El líder indígena Pizango es liberado al decretar una jueza la orden de comparecencia

El líder indígena peruano Alberto Pizango fue liberado hoy por un tribunal de Lima, que dictó la orden de comparecencia en un proceso que se le sigue por los cargos de apología de sedición y motín, informaron a Efe fuentes de Aidesep, la organización que preside.

Pizango fue detenido ayer al volver a Lima después de permanecer durante 11 meses en Nicaragua, donde se asiló tras ser responsabilizado por la muerte de 34 personas en las violentas protestas presentadas en junio pasado en la provincia selvática de Bagua.

Las fuentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana (Aidesep) señalaron que Pizango dará detalles sobre su situación jurídica en una rueda de prensa que se ha convocado a las 16.00 hora local (21.00 GMT).

En la mañana de hoy, Pizango fue llevado por la Policía hasta el 37 Juzgado Penal de Lima, que investiga los sucesos violentos ocurridos en Bagua.

La jueza Cecilia Arauco le tomó sus datos generales, tras lo cual decidió cambiar la orden de detención que pesaba sobre el líder indígena por la de comparecencia.

Pizango volvió ayer voluntariamente a su país y fue de inmediato detenido por agentes de la Policía Nacional, que lo trasladaron a la sede de Requisitorias (diligencias policiales), donde permaneció hasta hoy, cuando fue trasladado a la sede judicial.

El portavoz de Aidesep, Carlos Navas, explicó ayer en rueda de prensa que Pizango retornó porque «añora su tierra y quiere ponerse a derecho».

«Además, las condiciones en el país son diferentes, hay presión de la prensa extranjera y de las organizaciones de derechos humanos, por eso son mucho mejores las condiciones para el regreso», indicó.

El presidente peruano, Alan García, negó el miércoles cualquier injerencia del Ejecutivo en el caso y remarcó que en Perú «se respetarán sus derechos».

«Estos son temas que sólo el Poder Judicial debe tratar; no soy juez ni fiscal para determinar la situación procesal de una persona», dijo.

El próximo 5 de junio se cumple un año de los sucesos de Bagua, en los que murieron 24 policías y diez civiles, unas protestas que hicieron finalmente al Gobierno peruano dar marcha atrás en varios decretos legislativos relativos a la regulación de las concesiones petroleras que los indígenas consideraban lesivos para sus derechos.