La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha anunciado que la Junta pedirá «con urgencia» una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) si a inicios de septiembre el Gobierno central no comunica la cifra de las entregas a cuenta y el dato de la liquidación de 2015, cifras «esenciales» para poder elaborar el Presupuesto de la Comunidad para 2017, sobre el que actualmente la Consejería sólo maneja «borradores internos», los cuales «no se han dado a conocer ni a Ciudadanos ni a ningún grupo político».
La consejera ha explicado que por el momento no ha habido contactos con Ciudadanos para la elaboración de los presupuestos, toda vez que «sin tener las entregas a cuenta es muy difícil establecer un escenario posible», de manera que explica que «los borradores que barajamos son internos de la Consejería de Hacienda, y no hacemos públicos los documentos de trabajo».
Por ello, tras reiterar que esperan tener «cuanto antes» los anticipos de las entregas a cuenta, pero mientras tanto están trabajando en borradores de trabajo «que no se han dado a conocer ni a Ciudadanos ni a ningún otro grupo», a la espera de que «en la primera semana de septiembre el Gobierno nos comunique esas cifras». Ha advertido de que, en caso contrario «reclamaremos con urgencia la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera «para que el Gobierno aclare la posición». Ha recordado entre los antecedentes de esta situación, que «hace unos años, en el Gobierno de Zapatero, se comunicaron las entregas a cuenta a pesar de que hubo prórroga presupuestaria en 2011», de manera que «es posible y legal comunicar los anticipos y las entregas a cuenta aunque no tengan elaborado los Presupuestos Generales». «No tendría sentido mantener esa posición, pero lo hacen para presionar a los territorios para que presionen a los grupos políticos y se conforme el Gobierno», ha añadido. IMPUESTO DE SUCESIONESLa consejera ha valorado la convalidación del decreto ley sobre el Impuesto de Sucesiones efectuada por el Parlamento andaluz, decreto ley que «era necesario para dos cuestiones prioritaria en relación con la actividad del campo, donde la reducción del impuesto permita mayor rentabilidad de la actividad agraria y fijar la población al territorio, algo fundamental para Andalucía, donde gran parte de la población vive en pueblos pequeños; y también para la exención por vivienda habitual, una vez actualizados los precios del mercado, pues era muy importante para herederos que viven en el domicilio familiar y que quieren permanecer o vender la vivienda una vez transcurrido el tiempo que la Ley establecía».
Ha recordado que «la segunda fase entraría en vigor en enero de 2017m por lo que ésta no viene en el decreto ley, ya que no era urgente su aprobación» y se incluirá en el documento de la Ley de Presupuestos.Más en Empresas
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