Vox moviliza sus aliados europeos contra la regularización exprés de Sánchez

Vox ha cruzado las fronteras españolas en su lucha contra la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes que Pedro Sánchez se ha sacado de la manga con avisas intenciones.

El partido de Santiago Abascal no solo está contento con enviar al Tribunal Supremo la medida aprobada este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros; también ha anunciado una ofensiva europea inmediata, activando a sus aliados en gobiernos de toda Europa y solicitando reuniones urgentes con comisarios de la Unión Europea, especialmente con el encargado de Asuntos de Interior, Magnus Brunner.

La estrategia de Vox marca una escalada sin precedentes en la contienda política sobre inmigración en España. Mientras la portavoz del partido, Pepa Millán, acusa al Ejecutivo de «destruir España» con una medida que favorece la ilegalidad, la formación busca internacionalizar su rechazo a través de contactos diplomáticos y la coordinación con fuerzas europeas de su misma sensibilidad.

Esta maniobra pone de relieve cómo la inmigración se ha convertido en un eje central de confrontación política que va más allá de las instituciones españolas.

El real decreto permitirá que personas extranjeras en situación irregular que hayan estado más de cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025 puedan solicitar regularización entre abril y junio de este año. Los requisitos incluyen carecer de antecedentes penales y demostrar residencia mediante empadronamiento, facturas o informes médicos. Una vez aceptadas las solicitudes, los beneficiarios obtendrán una autorización de residencia provisional por un año. Es realmente tremebundo.

La contradicción del Partido Popular complica aún más el panorama político. Alberto Núñez Feijóo votó a favor en 2024 para debatir una propuesta legislativa popular similar, respaldado por la presencia de Cáritas entre los firmantes. Sin embargo, ahora critica al Gobierno acusándolo de «desbordar servicios públicos» y relacionando el acuerdo con un intento por desviar la atención del accidente ferroviario en Adamuz. Los populares han endurecido su discurso sobre inmigración, pero es absolutamente una postura insuficiente.

Naturalmente, las regularizaciones extraordinarias para migrantes en España han sido iniciativas de PP y PSOE. El Gobierno de Felipe González aprobó regularizaciones en 1985-1986 (38.000 solicitudes), 1991 y 1996 (114.000 y 21.000 respectivamente). La derecha bajo José María Aznar replicó este proceso en 2000 y 2001 (264.000 y 239.000 personas). José Luis Rodríguez Zapatero llevó a cabo la última gran regularización extraordinaria con cifras similares a las actuales.

El hecho de tramitar esta medida mediante real decreto responde precisamente a que la aritmética parlamentaria actual hacía difícil aprobar la iniciativa legislativa popular que reunió más de 700.000 firmas. Con esto, el Gobierno evita un previsible bloqueo por parte de la derecha española, aunque necesitaría contar con formaciones independentistas conservadoras como PNV y Junts para sortear cualquier oposición.