Iglesias exige desde TVE que el Gobierno Sánchez «espose y encarcele» sin juicio a Losantos, Inda y Quiles

No les faltan ganas, sino fuerzas.

Y si en alguna ocasión la tuvieran, no duden ustedes que reimplantarían la cheka, el paseillo y la ejecución sumaria.

Como en el 36, pero en esta ocasión sin tener a los curas y obispos en la mira, porque esos están entregados, sino a los periodistas.

A los no adictos al régimen. Al sanchsita, se entienda.

Pablo Iglesias ha vuelto a recurrir a la plataforma que le brinda la televisión pública estatal para lanzar un ataque directo a la prensa libre.

En su participación en el programa Malas Lenguas, presentado por el bienpagado Jesús Cintora en TVE, el líder de Podemos ha tildado de «agresores fascistas» a periodistas como Federico Jiménez Losantos, Eduardo Inda o Vito Quiles, exigiendo al Gobierno Sánchez que «los espose y los encarcele».

Sin juicio previo ni zarandajas.

Estas declaraciones, que se han difundido rápidamente en redes sociales, marcan un aumento en la retórica del exmacho alfa podemita contra aquellos medios que no comparten su visión política.

Lo sorprendente no es solo lo que dice, sino el escenario en el que lo hace.

Iglesias aprovecha un espacio en un programa financiado por todos los ciudadanos para estigmatizar a periodistas independientes.

El programa Malas Lenguas ha suscitado controversia incluso dentro del Consejo de Informativos de TVE, debido a su evidente sesgo, favoreciendo constantemente al Gobierno socialcomunista de Sánchez y atacando al PP y VOX.

En este contexto, Iglesias usa esta privilegiada plataforma para hacer eco de sus críticas hacia la prensa libre, acusando a medios como Periodista Digital, Libertad Digital y OKDiario de «difundir masivamente el odio» y reclamando que se les retire la publicidad institucional que les corresponde según las leyes.

Una trayectoria marcada por la hostilidad hacia los medios

La postura de Iglesias sobre la libertad de prensa no es algo nuevo ni espontáneo.

Se inscribe dentro de una ideología que Podemos ha sostenido desde sus inicios: la creencia de que toda expresión social del poder, incluida la mediática, debe estar subordinada a lo que consideran «la soberanía del pueblo», que en términos prácticos equivale a seguir la agenda del Gobierno.

En una entrevista realizada en 2013, Iglesias fue especialmente claro: «Que existan medios privados ataca la libertad de expresión».

De esta afirmación se desprende con claridad que, para Podemos, proteger la libertad de expresión implica limitar los medios privados, una contradicción que pone al descubierto su verdadero enfoque sobre la comunicación.

El mismo Iglesias comentó en aquella ocasión que «el periodismo es un arma que vale para disparar, punto», dejando claro su punto de vista sobre la prensa como una herramienta al servicio de intereses políticos, no como un contrapoder independiente.

Incluso llegó a manifestar su deseo: «A mí me gustaría que un partido de izquierdas ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública».

En ese mismo marco, Iglesias citó como ejemplo en materia de libertad de prensa a Venezuela, donde la libertad de expresión ha sido continuamente socavada.

El financiamiento iraní y la contradicción moral

Las exigencias actuales de Iglesias adquieren un matiz aún más inquietante si se considera su historial.

El fundador de Podemos recibió financiación por parte del régimen opresor iraní mediante su productora, responsable del programa Fort Apache.

Según ha revelado Beatriz Talegón en el programa Horizonte de Cuatro, Iglesias obligaba a sus colaboradoras a vestirse ocultando brazos y escote al «machista gusto de los ayatolás iraníes», precisamente debido al dinero proporcionado por dicha dictadura para difundir ideas antisistema en España.

Mientras tanto, tanto Podemos como su entorno político permanecen callados ante la represión sufrida por las mujeres en Irán bajo el régimen teocrático.

