Japón ejecuta al ‘asesino de Twitter’: el fin en la horca de la siniestra peripecia de Takahiro Shiraishi

La mañana del 27 de junio de 2025 quedará grabada en la memoria colectiva japonesa.

Takahiro Shiraishi, apodado por los medios como el asesino de Twitter, fue ejecutado por ahorcamiento en Tokio tras haber sido condenado por el asesinato y desmembramiento de nueve personas entre agosto y octubre de 2017.

El caso, que horrorizó tanto a la opinión pública nipona como internacional, vuelve a poner bajo los focos el uso de la pena capital en Japón, así como los riesgos de las redes sociales para personas vulnerables.

Shiraishi, de 34 años, contactaba con sus víctimas —ocho mujeres y un hombre, de entre 15 y 26 años— a través de Twitter (actual X).

La mayoría había manifestado pensamientos suicidas en la red social. El joven se ofrecía para “ayudarlas a morir”, las invitaba a su apartamento en Zama, prefectura de Kanagawa, y allí las asesinaba.

Después descuartizaba los cuerpos y almacenaba los restos en cajas y neveras portátiles dentro de su vivienda, donde fueron finalmente hallados por la policía tras la denuncia del hermano de una víctima.

Durante el proceso judicial, Shiraishi admitió sin rodeos los crímenes: “Sí, los maté, y no hay duda de eso”, llegó a declarar ante el tribunal.

Nunca mostró arrepentimiento. Además del asesinato, robó dinero a sus víctimas y agredió sexualmente a varias mujeres. La defensa intentó argumentar que las muertes fueron consentidas, pero el propio acusado desmontó esa versión al detallar cómo las víctimas se resistieron activamente al estrangulamiento.

Perfil del ‘asesino de Twitter’: manipulación y frialdad

El caso ha sido especialmente perturbador por el perfil del criminal y su modus operandi. Takahiro Shiraishi nació en 1990 en Tokio. En su adolescencia presentó problemas escolares y dificultades para mantener relaciones sociales estables. Antes de los asesinatos, trabajó durante un tiempo como “scout” nocturno —un captador para locales de alterne— en Kabukicho, conocido distrito rojo tokiota.

Entre agosto y octubre de 2017 se transformó en uno de los peores asesinos en serie recientes del país. Su capacidad para identificar víctimas vulnerables —jóvenes con ideaciones suicidas— y su destreza manipulando conversaciones digitales resultaron letales.

Anécdotas y curiosidades sobre Takahiro Shiraishi:

• Utilizaba cuentas anónimas en Twitter con mensajes ambiguos sobre la muerte.
• A menudo prometía “no dejar que murieran solas” para ganarse la confianza.
• Conservó los restos humanos durante semanas en su pequeño apartamento; los vecinos se quejaron reiteradamente del hedor antes del hallazgo policial.
• El único varón asesinado fue pareja sentimental de una víctima; Shiraishi lo contactó porque buscaba desesperadamente a su novia desaparecida.
• Durante el juicio nunca mostró emociones ni empatía hacia las familias afectadas.

El sistema japonés: secretismo e impacto psicológico

La ejecución se llevó a cabo siguiendo el procedimiento habitual japonés: máxima discreción, información comunicada al reo solo unas horas antes del ahorcamiento y sin apenas presencia mediática. Esta práctica ha sido duramente criticada por organizaciones internacionales debido al impacto psicológico que supone para los condenados.

En Japón, la pena capital solo se aplica por ahorcamiento y siempre para delitos extremadamente graves. Aunque la ley establece que debe ejecutarse dentro de los seis meses siguientes a la sentencia firme, lo habitual es que transcurran años hasta su cumplimiento. Hasta diciembre de 2024 había más de un centenar de personas esperando en el corredor de la muerte. La ejecución previa más reciente fue en julio de 2022.

El secretismo rodea todo el proceso: ni familiares ni abogados reciben aviso previo; tampoco suele hacerse público el momento exacto hasta después del hecho consumado. Este hermetismo ha generado crecientes presiones tanto dentro como fuera del país para reformar o abolir la pena máxima.

La pena de muerte en Japón: apoyo popular frente a críticas globales

Japón es uno de los pocos países desarrollados que mantienen activa la pena capital. Según encuestas oficiales, más del 80% de la población respalda esta medida “como mal necesario” ante delitos especialmente atroces. Las autoridades esgrimen este apoyo social para justificar su continuidad pese a las críticas internacionales persistentes.

En contraste, cada vez más voces —desde organismos multilaterales hasta ONG como Amnistía Internacional— exigen transparencia y cuestionan tanto la justicia real del sistema como su impacto psicológico irreversible sobre reos inocentes o condenados sin pruebas concluyentes (como demostró recientemente el caso Hakamada).

El contexto global refuerza esas demandas: según datos recientes, solo quince países ejecutaron condenados a muerte en 2024; China sigue siendo el principal ejecutor mundial (con cifras opacas), seguido por Irán y Arabia Saudí. Sin embargo, Japón mantiene su singularidad entre democracias avanzadas al sostener este castigo extremo mientras otros países lo han abolido o suspendido indefinidamente.

Redes sociales, salud mental y desafíos legales

El caso Shiraishi ha provocado una reflexión profunda sobre cómo las redes sociales pueden facilitar crímenes contra personas vulnerables. A raíz del escándalo se han multiplicado los llamamientos para reforzar la vigilancia digital sobre contenidos relacionados con suicidio o autolesiones.

La opinión pública japonesa también debate ahora si endurecer aún más las leyes sobre captación online o mejorar las políticas preventivas en salud mental juvenil para evitar nuevas tragedias similares.

Un crimen que deja cicatrices profundas

La ejecución del asesino de Twitter cierra uno de los capítulos más oscuros recientes para Japón. Pero reabre otros debates fundamentales: ¿Hasta qué punto es legítimo mantener la pena capital? ¿Cómo proteger a jóvenes vulnerables frente a depredadores digitales? Y sobre todo: ¿puede el sistema garantizar justicia sin caer en errores irreparables?

Mientras tanto, las familias afectadas buscan respuestas —y consuelo— ante una herida que ni siquiera una sentencia final parece capaz de cerrar.