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El Gobierno de Pedro Sánchez ha cruzado una línea roja que pocos esperaban: amenazar abiertamente con aplicar el artículo 155 de la Constitución contra la Comunidad de Madrid, la región más próspera y que más crece de España, gobernada por Isabel Díaz Ayuso.
La bomba la lanzó el 4 de febrero de 2026 la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista en TVE:
A mí me encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid, que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado como para hacerlo.
Es decir, si el PSOE controlara la Cámara Alta, hoy en manos del PP, Sánchez ya habría suspendido la autonomía madrileña para imponer por la fuerza los topes al alquiler y otras medidas de la polémica Ley de Vivienda que Ayuso rechaza tajantemente por considerarlas intervencionistas y destructivas para el mercado.
La declaración no es un lapsus ni una boutade: Rodríguez lo dijo con todas las letras, lamentando no tener los votos necesarios en el Senado para activar el mecanismo más grave de la Constitución española, utilizado únicamente en 2017 contra el procés catalán. Ahora, el Gobierno lo agita contra Madrid por no plegarse a su agenda ideológica en vivienda.
La respuesta del Gobierno de Ayuso no se hizo esperar y fue demoledora. El portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, cargó con dureza:
Como no nos ganan en las urnas, buscan siempre cualquier excusa para tratar de echarnos y para tratar de meternos, si pudieran, en la cárcel. Pero en la cárcel están ellos.
García Martín también acusó a la ministra de «acoplarse» a actos y promociones de vivienda promovidas por la Comunidad de Madrid, mientras el Gobierno central no cumple su promesa de 180.000 viviendas públicas. «Es una estafa», remató.
El choque entre Moncloa y Sol se enmarca en una guerra abierta por la vivienda: Ayuso defiende el modelo liberal que ha convertido Madrid en imán de inversión y población, mientras Sánchez y sus socios pretenden imponer controles de precios que, según expertos y el propio Ejecutivo madrileño, ahuyentan oferta y disparan la clandestinidad.
Desde el PP ya hablan de «ataque frontal a la autonomía» y exigen explicaciones urgentes de Pedro Sánchez en el Congreso. ¿Es esto el principio de una ofensiva para doblegar a la principal comunidad opositora? ¿O solo un globo sonda para medir hasta dónde puede llegar el sanchismo sin consecuencias?
Lo que está claro es que el Gobierno no soporta que Madrid funcione con un modelo distinto, que atraiga empresas, empleo y habitantes mientras otras regiones pierden fuelle. Y para impedirlo, no dudan en blandir el artículo 155 como garrote.
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