Una coalición de derechos sudanesa denuncia a líderes del poder militar ante la CPI por uso de armas químicas y pide a la Comisión Africana y a la OPAQ que investiguen

La Alianza Sudanesa por los Derechos (Sudanese Alliance for Rights, SAR) anunció el jueves la presentación de una querella ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra cuatro altos dirigentes de las autoridades radicadas en Puerto Sudán, entre ellos el jefe del consejo Abdel Fattah al-Burhan, por acusaciones de uso de armas químicas y graves violaciones contra civiles durante el reciente conflicto en Sudán.

La coalición, que trabaja con un equipo de abogados internacionales, precisó que la denuncia apunta a Al-Burhan, Yasser Al-Atta, Shams Al-Din Al-Kabbashi y el general Al-Tahir Mohamed, señalando que las pruebas presentadas exigen abrir una investigación y llevar a los responsables ante la justicia por estos crímenes.

En paralelo a la querella ante la CPI, la alianza presentó una queja formal ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos por las violaciones y el uso de armas químicas, y envió una carta al presidente de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) solicitando abrir una investigación urgente y suspender la membresía de las autoridades de Puerto Sudán en la organización. Advirtió que la persistencia del silencio internacional “fomenta la impunidad”.

Esta acción llega en medio de advertencias e informes internacionales reiterados sobre la implicación del ejército sudanés en violaciones generalizadas, incluido el uso de armas químicas contra civiles en zonas de conflicto.
La denuncia fue presentada el 25 de septiembre de 2025 por SAR y abogados internacionales que integran la alianza sudanesa por los derechos.

Un movimiento jurídico que amenaza con aislar internacionalmente a los líderes de Sudán tras acusaciones por armas químicas

Los altos mandos de las autoridades en Puerto Sudán, entre ellos el presidente del Consejo de Soberanía, el general Abdel Fattah al-Burhan, enfrentan una nueva crisis a raíz de una amplia ofensiva judicial encabezada por SAR que podría abrir la puerta a un aislamiento internacional sin precedentes.

La acción legal no se limitó a la querella ante la CPI: también incluyó una queja formal ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, además de una misiva urgente a la OPAQ pidiendo una investigación inmediata y la suspensión de la membresía de Sudán en la organización.

Si estas instancias internacionales y regionales responden a las demandas, las autoridades lideradas por el ejército desde el golpe de octubre de 2023 quedarían bajo una presión internacional enorme, susceptible de conducirlas a una cuarentena total dentro del sistema internacional.

Estos desarrollos se producen en medio de acusaciones crecientes sobre el uso de armas químicas en el conflicto sudanés. Dichas acusaciones se vieron reforzadas por el anuncio del Departamento de Estado de EE. UU. en mayo pasado, cuando afirmó que el ejército sudanés utilizó estas armas al menos en dos ocasiones, lo que añade peso al reciente movimiento de derechos humanos y coloca a la dirección del poder militar bajo el escrutinio de la justicia internacional.

Acción legal contra el gobierno sudanés encabezado por los militares en medio de previas confirmaciones de EE. UU. sobre el uso de armas químicas

El dosier de violaciones en Sudán parece encaminarse a una escalada judicial internacional inédita, después de que la Alianza Sudanesa por los Derechos anunciara una demanda ante la CPI contra cuatro altos dirigentes del poder militar, entre ellos Abdel Fattah al-Burhan, por cargos relacionados con el uso de armas químicas y crímenes generalizados contra civiles.

La SAR y abogados internacionales presentaron la querella.

Este paso coincidió con declaraciones del Departamento de Estado de EE. UU. en mayo, que confirmó que el ejército sudanés empleó armas químicas en al menos dos ataques durante el conflicto en curso, lo que intensificó las preocupaciones internacionales y la urgencia de exigir responsabilidades.

La demanda, que apunta al comandante del ejército Abdel Fattah al-Burhan, a su adjunto Yasser Al-Atta, a Shams Al-Din Al-Kabbashi y al general Al-Tahir Mohamed, se acompaña de una queja formal ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y de una carta a la OPAQ para abrir una investigación independiente y suspender la membresía de las autoridades de Puerto Sudán.

Este camino judicial evoca el precedente de Darfur a comienzos de los 2000, cuando acusaciones de crímenes de guerra y de lesa humanidad condujeron a órdenes de arresto internacionales contra el entonces presidente Omar al-Bashir y varios de sus colaboradores.
No obstante, el nuevo expediente es más sensible por su conexión con el uso de armas prohibidas internacionalmente, lo que podría abrir la puerta a mayores presiones sobre Puerto Sudán y poner a prueba la determinación de la comunidad internacional para evitar la impunidad.

ONG presenta demanda ante la CPI contra líderes de Sudán por “crímenes químicos”

La Alianza Sudanesa por los Derechos informó que interpuso una demanda ante la CPI contra cuatro altos responsables de la autoridad de Puerto Sudán, entre ellos Abdel Fattah al-Burhan, por usar armas químicas contra civiles.

La medida llega después de que Washington confirmara en mayo que el ejército sudanés utilizó armas químicas al menos dos veces. La organización también presentó quejas ante la Comisión Africana y la OPAQ.

El ejército sudanés gobierna el país bajo el liderazgo de Abdel Fattah al-Burhan desde el golpe que derrocó al gobierno civil en 2023.