Génova impone a sus barones la abstención en la reforma de la financiación

(PD).- Rajoy ha ordenado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que se abstengan en la votación que esta tarde aprobará el nuevo modelo de financiación autonómica. Rajoy ha ordenado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que se abstengan en la votación que aprobará el nuevo modelo de financiación autonómica. La estrategia del PP es llevarse su porción del pastel pero a la vez manifestar su descontento sin fisuras que puedan rentabilizar los socialistas.

El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, ha confirmado la instrucción de Génova y, pese a la abstención, ha afirmado que las autonomías gobernadas por su partido mantienen su oposición a este modelo porque «es perjudicial para toda España».

Por su parte las comunidades dirigidas por el PSOE han acordado respaldar el sistema, según ha anunciado el consejero asturiano, Jaime Rabanal.

Pasadas las 16.30 horas ha comenzado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que aprobará la propuesta del Gobierno pese a esa abstención de las comunidades gobernadas por el PP por mayoría absoluta.

El encuentro lo preside la vicepresidenta económica, Elena Salgado, quien ya ha anunciado que el nuevo modelo contempla 11.000 millones de euros más para su puesta en marcha y que la financiación per cápita se iguala entre las comunidades.

El nuevo modelo será aprobado, porque si no es ratificado en la primera votación, lo hará en la segunda, donde con que una comunidad apoye la propuesta cuenta con luz verde, dada la composición del CPFF: 19 miembros del Gobierno y 19 de los Gobiernos autonómicos.

Una vez ratificado el nuevo sistema por el CPFF, el Gobierno remitirá a las Cortes la reforma de la ley de financiación de las comunidades autónomas, que deberá ser refrendada por el Parlamento, donde no se esperan sorpresas, dado que además del apoyo del PSOE, contará con el voto favorable de, como mínimo, ERC e IU-ICV. Posteriormente, será discutido por las comisiones de transferencias de las distintas CCAA.

El pasado domingo, la ministra de Economía presentó públicamente el nuevo sistema de financiación y se lo remitió a las comunidades autónomas, tras más de 100 entrevistas con los diferentes representantes de los gobiernos regionales.

La nueva financiación, que entrará en vigor desde 1 de enero de 2009 y se aplicará de forma gradual hasta 2012, aportará recursos adicionales «ligeramente superiores» a los 11.000 millones de euros y permitirá, según el Gobierno, el acercamiento de todas las comunidades autónomas a la media de financiación per cápita.

El modelo, que se actualizará anualmente para reflejar los cambios de la población y su distribución, incorpora mayor corresponsabilidad fiscal al ceder el 50% del IVA y del IRPF y el 58% de los Impuestos Especiales, y pondera distintas variables como la dispersión, el envejecimiento, la insularidad, la superficie o la población en edad escolar. Asimismo, se incluyen los criterios de densidad y bilingüismo a la hora de ponderar la asignación de recursos.

El nuevo modelo garantiza la prestación de los servicios públicos, puesto que dedicará el 80% del total de los recursos a la financiación de los mismos a través del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. En concreto, esta «bolsa común» contará con el 75% de lo recaudado por cada comunidad autónoma a la que se sumará una aportación del Estado equivalente al 5%.

Asimismo, el nuevo modelo contempla la instauración de un Fondo de Suficiencia Global, íntegramente financiado por el Estado, que pretende complementar los recursos tributarios no integrados en la garantía de servicios públicos fundamentales y que permite incluir competencias no homogéneas.

Por otro lado, el Estado aportará nuevos recursos para la constitución de un Fondo de Competitividad y un Fondo de Cooperación para facilitar la convergencia en los niveles de renta de los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia y cuyos recursos se distribuirán entre las CC.AA. con menor renta per cápita o que registren una dinámica poblacional especialmente negativa.