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Que los ‘hampones‘ de la mal llamada ‘Trama Koldo‘ firmaran los contratos en su condición de ‘representantes del Gobierno de España‘, puede parecerle a alguno una demostración de prepotencia o un acto de estupidez, similar al de Bolaños felicitándose a si mismo por la amnistía ilegal, pero no.
Lo hacían porque eran perversamente conscientes de que todas las puertas se les abrían con esa ‘llave‘.
Que cuando llamaban para pedir millones por su material chungo, al otro lado no escuchaban sus voces, sino la de Ábalos con el acento de Sánchez.
O sea, que si no eran oficialmente representantes del Gobierno Sánchez lo eran por la vía de los hechos consumados.
A la luz de lo que se va descubriendo, parece evidente que Koldo, a pesar de su amistad con Ábalos y de los piropos que le dedicaba Sánchez o de su conexión con Santos Cerdán, es una figura menor.
Estaban al tanto todos o por lo menos muchos de quienes ocupan ministerios del Gobierno Frankenstein.
Un ejemplo es Marlaska, quien nombró Agregado de Interior en Venezuela al comandante Rubén Villalba el 16 de octubre de 2023, cuando ya se sospechaba que el guardia civil actuaba como topo de la trama en la UCO.
En esta fecha, los mafiosos de la trama ya conocían las diligencias que se estaban practicando contra ellos y urdieron un plan para mover los bienes que tenían y los llegaron a ocultar hasta fuera de España.
En pleno escándalo por las adjudicaciones con mordidas , en el que se han constatado trasvases de dinero a paraísos fiscales, China, Miami y en especial República Dominicana, el Gobierno Frankenstein sigue sin justificar 39 vuelos del Falcon a la isla caribeña, donde hasta el socialista Pepe Bono tiene nacionalidad y Zapatero hace negocios.
Koldo, por ejemplo, recibía dinero en efectivo -pagos regulares en metálico y a través de su hermano- desde República Dominicana.
Víctor Aldama, que se habría beneficiado con 5,5 millones por los contratos de la pandemia, y José Ángel Escorial Senante, administrador de Soluciones de Gestión SL en la época del gran ‘latrocinio‘, firmaban de tal guisa en alguno de los contratos incorporados al sumario.
En uno de ‘colaboración‘ con una empresa holandesa, identificada como ‘agentes mercantiles de trading para el fabricante’, firmado el 24 de marzo de 2020, es decir, tres días después de que el Ministerio de Transportes acordase con Soluciones de Gestión la compra de ocho millones de mascarillas por 20 millones de euros, Aldama y Escorial Senante, dos figuras clave en la trama de corrupción socialista, aparecen identificados como ‘representantes del Gobierno de España‘ y firman el contrato como ‘compradores para el Gobierno de España‘.
Esta empresa se encargó de gestionar para Soluciones de Gestión el suministro de esas mascarillas procedentes directamente de fábrica para distribuirlas luego a los entes públicos.
Lo que parece obvio es que sus acuerdos con varios ministerios y gobiernos autonómicos del PSOE les confirieron un plus de fiabilidad del que se sirvieron a la hora de presentar sus servicios.
O, por decirlo de otro modo: los utilizaron de aval.
Decían ser ‘representantes del Gobierno de España‘ y, visto lo visto, no les faltaba razón, porque, salvo el Gobierno de Castilla-La Mancha, todo fueron facilidades por parte de las distintas administraciones del PSOE.
Soluciones de Gestión exhibió ante Sanidad en 2020 –para optar a una adjudicación para la compra de mascarillas– la ‘satisfacción‘ que plasmaron por escrito en certificados de garantía los organismos públicos a los que ya había suministrado material defectuoso: Puertos del Estado y ADIF, dependientes del Ministerio de Transportes, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, y el Servicio de Salud del Gobierno balear que entonces presidía Armengol.
Y ‘Chiqui’ Montero, desde el Ministerio de Hacienda, daba el visto bueno o hacia la vista gorda, cuando pasaban por su mesa los contratos.
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