¿Sabía usted que la gasolina y el gasoil lo pagan todo?

Parece ser que entre los políticos se ha puesto de moda cargar todos los despilfarros y los errores de gestión la pública a la gasolina.

Actualmente el ‘oro negro’ tributa IVA, su correspondiente impuesto especial, paga el ‘céntimo sanitario’ y ahora, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pretende que también abone el ‘céntimo verde’.

Esto encarece ya hasta un 50% el precio del combustible, castigando severamente al sector de los transportistas y restando competitividad en general a las empresas españolas que dependen del mismo para desarrollar sus actividades productivas.

Según los últimos datos ofrecidos por Industria, en el mes de abril, la gasolina sin plomo antes de las cargas fiscales costaba 0,815 euros el litro y después de todos los gravámenes, el precio para el consumidor final se encarecía hasta los 1,496 euros el litro, marcando, una vez más, máximos históricos.

Desde la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ya avisaron de que un nuevo impuesto para la gasolina no era recomendable, explicando que una «subvención cruzada entre distintos sectores» ocasionaría «distorsiones peligrosas» en el correcto funcionamiento del mercado.

Asimismo, indicaron que el sector del transporte no se puede permitir cargar con más obligaciones fiscales, y más, teniendo en cuenta que también se va a aplicar el pago de peajes en numerosas autovías de la geografía española.

Medidas para bajar el precio de la gasolina

Actualmente el petróleo supone el 47,3% del consumo de la energía primaria en España y ello, es un dato que da cuenta de la importancia de bajar su precio para repercutir positivamente en el crecimiento de la economía española.

Lo primero que se debería hacer para conseguir este objetivo es reducir los impuestos.

Es éticamente injusto y económicamente ineficiente que un sector sufrage los despilfarros de otro y que los transportistas tengan que pagar más por una nefasta administración de la sanidad y de las renovables.

De hecho, las ‘energías verdes’ se sustentan a base de unas subvenciones que han provocado más de 24.000 millones de euros de déficit de tarifa y que los ciudadanos terminarán pagando de una manera o de otra.

A esta medida, debería acompañarle la de levantar las prohibiciones a la exploración y a la perforación de la tierra y del mar.

El Ministerio de Industria tiene concedidas por el momento 55 licencias para estas actividades, pero acumula 159 peticiones. Por otro lado, el hecho de que no exista ninguna renuncia, muestra cómo a las empresas privadas les renta la búsqueda de nuevos yacimientos petrolíferos en España.

En la actualidad, exclusivamente existen en el país dos plataformas de explotación; la de Lora, en el noroeste de Burgos, y la de Casablanca, colindante entre Tarragona y la Comunidad Valenciana.

No obstante, parece ser que en Canarias y en Galicia se podrían encontrar nuevos yacimientos. Si esto, fuera así, España se podría autoabastecer hasta en un 15% del total de su consumo de petróleo y ahorrar alrededor de 30.000 millones de euros.

¿Y qué supondría esto? Se crearían puestos de trabajo, el país tendría la energía más barata y dependería menos del exterior; factor principalmente importante teniendo en cuenta las recientes tensiones con Irán.

Además, la instalación de una plataforma petrolífera es más barata y requiere menos recursos que las centrales de las energías renovables.

Por otro lado, respecto al turismo, también se pueden aprovechar y servir como hoteles de lujo, tal y como se hace con algunas del Golfo de México gestionadas por la empresa ‘Morris Architects’.

El tercer y último ajuste en este sector estaría vinculado a su propio mercado interno. Según el Consejo Nacional de la Competencia, (CNC) existe en el mismo un oligopolio que encarece el precio final de la gasolina y el gasóleo.

CLH es la principal empresa de oleoductos de España y está participada principalmente por las tres multinacionales petroleras más grandes del país (Repsol, Cepsa y BP).

En este caso, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la labor del Estado debería consistir en facilitar los trámites administrativos para rebajar las barreras de entradas a futuros competidores y prohibir a las compañías antes citadas estar en el accionariado de CLH.

La imaginación de la iniciativa privada

El abuso en el precio de la gasolina por los factores explicados han disparado la perspicacia de los ciudadanos y los empresarios.

Hace unos meses se inició una campaña cívica en España y la compañía Fiat ha lanzado una promoción en la que ofrece carburantes a un euro.

NOTA.- LEER ARTÍCULO ORIGINAL EN ‘LA GACETA’