hotel Cervantes de Torremolinos a la mercantil Clesa -también propiedad de los Ruiz-Mateos-, «obstaculizando» así su posible embargo. Según las pesquisas, de las actuaciones se desprenden indicios de que la intención de Montumo -empresa propietaria del hotel Cervantes- era la de «salvar el bien en su propio beneficio, obstaculizando así la vía de ejecución que podría seguir el querellante como titular de un derecho de crédito frente a Montumo en el caso de que ésta no pudiera hacer frente a las obligaciones que había avalado». Sin embargo, no es éste el único hecho al que hacía alusión la ampliación de la denuncia, puesto que también apunta a la comisión de un delito societario por administración fraudulenta en relación a la constitución, por parte de los Ruiz-Mateos, de una hipoteca sobre el hotel Eurocalas por valor de 19 millones de euros «cuyo destino no ha resultado, hasta el momento, justificado en modo alguno». «Es evidente que su fraudulenta estrategia e intención de no pagar venía ya desde el inicio de la compraventa, y prueba de ello es que la constitución de la hipoteca se lleva a cabo pocos meses después de la operación», apuntaban los querellantes. Durante su declaración ante la jueza, los hijos de Ruiz-Mateos negaron que parte del dinero de la hipoteca constituida sobre el complejo hotelero fuese a parar «a usos personales» o a «paraísos fiscales», al alegar que unos 5,5 millones se invirtieron en obras realizadas en el complejo y el resto «a la caja única» del grupo. IMPUTADOS EN TRES CAUSAS POR ESTAFA EN BALEARESSin embargo, esta causa es tan sólo de uno de los tres procesos judiciales en los que los Ruiz-Mateos están bajo el punto de mira en Baleares. Así, en el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma está siendo investigado por otro delito de presunta estafa por valor de unos 12 millones de euros en la compra de la totalidad de las acciones de la sociedad Hoteles Costa Oriental -propietaria del hotel Samoa, situado en Calas de Mallorca- a la familia Hoz.
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