Ley de Amnistía en Venezuela avanza en el Parlamento entre alertas por impunidad y reclamos de justicia para las víctimas

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una iniciativa promovida por el oficialismo que busca perdonar delitos de carácter político cometidos desde 1999 y facilitar la liberación de presos políticos, el retorno de exiliados y la extinción de procesos judiciales vinculados a la disidencia política.

El proyecto, que ahora deberá pasar a una segunda discusión artículo por artículo, excluye formalmente delitos como violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, narcotráfico y corrupción. No obstante, la falta de publicación del texto completo de la ley ha generado preocupación y críticas entre organizaciones de derechos humanos, activistas y sectores de la oposición.

Advertencias desde el exilio: “No se puede hablar de reconciliación sin las víctimas”

Uno de los pronunciamientos más críticos provino del doctor Marcelino Marcano López, médico internista y miembro de La Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (Urvex), quien cuestionó duramente el proceso y los posibles efectos de la ley.

“Una ley de amnistía no puede construirse a espaldas de la sociedad. Exigir que se conozca el texto completo no es un capricho, es una condición mínima de transparencia. Sin acceso al contenido íntegro, es imposible evaluar si esta norma protege realmente a los perseguidos políticos o si, por el contrario, abre grietas peligrosas hacia la impunidad”, afirmó Marcano.

El activista advirtió que una redacción ambigua o excesivamente amplia podría permitir que delincuentes comunes o responsables de abusos graves intenten cobijarse bajo el paraguas de la amnistía, desnaturalizando su propósito original.

“Cuando no se establecen límites claros, la amnistía deja de ser un instrumento de reconciliación y se transforma en un salvoconducto. El riesgo es real: que esta ley termine siendo utilizada como un pasaporte a la impunidad, incluso para quienes nunca debieron ser amnistiados”, alertó.

La preocupación central: las víctimas

Marcano López insistió en que el aspecto más grave del proyecto, tal como se conoce hasta ahora, es la ausencia visible de mecanismos de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.

“En Venezuela hay miles de víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, ejecuciones extrajudiciales, persecución política y exilio forzado. Si esta ley avanza sin reconocerlas, sin escucharlas y sin ofrecerles reparación, lo que se estará haciendo es revictimizarlas”, subrayó.

Según el médico, una amnistía que ignore el sufrimiento de las víctimas profundiza la herida social en lugar de cerrarla.

“No se puede hablar de convivencia democrática ni de paz duradera cuando las víctimas quedan invisibilizadas. El perdón legal sin verdad ni justicia es una forma de violencia institucional”, afirmó.

Verdad, justicia y reparación: una línea roja

El miembro de Urvex recalcó que cualquier proceso serio de amnistía debe inscribirse dentro de los estándares de la justicia transicional, basados en tres pilares fundamentales.

“Si la amnistía no está acompañada de verdad, justicia y reparación, los tres pilares de la justicia transicional, lo que se consolida no es la reconciliación, sino una narrativa de impunidad. Y esa narrativa termina normalizando los abusos y enviando el mensaje de que en Venezuela violar derechos humanos no tiene consecuencias”, sostuvo.

Marcano advirtió que, sin garantías claras, el país corre el riesgo de cerrar en falso uno de los capítulos más dolorosos de su historia reciente.

“Las víctimas no piden venganza, piden reconocimiento, justicia y reparación. Ignorarlas hoy es hipotecar el futuro democrático del país”, concluyó.

Un debate aún abierto
La Ley de Amnistía deberá enfrentar una segunda discusión parlamentaria antes de su eventual aprobación definitiva. Diversos sectores han solicitado que el texto completo sea publicado y sometido a debate público, con participación de organizaciones de derechos humanos, víctimas y expertos independientes.

Mientras tanto, crece el debate sobre si la norma será una herramienta real de reconciliación nacional o si, como advierten voces críticas, podría convertirse en un mecanismo que blanquee responsabilidades y profundice la impunidad en Venezuela.