La Fiscalía Superior de Andalucía investigará si las eléctricas han subido la luz de forma «fraudulenta»

La Fiscalía Superior de Andalucía investigará la denuncia presentada por IU contra las empresas eléctricas por los «abusos» tarifarios de la luz a cuenta de la subida de precios durante la ola de frío que azota al país, pues esta formación política cree que lo hacen «mediante prácticas que pudieran ser fraudulentas y tendentes a aumentar sus beneficios».

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la formación de IU presentó la denuncia ante la Fiscalía de Sevilla el pasado 20 de enero, pero, «dadas las características y afectación general de los hechos denunciados en el territorio de esta comunidad autónoma», la fiscal jefe, María José Segarra, puso la denuncia en conocimiento del fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón.

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En el decreto de incoación e inhibición, al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal jefe explica que García Calderón, «atendiendo al decreto de delegación de funciones» de 11 de octubre de 2016 «y por razones de economía y agilidad procesal», consideró «oportuno» que se remitieran las diligencias al fiscal coordinador andaluz en materia civil, Fernando Santos Urbaneja, que desarrolla su trabajo en la provincia de Córdoba.

Al hilo de ello, María José Segarra explica que este nombramiento se ha llevado a cabo conforme a lo regulado en sendas instrucciones de la Fiscalía General del Estado sobre intervención del Ministerio Fiscal en la protección de consumidores y usuarios, que recoge «el tratamiento de aquellos hechos relativos a la materia de especialidad que puedan merecer la consideración de especial trascendencia a los efectos de la posible intervención directa del fiscal de Sala coordinador».

LA DENUNCIA

De este modo, y «atendiendo a ello como a las funciones genéricas de coordinación y unificaciones de criterios y atendiendo a la directa resolución del fiscal superior», la fiscal jefe de Sevilla ha acordado la remisión del escrito-denuncia y documentos presentados al fiscal coordinador autonómico en materia civil en Andalucía.

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Según relata en su decreto María José Segarra, fue el día 20 de enero cuando un colectivo de alcaldes, diputados y cargos públicos de IU, «siendo el primer firmante Alberto Garzón», pidió a la Fiscalía la apertura de una investigación «en torno a los incrementos de precio registrados en fechas recientes en el mercado energético como consecuencia del bajo nivel de funcionamiento de las centrales de gas de ciclo combinado», todo ello «ante la consideración que exponen que pudieran deberse a prácticas fraudulentas».

En este sentido, la fiscal jefe de Sevilla indica que, asimismo, IU solicitó una investigación relativa «a la posible existencia de una deficitaria red de infraestructuras eléctricas en determinadas zonas que impide que toda la ciudadanía acceda a la energía eléctrica en condiciones adecuadas y estables».

LA ELECTRICIDAD «ES UN DERECHO HUMANO»

En declaraciones de los periodistas a las puertas de los Juzgados del Prado de Sevilla tras presentar la denuncia, el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, defendió que la electricidad «es un derecho humano» y que si las compañías eléctricas fueran estatales, este encarecimiento en la factura de la luz «no habría ocurrido».

Maíllo tildó de «indignante» la «especulación» con los precios de la luz, que provoca que «a mayor necesidad de las familias, más es el precio que se determina», y cuando además recalcó que «no es la primera vez que se produce una instancia, como sospechamos, de una bajada de producción para que se produzca un aumento del coste de la luz».