Pánico en Moncloa: el juez Peinado sacude al Gobierno Sánchez al pedir la imputación de Félix Bolaños

La mañana del 24 de junio de 2025 comenzó con sobresaltos en los pasillos de La Moncloa. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha decidido elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando la imputación de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por presuntos delitos de malversación y falso testimonio. ¿El detonante? Las ramificaciones judiciales del llamado caso Begoña Gómez, que ya lleva meses erosionando la imagen del Ejecutivo y ahora amenaza con convertirse en un verdadero terremoto institucional.

El epicentro del escándalo es la contratación de Cristina Álvarez, asesora adscrita a Moncloa y mano derecha de Begoña Gómez —esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— durante el periodo investigado. Según el juez, existen indicios sólidos de que Álvarez ejerció labores estrictamente privadas relacionadas con la cátedra universitaria que codirigía Gómez en la Universidad Complutense, usando recursos públicos para actividades no institucionales. Todo ello mientras percibía un sueldo pagado por el erario.

Los detalles que arrinconan a Bolaños

La instrucción judicial ha sido minuciosa. El pasado abril, Félix Bolaños fue citado como testigo para esclarecer su papel en la contratación de Álvarez, ya que ocupaba entonces el cargo de secretario general de Presidencia. Durante un tenso interrogatorio, el magistrado Peinado preguntó repetidamente al ministro si había visto juntas a Gómez y su asistente en Moncloa o en la Universidad Complutense. Las evasivas y sonrisas sorprendidas del ministro no hicieron sino tensar más el ambiente: “Me está resultando muy sorprendente su interrogatorio”, llegó a decir Bolaños, ante lo cual Peinado replicó: “Será porque usted no está habituado a un interrogatorio judicial”.

El juez sostiene que Bolaños incurrió en “reticencias maliciosas” y no respondió con veracidad sobre quién ordenó realmente el fichaje de Cristina Álvarez. Incluso suspendió el interrogatorio durante 40 minutos para que el ministro recabara información sobre el asunto. Raúl Díaz Silva, jefe de Protocolo de Moncloa, también fue llamado a declarar, pero tampoco pudo aclarar quién dio luz verde al nombramiento. Así, Peinado atribuye ahora indiciariamente un delito de falso testimonio al ministro.

Claves jurídicas y políticas

• Delitos investigados: Malversación (por presunto uso fraudulento de fondos públicos) y falso testimonio (por presunta ocultación deliberada de información relevante bajo juramento).
• Ámbito competencial: Dado que Bolaños es aforado, corresponde al Tribunal Supremo decidir si procede abrir causa formal contra él.
• Contexto político: La solicitud llega en pleno desgaste gubernamental por otros frentes judiciales abiertos contra personas próximas al presidente Sánchez.

El efecto dominó: Moncloa en estado de alerta

La noticia se ha propagado como la pólvora entre los miembros del Ejecutivo y los partidos políticos. Si bien desde el entorno socialista se insiste en la legalidad del procedimiento (“Es normal que la esposa del presidente cuente con asistencia”, defendió Bolaños), la oposición ha encontrado munición inmejorable para exigir explicaciones públicas e incluso dimisiones inmediatas.

No se trata solo del futuro judicial de un ministro clave como Félix Bolaños —considerado uno de los principales escuderos políticos y jurídicos del presidente— sino también del impacto reputacional para Begoña Gómez y por extensión para Pedro Sánchez. El caso reabre debates sobre los límites éticos y legales entre lo público y lo privado dentro del Gobierno central.

¿Qué puede pasar ahora?

• Si el Supremo acepta la exposición razonada, Bolaños podría ser formalmente investigado e incluso citado como imputado.
• Una eventual imputación pondría aún más contra las cuerdas al Ejecutivo, ya lastrado por otras polémicas recientes.
• El desenlace judicial podría marcar un antes y un después en los equilibrios internos tanto dentro del PSOE como entre los socios parlamentarios.