Aquel 5 de agosto en que 33 hombres cayeron enterrados bajo 700 metros de mineral, sus familiares continuaron sus vidas como si no pasara nada. Eran las dos de la tarde. A las tres, a las cuatro, a las cinco y a las seis, los 150.000 habitantes de la ciudad norteña de Copiapó seguían con su rutina. Los dos dueños de las minas habían optado por no avisar a nadie, ni siquiera al Gobierno. Mientras tanto, abajo, el polvo cegaba a los mineros, según explicaría 17 días después Yonny Barrios a su familia. Y no había por dónde salir. «Se me cayó el alma cuando nos explicaba que salieron corriendo hacia la chimenea para subir por ella, pero no había escalera», comenta su hermana Zuleyma Barrios. «¿Cuánto pudo haber costado esa escalera? ¿500 dólares? Eso habría costado las vidas de 33 personas», explicaba el abogado Eduardo Reinoso a las 27 familias que han presentado una querella contra los dueños de Minera San Esteban.
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