
Me adelanto al día más difícil de la vigente Monarquía parlamentaria, que está, irremediablemente, por venir: la imputación de la Infanta Cristina por el Caso Nóos. Es más, es conveniente que se produzca, pues sería escandaloso para la sociedad que los componentes del consejo directivo de dicha institución, imputados todos ellos por supuesta estafa, pasen por el trance de un juicio a excepción de la hija del Rey. Como bien dijo Juan Carlos I en el discurso de Navidad de 2011, “la Justicia ha de ser igual para todos”. Pues no ha de quedar ninguna duda: ha de serlo para todos, sin excepción.
No hay dudas de que soy un fervoroso defensor de la Monarquía por la que, tras una dictadura, contamos hoy los españoles con democracia, concordia y libertad. Pero, por eso mismo, y valga el juego de palabras, lo justo es exigir justicia. Ha de ser un juez el que sentencie si Iñaki Urdangarin, Doña Cristina y el secretario de las Infantas, García Revenga, son culpables o no de crear una supuesta fundación sin ánimo de lucro para inflar vertiginosamente los recibos cobrados a instituciones públicas y privadas por la organización de distintos eventos.
Pero que se vaya hasta el final, caiga quien caiga y con todo el peso de la ley. En los últimos años, en los que distintos episodios han minado la credibilidad de la Monarquía, éste es sin duda el peor de todos. En un contexto de crisis brutal, donde la corrupción aparece en la base de todas las instituciones, amenaza ahora a la más alta del Estado.
Sin embargo, esta dura prueba, como todas, puede ser aprovechada como una oportunidad. La Monarquía ha de dar ejemplo, el mayor de todos. Si lo hace y, tras beber de este amargo cáliz, no quedan dudas entre los ciudadanos de que se ha actuado con absoluta transparencia, habrá acompañado un proceso exigido por todos los ciudadanos a sus representantes públicos: el de la decencia sin mácula. Si no lo hace, sencillamente, no será nada. Porque desaparecerá.
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA
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