La alcaldesa de Alcalá de Henares (PP) manda a esparragar en directo a Ramón Espinar por politizar la inmigración ilegal

En la siempre inquieta Alcalá de Henares (Madrid), donde los ecos del Siglo de Oro conviven con los retos contemporáneos, una nueva polémica ha puesto a la ciudad en el centro del debate nacional.

Esta vez, el enfrentamiento ha sido entre Judith Piquet, alcaldesa popular, y Ramón Espinar, conocido tertuliano y expolítico, en torno a la inmigración y el delicado asunto del centro de acogida de menores extranjeros no acompañados ubicado en el municipio.

Todo estalló tras la detención de un joven maliense residente en dicho centro por la brutal agresión sexual a una vecina de la localidad. El caso, tan grave como mediático, ha desatado una tormenta política y social: desde manifestaciones ultras con consignas xenófobas hasta reproches cruzados entre partidos y líderes locales, pasando por peticiones vecinales de mayor seguridad.

El debate más sonado se ha producido en el plató de ‘En boca de todos’ (Cuatro). Allí, Espinar acusó a Piquet de inacción y oportunismo político:

Usted tendrá que hacer algo desde su gobierno para resolver la situación, aparte de sacar rédito político.

La respuesta de la regidora de Alcalá de Henares no tardó en llegar. Con gesto firme, Judith Piquet recalcó que las competencias dentro del centro son exclusivas del Gobierno central:

Como alcaldesa soy la voz de los vecinos. No me pongo detrás de ninguna pancarta y le pido responsabilidades y medidas al delegado del Gobierno. No juegues al despiste con la audiencia, no juegues a la trampa.

El cruce entre ambos no es solo un ejemplo más del desgaste institucional entre administraciones; ilustra también cómo la cuestión migratoria se ha convertido en munición política. El caso concreto del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) ha reabierto viejas heridas: ¿de quién es realmente la responsabilidad? ¿Puede el Ayuntamiento hacer más allá de exigir medidas al Ejecutivo nacional?

Por un lado, Espinar insistió en que «el Ayuntamiento deberá hacer algo más que vehicular la protesta para sacar rédito político», reclamando programas reales de integración para evitar que los menores queden «hacinados» o sin oportunidades.

Por otro, Piquet recordó su papel limitado ante las competencias estatales y puso el acento en los 200.000 alcalaínos «de los que preocuparse», dando a entender que los recursos municipales no son infinitos ni pueden suplir las carencias estructurales del sistema nacional.