Venezuela atrapada entre el poder y la geopolítica: los ciudadanos pagan el precio del abandono

La narcotiranía de Nicolás Maduro sigue apostando por gestos calculados y decisiones selectivas que buscan aliviar presiones externas sin alterar la estructura del poder. Liberaciones parciales, discursos de aparente apertura y llamados a la estabilidad se presentan como señales de control, pero no modifican la realidad cotidiana de millones de venezolanos.

Las instituciones continúan debilitadas, la justicia opera de forma desigual cuando no es inexistente  y las necesidades básicas de la población quedan relegadas frente a la prioridad absoluta del oficialismo: mantenerse en el poder. Gobernar, en el sentido pleno de garantizar derechos, servicios y futuro, nunca fue una tarea prioritaria.

Estados Unidos endurece la presión 

Del otro lado, Estados Unidos refuerza su estrategia de presión, convencido de que el aislamiento económico y logístico forzará cambios políticos. Sin embargo, tras años de sanciones y restricciones, la evidencia es clara: el poder político se mantiene, mientras quienes pagan el costo son los ciudadanos.

Las limitaciones al comercio, al sistema financiero y a la conectividad internacional no han producido una transición democrática, pero sí han profundizado la precariedad, el encarecimiento de la vida y el aislamiento social. Washington insiste en el discurso de la “defensa de la democracia” .

Aislamiento y conectividad rota: castigo cotidiano a la población

Uno de los efectos más crueles de este pulso geopolítico es la desconexión progresiva de Venezuela del mundo. Viajar se ha convertido en un lujo inalcanzable para la mayoría, las familias quedan separadas durante años y el acceso a tratamientos médicos, estudios o actividades comerciales se vuelve cada vez más difícil.

Este aislamiento no castiga a las élites políticas ni militares, que conservan canales propios, sino a la población común, atrapada en un país cada vez más cerrado y sin alternativas reales de movilidad o desarrollo.

La sociedad civil, sin aliados reales

Mientras tanto, la sociedad civil venezolana permanece sola. Organizaciones humanitarias, periodistas y defensores de derechos humanos operan bajo presión constante, sin respaldo suficiente ni dentro ni fuera del país.

La oposición política, fragmentada y debilitada, no logra articular una defensa eficaz de los ciudadanos, y la comunidad internacional se limita a comunicados, gestos simbólicos y negociaciones opacas que rara vez se traducen en mejoras concretas para la gente común.

Europa y la región: preocupación retórica, silencios cómplices

Europa e Hispanoamérica observan el deterioro venezolano con preocupación declarativa y acción mínima, pero en el caso de España el problema va más allá de la tibieza diplomática. Pese a sus profundos vínculos históricos, culturales y humanos con Venezuela, el Gobierno español oscila entre el cálculo político y una incomodidad evidente, agravada por las relaciones opacas de antiguos y actuales personeros del poder con la narcotiranía venezolana. Casos como el escándalo del oro venezolano, la controvertida presencia de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en territorio español pese a sanciones europeas, o las conocidas vinculaciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con la narcotiranía de Maduro, han erosionado la credibilidad de España como actor defensor de los derechos humanos en Venezuela. Este entramado de intereses, silencios y connivencias ha contribuido a un vacío de responsabilidad, donde abundan los discursos y las declaraciones formales, pero escasean las acciones reales, y donde la población venezolana vuelve a quedar relegada, utilizada como argumento moral mientras es ignorada como prioridad política.

Un país convertido en rehén

Venezuela se ha convertido en rehén de su propio poder político y de una confrontación internacional prolongada, donde cada actor defiende sus intereses estratégicos mientras la sociedad se empobrece, se fragmenta y se acostumbra a sobrevivir.

Hoy, las noticias vuelven a hablar de tensiones, sanciones y maniobras políticas. Lo que casi nunca ocupa el centro del debate es la vida diaria de millones de venezolanos, atrapados entre un gobierno que no los protege y una comunidad internacional que los utiliza como argumento, pero no como causa.