Esta contradicción resulta clave para comprender el verdadero alcance de sus ataques recientes hacia los medios.

Iglesias, respaldado económicamente por uno de los regímenes más represivos del mundo, ahora demanda desde una plataforma pública que se encarcele a periodistas españoles sin juicio previo. No estamos ante un debate sobre ética periodística o calidad informativa; es una clara exigencia por parte del político hacia una represión abierta contra voces disidentes.

El contexto más amplio: Podemos y la represión mediática

Los escándalos relacionados con corrupción y abuso sexual dentro del propio Podemos han puesto al descubierto las inconsistencias del discurso del partido sobre defensa de derechos.

Por ejemplo, Íñigo Errejón enfrenta un juicio por acusaciones de acoso sexual, mientras que Juan Carlos Monedero fue suspendido como profesor en la Complutense tras ser señalado por haber acosado sexualmente a alumnas. Estos acontecimientos contrastan fuertemente con las pretensiones morales de Iglesias al solicitar penas contra periodistas que investigan estas conductas.

La relación entre Podemos y la libertad expresiva siempre ha sido complicada precisamente porque el partido tiene una visión absolutista sobre lo democrático.

Desde su óptica, cualquier manifestación social vinculada al poder económico o mediático debe estar bajo lo que ellos denominan «soberanía del pueblo», lo cual significa realmente someterse a su agenda política.

Si un periodista o medio se erige como contrapeso efectivo al poder político, entonces deben quedar subordinados a los dictados del Ejecutivo según esta lógica. Argumentan que los medios no han sido elegidos por los ciudadanos mientras el Ejecutivo sí lo ha sido; por tanto, deben acatar.

Las demandas de Iglesias en redes sociales

En sus intervenciones en redes sociales, Iglesias ha ido aún más lejos. Ha afirmado que «Vito Quiles, Ndongo, Inda o Losantos no son reporteros incisivos ni periodistas; son agresores fascistas que deberían estar tras las rejas». Además, reclama que varios medios incómodos sean despojados de publicidad institucional. Simultáneamente solicita «que el Gobierno dé las órdenes necesarias para ponerles las esposas» a estos comunicadores.

Estas afirmaciones no son simples opiniones políticas; constituyen un llamado directo a reprimir estatalmente a ciudadanos ejercitando su derecho básico a expresar sus ideas. Que esto ocurra desde una plataforma financiada con dinero público amplifica su gravedad y revela una realidad inquietante: el uso institucional para atacar a quienes defienden una prensa libre.

El silencio cómplice

Lo más alarmante es que estas declaraciones se producen con el aparente consentimiento del Ejecutivo socialcomunista liderado por Sánchez, según afirman diversas fuentes consultadas. Este Gobierno apoya económicamente a periodistas afines como el propio Cintora, quien permite al fundador de Podemos realizar estos ataques contra la libertad periodística desde su programa. Mientras tanto, organizaciones defensoras del periodismo han presentado denuncias ante el Parlamento Europeo, alertando sobre lo que consideran una tendencia creciente hacia limitar las labores informativas críticas en nuestro país.

La libertad periodística no es simplemente otro derecho dentro del catálogo fundamental; es clave para garantizar todos los demás derechos esenciales. Sin una prensa libre dispuesta a investigar y denunciar abusos o decisiones equivocadas desde el poder político, nuestra democracia queda debilitada. Los ciudadanos pierden así su capacidad para tomar decisiones bien fundamentadas mientras los gobiernos actúan sin temor al escrutinio público.

Las palabras pronunciadas por Iglesias desde TVE representan un ataque directo a este principio democrático esencial. No son solo controversiales; son una petición explícita para ejercer represión estatal contra quienes ejercen su labor profesional con autonomía.

En estos momentos cruciales, mantener vivo el periodismo capaz de investigar sin miedo a represalias económicas o legales se convierte en uno de los indicadores más fiables sobre cómo está nuestra democracia.