¡La MAFIA se apodera del Sistema! ¡Urgen soluciones excepcionales!

En La Retaguardia de este martes 27 de Mayo, Eurico Campano analiza con el director de ElCatalan.es, Sergio Fidalgo, y Mario Garcés las maniobras del PSOE para intentar acabar con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por todas las investigaciones que lleva esta unidad sobre casos de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez.

El escándalo ha estallado tras la exclusiva publicada por El Confidencial, que revela cómo una persona vinculada al PSOE mantuvo reuniones con un empresario investigado por la justicia, al que solicitó información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO. Esta unidad lidera actualmente investigaciones sensibles que afectan tanto a la esposa del presidente, Begoña Gómez, como a su hermano, David Sánchez, además del conocido «caso Koldo«.

La trama al descubierto

La protagonista de los audios es María Leire Díez Castro, ex teniente de alcalde socialista y considerada por diversos medios como «fontanera» de Moncloa y del PSOE, aunque el partido ha negado categóricamente esta vinculación. Según las grabaciones, Díez Castro se reunió en febrero de 2025 con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado por un presunto fraude de hidrocarburos de 154 millones de euros, para solicitarle material comprometedor contra el mando de la UCO.

«Si Balas está muerto, mejor», llegó a afirmar la enviada socialista durante la conversación, sugiriendo que conseguir información dañina contra el teniente coronel podría traducirse en beneficios judiciales para el empresario. La operación, según se desprende de los audios, buscaba frenar las investigaciones que afectan al entorno más cercano del presidente del Gobierno.

En la videoconferencia, que tuvo lugar con Hamlyn conectado desde Dubai, Díez Castro estuvo acompañada por Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones y colaborador habitual de Ferraz, junto a varios abogados.

Reacción de las asociaciones de la Guardia Civil

La publicación de estos audios ha provocado una inmediata reacción por parte de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha expresado su «máxima preocupación» por lo que consideran maniobras en contra del jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO.

«La UCO representa una de las unidades más prestigiosas y eficaces en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, su independencia debe ser defendida sin ambigüedades», ha señalado IGC en un comunicado oficial. «Lamentamos profundamente que por parte de determinadas personas se pretenda interferir en las labores que realiza la UCO, una unidad que ha demostrado su excelencia profesional de forma independiente, imparcial y al margen de cualquier interferencia externa».

Por su parte, la asociación JUCIL ha vinculado estos intentos de desestabilización con las «purgas» de mandos de la Guardia Civil llevadas a cabo por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En concreto, han recordado la decisión de apartar como jefe de la UCO a Manuel Sánchez Corbí o a Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid, una decisión que posteriormente fue revocada por los tribunales. «Ahora vemos cómo se pretende apartar también al teniente coronel Antonio Balas», ha denunciado JUCIL.

La respuesta política

La oposición ha reaccionado con contundencia ante lo que consideran un escándalo de proporciones mayúsculas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado el episodio de «gravísimo» y ha acusado al Gobierno de «perseguir» a la UCO, llegando a comparar la situación con prácticas propias de una «organización criminal».

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha denunciado «las cloacas de Ferraz a pleno rendimiento para difamar a los guardias civiles que investigan su vertedero de corrupción». Mientras, VOX ha ido más allá y ha acusado directamente al PSOE de actuar como una «banda criminal», subrayando la gravedad de intentar desacreditar a una unidad clave en la lucha contra el crimen organizado.

José Antonio Fúster, portavoz nacional de VOX, calificó la operación del PSOE como una «maniobra vil» contra la justicia, preguntando públicamente por qué el partido gobernante buscaría «cargarse» a la UCO, una unidad fundamental contra el crimen organizado.

Un contexto de investigaciones sensibles

Este escándalo se produce en un momento especialmente delicado, cuando la UCO está llevando a cabo investigaciones que afectan directamente al entorno del presidente. Entre ellas destacan las pesquisas sobre Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y su hermano David Sánchez, así como el denominado «caso Koldo», que implica al exasesor del exministro José Luis Ábalos.

Según los informes de la UCO que han trascendido, estas investigaciones están encajando piezas de presunta corrupción en torno al círculo de confianza del presidente. Uno de los casos más controvertidos es el rescate de Air Europa, donde aparecen menciones a la esposa del presidente: «Hidalgo se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña».

Además, en el marco del «caso Koldo», una empresaria, Carmen Pano, aseguró en el Tribunal Supremo haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Estas declaraciones se suman a las del conseguidor Víctor de Aldama, quien afirmaba frecuentar Moncloa desde que en 2019 el presidente Pedro Sánchez «quiso conocerle».

La estrategia del «lawfare»

Según algunos analistas, esta operación para desacreditar a la UCO forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno, consistente en aplicar el relato del «lawfare» (guerra judicial) al ámbito policial. El objetivo sería deslegitimar no solo a jueces o fiscales críticos, sino también a las unidades policiales que investigan casos de corrupción vinculados al partido en el poder.

Tanto en Moncloa como en Ferraz se habría puesto en marcha una estrategia coordinada para construir un argumentario que identifique a la Unidad Central Operativa como parte de una supuesta «policía patriótica» con motivaciones políticas, buscando invalidar sus actuaciones y erosionar su credibilidad ante la opinión pública.

¿Qué pasará ahora?

El escándalo promete seguir creciendo en los próximos días, con la posible publicación de nuevos audios y la reacción de más actores políticos e institucionales. Las asociaciones de la Guardia Civil han mostrado su preocupación por lo que consideran un ataque directo a la independencia de una de las unidades más prestigiosas en la lucha contra la corrupción.

La oposición, por su parte, ya ha anunciado que llevará el caso al Parlamento y exigirá explicaciones al Gobierno. El PP ha solicitado la comparecencia urgente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique las presuntas maniobras para desestabilizar a la UCO.

Entre tanto, la UCO continúa con sus investigaciones sobre los casos que afectan al entorno del presidente, mientras crece la tensión entre el poder político y las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley.

Datos curiosos sobre la UCO

La Unidad Central Operativa (UCO) fue creada en 1987 como unidad especializada de la Guardia Civil para la investigación y persecución de la delincuencia grave, organizada y de carácter internacional. A lo largo de su historia, ha sido responsable de algunas de las operaciones más importantes contra la corrupción en España, como los casos Gürtel, Púnica, Lezo o Nóos.

La UCO está compuesta por unos 300 agentes altamente especializados, divididos en diferentes departamentos según su área de actuación: Delincuencia Económica, Delincuencia Organizada, Delincuencia Tecnológica, Delincuencia Especializada y Violenta, y Análisis Criminal.

El teniente coronel Antonio Balas, actual jefe del Departamento de Delincuencia Económica y objetivo de la presunta operación de descrédito, es considerado uno de los investigadores más brillantes de la unidad, con una trayectoria profesional intachable y reconocida eficacia en la lucha contra la corrupción.