Sánchez contra el Periodismo libre: multas millonarias, dictámenes y un Congreso ‘cheka’

El titular puede resultar engañoso, porque el Periodismo es libre o no es.

Los periodistas no tenemos un derecho específico, por encima del resto de los mortales; somos simples portadores del derecho que tienen los ciudadanos a estar informados, a saber qué hacen los políticos y en que gastan nuestros impuestos.

Y contra eso, precisamente, está el socialista Pedro Sánchez.

El marido de Begoña y su cuadrilla de maleantes, quieren y necesitan oscuridad y silencio.

En la España de 2025, las maniobras del Gobierno Frankenstein para redefinir los límites del periodismo independiente han desatado una tormenta en el tablero político y mediático.

Pedro Sánchez y su Ejecutivo han desempolvado la vieja Ley de Secretos Oficiales —esa reliquia franquista que pocos creían que vería un revival— para presentarla con un nuevo envoltorio: el anteproyecto de Ley de Información Clasificada.

El texto, lejos de pasar desapercibido, ha encendido todas las alarmas en la prensa, en el Parlamento Europeo e incluso entre los expertos constitucionalistas.

Mientras tanto, la vida parlamentaria se ha vuelto menos transparente: reglamentos internos del Congreso dificultan la labor de los periodistas críticos, y medios como Periodista Digital elevan la voz en Bruselas denunciando lo que consideran una deriva censora sin precedentes.

Entre multas millonarias, dictámenes críticos y nuevas fórmulas para acallar a la prensa, el periodismo español vive un momento crucial para su propia supervivencia.

Multas millonarias: ¿protección nacional o mordaza mediática?

El Gobierno ha propuesto sanciones administrativas que oscilan entre 30.000 euros y 2,5 millones para quienes difundan información catalogada como “secreto” o “alto secreto” por el Consejo de Ministros.

Una novedad sustancial respecto a la ley vigente desde 1968, que solo contemplaba castigos penales o disciplinarios, pero jamás multas directas a periodistas. Ahora cualquier persona —incluidos informadores y responsables de medios— puede ser objeto de estas sanciones si accede “fortuitamente” a información clasificada y decide publicarla.

El anteproyecto también matiza que el ejercicio del derecho a la información actuará como atenuante, pero no eximirá de castigo. En otras palabras: los jueces decidirán si un periodista debe pagar por publicar filtraciones incómodas.

El riesgo es evidente: con sanciones tan desorbitadas, el famoso chilling effect (“efecto desánimo”) puede convertirse en rutina en las redacciones españolas. Si publicar una exclusiva puede costar millones, no es difícil imaginar cómo se enfría la voluntad de investigar asuntos espinosos.

El dictamen del Consejo de Estado: advertencia sin veto

El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo en materias constitucionales, ha emitido un dictamen clave que no frena la ley pero sí pone el foco donde más duele al Ejecutivo. Aunque reconoce que la reforma es legal y necesaria para modernizar la protección de secretos oficiales —una demanda histórica del PNV, socio imprescindible para Sánchez— advierte que las sanciones propuestas pueden resultar “excesivamente elevadas”.

El dictamen señala varios puntos negros:

• Las multas pueden tener un efecto negativo sobre la libertad de información.
• El nuevo sistema sancionador administrativo no existía antes; pasamos del penal al económico sin transición.
• La clasificación debe ser excepcional, motivada y proporcional.
• La ley debe armonizarse con otros derechos fundamentales y tratados internacionales.

Es decir: el Consejo no tumba la ley, pero recomienda a Bolaños (ministro encargado) revisar aspectos clave antes de llevarla al Congreso. No es vinculante, pero sí tiene peso político y jurídico. Y añade una advertencia importante: proteger la seguridad nacional nunca debe convertirse en excusa para ocultar información relevante a la ciudadanía.

El Congreso cierra filas: reglamentos para silenciar a críticos

Mientras se debate la nueva ley, el propio Congreso de los Diputados ha reforzado su reglamento interno para restringir aún más el trabajo periodístico dentro del hemiciclo. Los periodistas críticos denuncian trabas crecientes para preguntar a diputados o acceder a zonas clave del Parlamento. Se habla ya abiertamente de una estrategia coordinada para dificultar la labor informativa incómoda al Gobierno.

Estas medidas han provocado protestas tanto dentro como fuera del Congreso:

• Algunos medios han visto restringidos sus pases o vetadas sus preguntas.
• Se han modificado horarios y recorridos habituales para limitar contactos entre prensa y políticos.
• La cobertura parlamentaria se resiente mientras crece el secretismo institucional.

No faltan quienes ven estas reformas como parte de un ecosistema más amplio que busca blindar al Ejecutivo frente al escrutinio público.

Periodista Digital lleva la denuncia a Europa

En este clima tenso, Periodista Digital ha decidido internacionalizar su protesta llevando ante el Parlamento Europeo una denuncia formal contra lo que considera prácticas sistemáticas de censura en España. Alegan que las nuevas leyes y reglamentos vulneran tratados europeos sobre libertad de expresión e información.

El caso ya circula entre eurodiputados preocupados por el giro autoritario en algunos países miembros. No sería raro ver próximamente preguntas formales en Bruselas pidiendo explicaciones al Gobierno español sobre sus políticas mediáticas.

Claves objetivas del debate actual

Para entender mejor lo que está en juego, conviene repasar algunos datos clave:

• El anteproyecto prevé multas sin precedentes para periodistas; hasta ahora no existía régimen administrativo sancionador en materia de secretos oficiales.
• El Consejo de Estado avala la legalidad pero pide rebajar las sanciones y proteger mejor la libertad informativa.
• La reforma responde también a presiones políticas internas (especialmente del PNV) e internacionales (armonización con estándares OTAN).
• Las asociaciones profesionales ven riesgo real para el periodismo independiente.
• La batalla política se traslada también al plano europeo.

Curiosidades y datos llamativos

• La actual Ley de Secretos Oficiales es tan antigua que fue aprobada cuando aún estaba vivo Franco (1968) y solo recibió un “lavado” menor en 1978.
• Si prospera el anteproyecto tal como está redactado, España tendría uno de los regímenes sancionadores más duros contra periodistas en Europa Occidental.
• Los plazos máximos para mantener secretos ciertos documentos podrían llegar hasta los 60 años.
• Algunos diputados aseguran —no sin sorna— que con tanta clasificación “ni los propios ministros sabrán ya qué pueden contar”.
• En plena era digital, los “pases” físicos al Congreso siguen siendo moneda de cambio política para premiar o castigar coberturas incómodas.

La cuestión sigue abierta: ¿serán suficientes las advertencias jurídicas y las denuncias europeas para frenar esta ola restrictiva? Mientras tanto, periodistas y ciudadanos asisten expectantes a un pulso inédito entre poder político e información libre.