La Policía da un giro inesperado al suicidio de Verónica: investiga violencia machista

La Fiscalía ha puesto a trabajar a la Policía en el caso de Verónica Rubio, la joven de 32 años y madre de dos niños pequeños, que la pasada semana de quitaba la vida ahorcándose tras padecer un calvario en su empresa, fábrica de camiones CNH Industrial, propiedad del grupo Iveco, en Madrid, después de que se difundiera masivamente un vídeo sexual suyo, grabado hace cinco años, entre sus compañeros de trabajo.

Finalmente, el vídeo llegó incluso hasta el marido de la víctima, que sufrió una crisis de ansiedad al enterarse. Apenas un día después se quitó la vida ahorcándose.

Hasta ahora ni las autoridades policiales ni judiciales habían actuado ya que la víctima no había interpuesto denuncia. Así que los agentes de la Policía Nacional de Alcalá de Henares comenzaron a trabajar de oficio, a instancias de Fiscalía, cuando habían pasado varios desde que se cometieran los presuntos delitos que se investigan.

Pero no ha sido impedimento para que las pesquisas policiales avancen. Según ha podido saber Periodista Digital de fuentes policiales, los agentes han determinado que en una «primera tanda» el vídeo de Verónica llegó, vía WhatsApp, a un total de 200 personas, todas ellas empleados de la factoría y que tendrán que prestar declaración a la Policía.

En esos 200 empleados está el origen de la filtración del vídeo de contenido sexual de Verónica y en ellos está puesto ahora el foco policial. La Policía, además, tiene una teoría firme que apunta a que la ex pareja de la mujer estuviera extorsionándola con la difusión de esas imágenes. Podría ser el responsable de ese envío, el ‘envío cero‘ del vídeo. Estaríamos así ante un delito de acoso, extorsión, revelación de secretos y violencia machista.

Además, los investigadores han determinado que el 80% de la plantilla, unos 2.300 trabajadores, han visto las imágenes de Verónica pero los primeros 200, que contribuyeron a la masiva difusión no solo entre los grupos de WhatsApp de la empresa sino también a muchos más usuarios, podrían ser imputados y enfrentarse a un delito de revelación de secretos y se enfrentarían hasta a un año de prisión.

Las mismas fuentes policiales consultadas por PD no descartan que en las próximas horas se produzcan las primeras detenciones.