Economía-Víctimas del accidente de Angrois apelan al interés público para que la Agencia Ferroviaria Europea rectifique

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia en Angrois apela al «interés público» para pedir a la Agencia Ferroviaria Europea que «revise su posicionamiento» y traslade el informe que elaboró sobre el siniestro y la labor de España al investigar las causas del mismo.

En un escrito dirigido al presidente de la junta de la Agencia Ferroviaria al que ha tenido acceso Europa Press, el presidente de la asociación, Jesús Domínguez, apunta al interés público «superior» que suponen la seguridad y la salvaguarda de la vida e integridad física de las personas en el transporte ferroviario.

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A mediados de abril, el colectivo de afectados dio a conocer que este organismo ya había elaborado y enviado a la Comisión Europea un dictamen en el que examina, a su vez, el informe de la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios) al respecto de los motivos del descarrilamiento en la curva de A Grandeira hace ya casi tres años.

Las víctimas, ante la inminente resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña a los recursos presentados por las partes contra el cierre da la instrucción judicial –con el maquinista como único imputado–, aspiran a que este documento dé «un vuelco» a la investigación, al considerar que supondrá «un revés» para las autoridades españolas.

Su intención, desde un primer momento, ha sido que se depuren eventuales responsabilidades, políticas y técnicas, al respecto de decisiones que supuestamente minoraron la seguridad en la vía y en el tren.

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«TRANSPARENCIA»

Tras conocer la existencia de este informe, la plataforma lo solicitó, pero la Agencia Ferroviaria Europea comunicó a finales de abril que no podía aportarlo porque está siendo utilizado «en parte» en el intercambio formal entre la Comisión y las autoridades españolas en el contexto del caso abierto por infracción por falta de transposición de la directiva de seguridad ferroviaria correctamente.

Ahora, las víctimas se acogen a su derecho a reclamar una «reconsideración» de esta decisión, y lo hacen mediante un extenso escrito en el se basan, como fundamentos de derecho, en la transparencia pública como «conjunto de normas» que, en el ámbito de la Unión Europea, incluye «el derecho de acceso al expediente por parte del interesado o afectado».

A este respecto, reconocen las «excepciones a la transparencia» con las que la Agencia justifica no facilitarles el dictamen, pero inciden en que precisamente los dos artículos en los que se ampara este ente determinan que se denegará el acceso a un documento «salvo que su divulgación revista un interés público superior».

En este sentido, reivindican encontrarse «en el caso contemplado en ambos artículos». «La divulgación del documento», aseguran, «reviste un interés público superior: garantizar la seguridad de las personas en el transporte ferroviario español y europeo, tanto de viajeros como de trabajadores».

«No hay mayor interés público que el salvaguardar la vida e integridad física de las personas», proclama en su recurso la Plataforma Víctimas Alvia 04155.

Además, los afectados recuerdan que la propia Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria, en el ejercicio de sus funciones, defiende que «las investigaciones de los accidentes han de ser públicas e independientes». «Determinar y divulgar todas las causas y circunstancias de los accidentes es imprescindible para que se puedan tomar medidas preventivas adecuadas e impedir que un hecho similar vuelva a ocurrir», apuntan.

80 FALLECIDOS Y MAS DE 140 HERIDOS

El 24 de julio de 2013 un tren Alvia descarriló a la entrada de Santiago de Compostela, en el barrio de Angrois, lo que ocasionó 80 muertes (81 según el colectivo de víctimas) y más de 140 heridos.

El conductor circulaba distraído tras atender una llamada telefónica y llegó a la curva de A Grandeira con un exceso de velocidad, pero los afectados, así como el abogado del maquinista, alegan que responsables de Adif y de Renfe tomaron medidas que redujeron la seguridad y tuvieron implicaciones en el posterior siniestro, incluso algunas que, de no haberse adoptado, habrían evitado que se produjese.

«Las víctimas y familiares, como afectados directos y como ciudadanos europeos, reclamamos toda la información relativa no solo al accidente, sino también todos los documentos referentes al cumplimiento de la normativa en materia de seguridad ferroviaria por parte del estado español y de la administración española implicada», expone la plataforma.

La investigación de las causas y circunstancias de los accidentes, prosigue, así como los métodos y órganos implicados en su realización, «son determinantes en el resultado, y, por tanto, vitales para garantizar la seguridad futura en el transporte ferroviario».

«El informe que solicitamos está directamente relacionado con el método utilizado en la investigación de los accidentes de ferrocarril en España y los organismos implicados y con el grado de cumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria por parte del estado español y de los organismos de la administración española competentes en esta materia», concluyen.

Así las cosas, corresponderá a las instancias comunitarias dictaminar si atienden a las demandas de las víctimas y les facilitan el informe sobre Angrois o si, por el contrario, todavía no lo hacen público.