De nada sirve proferir palabras

DE NADA SIRVE PROFERIR PALABRAS

SI A LAS TALES NO SIGUEN HECHOS PROBOS

Puede que me equivoque, marre o yerre, pero barrunto, intuyo y/o sospecho que usted, atento y desocupado lector (bien sea o se sienta ella, bien sea o se sienta él) de estos renglones torcidos, goza usando, del modo correcto y oportuno, el don que Dios (o, en su defecto, el azar) le concedió de imaginar, de manera requetebién, estupendamente; así que, sin perder un solo segundo, pues el tiempo es oro, le aliento o exhorto a que, con especial encarecimiento, ponga en funcionamiento o marcha, en un santiamén, su capacidad para fantasear convenientemente esto, que en un país (con todos los datos que le voy a suministrar sabrá usted discernir e inteligir, sin mayores problemas, de cuál se trata), donde es meramente imposible hallar en su historia parlamentaria (ora primigenia, ora reciente) una batería o catarata de cambios legales tan notorios con el propósito espurio de llevarlos a cabo en un corto espacio de tiempo, apenas una semana, sin contar con los informes habituales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado, de cuya pertinencia nadie con dos dedos de frente duda, aunque no sean vinculantes. El Código Penal puede necesitar reformas. El abajo firmante de estas líneas irregulares no lo pone en tela de juicio, pero hacerlas tal vez no sea tan perentorio como coronarlas con cabeza, no con las tripas ni con los pies, implicando a cuantas personas tengan algún criterio inteligente o sensato que aportar, buscando que no salgan sendas chapuzas o churros (hechos unos zorros) que, a las primeras de cambio, haya que reformar o renovar, porque esas mudas no se hicieron bien, con la pausa debida o requerida (las prisas nunca fueron buenas consejeras), como mandaban los cánones.

Me temo (teniendo la corazonada o el pálpito de cuál puede ser el resultado) que el eterno retorno es lo que va a suceder otra vez (hay antecedentes que así lo demuestran, de manera clara, cristalina, evidente) tal cual. La propuesta concreta de un partido político que apoya al Gobierno de la nación (de coalición) viene a decir, grosso modo, que malversar caudales públicos (que son los que hay que cuidar como oro en paño, porque son de todos —no, como aseveró Carmen Calvo, entonces ministra de Cultura del Gobierno de Zapatero (2003/2007), “de nadie”—, y hay que vigilar que tengan el destino debido), sin apropiárselos personalmente, llevará aparejada una pena que pronto (si se aprueba la iniciativa o medida, hecha a la medida —“el hombre es la medida de todas las cosas”, según sentenció el sofista griego Protágoras—) irá de los seis meses a los tres años (horquilla que, en la actualidad, oscila entre los dos años y los ocho), una rebaja manifiesta, patente y potente (¿por qué razón?; por puro interés: “por el interés te quiero, Andrés” —sigo pensando que la coma del refrán que recoge el Centro Virtual Cervantes está mal colocada, pues Andrés solo puede ser un vocativo—). Si esta propuesta, tras la preceptiva votación en el Congreso, sale airosa del aprieto o brete, adelante, el uso (sensu stricto, abuso) de fondos públicos para llevar a cabo un referéndum ilegal, como el que se celebró en Cataluña el 1 de octubre de 2017, habrá sido, prácticamente, despenalizado.

La normalización política de un territorio de la no dicha aún nación puede ser entendida por parte de su ciudadanía como un gesto encomiástico, pero este deviene, sin solución de continuidad, en indigesto, estomagante, ya que es más arriesgado (ahí sí estoy de acuerdo con el adjetivo que ha usado el presidente del Gobierno de la nación no dicha para dar cuenta del hecho), peligroso y temerario que valiente. ¿Se han sopesado bien los efectos colaterales, indeseados y/o secundarios que la muda (que va a dejar a mucha gente muda) que se pretende llevará aparejada? ¿Será creíble el político (hembra o varón con alegría) que diga amén al cambio (a punto de ser alumbrado) y, al mismo tiempo, que lucha contra la corrupción? ¿Deberá estar henchida de alegría la persona que lo haga para que no se note su cinismo? Me temo que los paniaguados (ellas y ellos, a quienes habría que llamar ahora, siguiendo la misma regla de la formación de palabras, “caviarcaldados”, vocablo que funde caviar con caldo, en su acepción de jugo vegetal, verbigracia, vino; ¿terminarán, más bien, “ibericoescaldados”?), faltos de ideas propias, volverán a hacer lo que hicieron. ¿Se abochornarán cuando escuchen que, entre otras lindezas, se les llama (en un sueño —¿profético?— que he tenido eso he oído) sinvergüenzas?

De nada sirve proferir palabras, si a las tales no siguen hechos probos.

Nota bene

Ayer el partido mayoritario del Gobierno de coalición y la fautora formación que presentó la propuesta de cambio pactaron una enmienda transaccional que aminora las penas del delito de malversación cuando se constate, de manera fehaciente, que no hubo lucro o enriquecimiento personal por parte de la autoridad o funcionario que lo cometió, que estará castigado, cuando se le dé el visto bueno y sea refrendado por los votos necesarios, con un máximo de cuatro años de prisión, la mitad del máximo de ocho que hasta ahora marcaba el Código Penal en su tipo agravado.

Reunida la ponencia de la Comisión de Justicia, en sesión extraordinaria en la tarde de ayer, lunes doce de diciembre de 2022, incorporó esta y otras enmiendas a la proposición de ley impulsada por los partidos que conforman el Ejecutivo de coalición del país no mencionado (¿habrá algún lector al que aún le quepa alguna duda de cuál es?), con el objetivo de eliminar el delito de sedición y transformarlo en otro de desórdenes públicos, que, tras la rebaja, notable, pasará a ser castigado de un máximo de 15 años de cárcel a otro de 5.

Ayer, asimismo, el partido que presentó en el Congreso la propuesta de cambio en torno al delito de malversación hizo saber a la opinión pública y publicada que quiere un referéndum como el de Montenegro, en el que con una participación del 50% y el 55% de síes se declare la independencia de su territorio (lo que quiere decir, en sentido estricto, con el 27, 5 de votos positivos del electorado, en el que podrán votar los mayores de 16 años, a quienes consideran suficientemente aleccionados e irreductibles cruzados de la causa independentista).

   Ángel Sáez García

   angelsaez.otramotro@gmail.com