La paradoja de a mayor paro mayor peso del sector público y, consecuentemente, mayor número de de funcionarios y la inversa —más empleo menos trabajadores públicos— se constata analizando los datos de la Encuesta del Población Activa (EPA), del Padrón y del Boletín Estadístico de Empleados Públicos que elabora el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), según informa Enrique Morales en La Gaceta.
Exceptuando Ceuta y Melilla, con porcentajes de paro y empleo público incomparables con el resto de los territorios, y la Comunidad de Madrid, donde se centralizan los ministerios, la mayoría de las autonomías que superan la tasa media de paro, más del 10%, también superan los 57 funcionarios por cada mil habitantes, que es la media nacional. En los extremos, están Cataluña, con apenas 40 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, y Extremadura, con apenas 85.
La realidad laboral creada en torno al sector público en comunidades como Andalucía—región en la que trabajan medio millón de funcionarios, el 25% del total— y Extremadura, en las que el Partido Socialista gobierna desde 1978 y 1982, respectivamente, ha servido como argumento a los nacionalistas catalanes para defender su modelo de financiación exclusivo y atacar a las autonomías menos ricas que se oponen a él.
Apoyado en un reciente informe de la patronal catalana Fomento del Trabajo, el responsable de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat de Cataluña, Josep Huguet, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha denunciado la excesiva burocracia en algunas comunidades, como Extremadura, y el mal uso que del dinero catalán hacen algunas regiones.
Según Fomento del Trabajo, para igualar la proporción de funcionarios extremeños, Cataluña debería crear más de 120.000 empleos públicos.
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