Bruselas dice que «no hay base jurídica» para un expediente a España por recortes retroactivos a renovables

La Comisión Europea ha dejado claro este martes que «no hay base jurídica suficiente» para abrir un expediente a España por los recortes en las ayudas públicas a las renovables de forma retroactiva por vulnerar los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica, tal y como le han reclamado este miércoles la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables, que han denunciado los recortes ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.

«La Comisión respeta al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo y sus sentencias y considera que no hay base jurídica suficiente como para lanzar un procedimiento de infracción», ha explicado la representante de la Comisión Europea durante el debate en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara sobre los recortes en las ayudas en España a las renovables y ‘el impuesto al sol tras las denuncias que ha recibido en los últimos años de varios ciudadanos europeos de España.

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La representante de la Comisión Europea ha defendido que «los tribunales nacionales son los más adecuados para hacer una evaluación caso por caso de si estos principios se han respetado o no» y ha recordado que tanto el Tribunal Constitucional español como el Tribunal Supremo han sentenciado que las modificaciones a estos programas de apoyo no van en contra de estos principios».

«La Comisión públicamente ha manifestado críticas a estas modificaciones a los programas de apoyo que se han producido en varios Estados miembro, entre ellos España, puesto que tienen un impacto muy negativo en la confianza de los inversores», ha zanjado la funcionaria comunitaria, que ha recordado que el Ejecutivo comunitario en sus orientaciones para que los Gobiernos diseñen los nuevos regímenes de apoyo defienden que «deberían evitarse» los «cambios retroactivos o no anunciados» porque «impiden y obstaculizan la inversión futura».

La representante del Ejecutivo comunitario ha dejado claro que la directiva europea sobre energías renovables «da a los Estados miembro el derecho de discreción en cuanto a cómo diseñar y planificar los planes de apoyo», aunque «evidentemente tienen la obligación de respetar el objetivo nacional de consumo de renovables» en 2020.

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«La Comisión está siguiendo muy de cerca la situación de España, de cualquier posible efecto negativo de la modificación de los programas de apoyo en el objetivo de España», ha aclarado, si bien ha admitido que «España parece que va a poder cumplir con los objetivos» a la luz de los datos más recientes de Eurostat que indican que en 2014 España consiguió una cuota de renovables del 60%, «lo cual hace que la trayectoria haya sido superada, que era del 12,5%».

EVALUA REGULACION ESPAÑOLA SOBRE AUTOCONSUMO

Respecto a la regulación española sobre el autoconsumo, la representante ha explicado que los servicios de la Comisión «están en estos momentos realizando una evaluación jurídica para determinar si el reglamento está quebrando la legislación comunitaria o no» en materia de energías renovables, eficiencia energética y la directiva del mercado único tras recibir «varias quejas».

«Si hay incumplimiento nos pondremos en contacto con las autoridades españolas y adoptaremos las medidas oportunas para garantizar una correcta aplicación de la legislación comunitaria», ha zanjado.

El director general de la Unión Española de Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, ha reclamado a la Comisión Europea que inicie un procedimiento de infracción contra España por violar el principio de seguridad jurídica y ha avisado que el problema de los recortes a las renovables en España «es un problema europeo» que «daña la imagen de seguridad jurídica en España» y ha reclamado a la Dirección Genera de Competencia de la Comisión que «cierre» su investigación sobre la supuesta «sobreretribución» del sector.

También ha cuestionado que la Comisión crea que España va a cumplir el objetivo del 20% en renovables cuando «no se ha introducido ni un solo megavatio» en los últimos años y la mejora se ha visto producida por una caída en la demanda provocada por la crisis.

Donoso también ha criticado el llamado «impuesto al sol» y las barreras administrativas al autoconsumo en España. «El autoconsumidor ya contribuye por lo que consume», ha argumentado, insistiendo en el «derecho cívico» de tener instalaciones fotovoltaícas «sin tener que pagar ningún tipo de impuesto al sol ni peajes» y en el principio de «que se paga por utilizar la red».

El secretario de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables, Juan Castro-Gil, ha defendido que piden «justicia» para los «más de 60.000 pequeños inversores» que invirtieron sus ahorros en plantas de energía fotovoltaica en España entre 2007 y 2009 con «garantías de Estado» que ofrecieron «diferentes gobiernos» y que «pronto se convirtieron en papel mojado» y ha criticado que en los últimos cinco años la retribución se ha cambiado «hasta en 10 ocasiones» y los recortes han alcanzado «hasta el 50% de la retribución comprometida inicialmente», algo que ha colocado a «muchas familias en una situación muy delicada».

Castro-Gil ha recordado además que tres de los siete magistrados del Tribunal Supremo en España criticaron «de forma muy dura» el aval al recorte en las renovables y ha criticado que los tribunales españoles no hayan elevado ninguna cuestión prejudicial a la justicia europea.

Por su parte, Alejandro Lorenzo, que ha recabado ya más de 240.000 firmas a favor de la retirada del impuesto al sol a través de Change.org, ha instado a que el próximo Gobierno «sea cual sea deje de poner impedimentos para el correcto» desarrollo de las energías limpias y ha considerado «alarmante» que políticos que dejan el cargo o sus familiares sean «contratados» como consejeros en empresas energéticas, incluido en sus filiales extranjeras «para evadir» la ley sobre incompatibilidades.

La presidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, la eurodiputada liberal sueca, Cecilia Wikström, ha informado de que la institución mantendrá abiertas las peticiones y enviará una carta a las autoridades españolas «a las que estén el lunes» para «pedirles más información» y «clarificación» sobre los cambios normativos.

El PP se ha quedado en solitario frente a las críticas del resto de partidos -PSOE, ICV y ERC– por los recortes a las energías renovables en España en un agrio debate, en el que la presidenta de la Comisión de Peticiones ha tenido que pedir varias veces «no politizar» el debate por las elecciones generales del domingo.

El eurodiputado del PSOE, José Blanco López, ha denunciado que «la incertidumbre regulatora y las barreras administrativas continúan impactando en las inversiones» y ha criticado que España es uno de los países «con menor avance en megavatios verdes» en los últimos años». «En España el Gobierno ha legislado contra el desarrollo del sector», ha asegurado.

La eurodiputada popular Rosa Estarás, ha recordado que la justicia española «ha fallado a favor de los cambios aprobados por el Gobierno» y ha recordado que «el peaje» existe en otros países de la UE, como Alemania.