El juez ‘empitona’ al hermano del socialista Ximo Puig por ‘distraer’ 65.000 euros en subvenciones

Otra más.

En esta ocasión y a menos que salte la liebre no hay putas y cocaína, que es una constante en los escándalos del PSOE, pero está lo esencial: meter la mano en la caja común.

El caso de Francis Puig refleja un patrón recurrente en la política valenciana cuando los socialistas anda por medio: ayudas públicas opacas y redes de influencia familiar.

Aunque Ximo Puig -expresidente de la Generalitat y hermano del imputado- no está citado por el juez ni aparece de momento en los escritos, la sucesión de escándalos en su entorno debilita su legado y reabre el debate sobre la transparencia en las instituciones.

Como comenta sarcástico un analista local: «En el Botànic, la corrupción ya no es excepción, sino un riesgo laboral».

Francis Puig Ferrer afronta un procedimiento judicial por delitos de estafa agravada y falsedad documental.

Según el auto del juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, Francis Puig y su socio Juan Enrique Adell Bover utilizaron empresas como Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions para obtener de forma irregular 67.500 euros en subvenciones destinadas al fomento del valenciano entre 2015 y 2018.

Y se las echaron al bolsillo tan panchos, considerándose inmunes porque en aquellas fechas Ximo mandaba mucho.

El juez Jorge Martínez Ribera detalla en su resolución que las empresas recurrieron a:

• Facturas falsas o duplicadas (como las de Electra Energía).
• Domicilios ficticios (incluida una vivienda particular de otro hermano de Puig, Jorge).
• Actividades sin relación con las subvenciones, como contenidos en castellano o impresos para medios digitales.

Aunque el magistrado descarta el delito de fraude en subvenciones (al no superar los 120.000 euros exigidos por la ley), subraya que los métodos empleados muestran una «clara intención de enriquecimiento ilícito».

Más allá del apellido

Francis Puig, licenciado en Periodismo, ha mantenido un perfil bajo pese a su vinculación familiar.

Dirigió empresas audiovisuales en zonas rurales de Castellón y Teruel, especializadas en televisiones locales y producción en valenciano.

Algunas curiosidades que han salido a la luz:

• Intentó justificar gastos de subvenciones con facturas de la boda de su socio.
• Usó como sede social de una empresa la vivienda de su hermano Jorge, donde no había «ningún rótulo ni actividad societaria».
• Según la Guardia Civil, las empresas investigadas emitieron contenidos «redundantes» y sin conexión real con los fines de las ayudas.

La sombra de Oltra y otros escándalos

Este proceso judicial no es un hecho aislado en el entorno del PSPV.

En los últimos años, otros casos han puesto en jaque la imagen del partido y sus compinches:

1. Mónica Oltra y el encubrimiento de abusos:
   La exvicepresidenta valenciana fue imputada en 2022 por presuntamente obstaculizar la investigación contra su exmarido, Luis Eduardo Ramírez, condenado a cinco años por abusar de una menor tutelada. Aunque Oltra siempre negó las acusaciones, el Tribunal Superior de Justicia valenciano señaló «indicios de un concierto para proteger su carrera política».
2. El caso Azud:
   Una trama de presuntas comisiones ilegales en contratos públicos salpicó a cargos del PSPV. Entre los imputados figuran antiguos responsables de finanzas del partido, aunque el caso sigue en investigación.
3. La compra de material anticovid:
   En 2023, se abrió una investigación por sobreprecios en la adquisición de mascarillas y tests durante la pandemia, aunque aún no hay imputados directos vinculados al gobierno de Puig.

El auto contra Francis Puig no es firme y puede recurrirse, pero el daño político ya está hecho.

Para el PSPV, que celebraba esta semana su congreso regional, el timing no podía ser peor.

Pedro Sánchez ha apostado por Diana Morant para competir con el popular Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana.

Morant, actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, que asumió el liderazgo del PSPV en marzo de 2024, sucediendo a Ximo Puig, ha sido ratificada como secretaria general este fin de semana.

Es parte de la estrategia de Sánchez de situar a ministros al frente de las direcciones autonómicas del partido..

Se abren ahora tres escenarios:

• Efecto dominó: Si se confirman los delitos, el PP podría usar el caso para atacar la gestión de Ximo Puig, aún influyente en el partido.
• Impacto electoral: Las municipales de 2027 podrían verse afectadas, especialmente en áreas rurales donde el valenciano es símbolo identitario.
• ¿Y Mónica Oltra?: Aunque su caso fue archivado temporalmente en 2024, la Audiencia de Valencia reabrió la causa en junio pasado. Una posible condena complicaría aún más al Botànic, la coalición entre socialistas y Compromís.