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Movilización inédita ante el Tribunal Supremo

Multitudinaria manifestación de jueces y fiscales, contra la cacicada judicial que alista el Gobierno Sánchez

Se concentran en Madrid para denunciar el riesgo de injerencia política y rechazar la reforma impulsada por Bolaños

Mario Lima 28 Jun 2025 - 14:54 CET
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Cientos, miles.

Bajo un calor infermal, pero firmes y decididos.

No es habitual ver a jueces y fiscales, acostumbrados a la sobriedad del estrado, cambiando el mazo por la pancarta.

Pero este sábado, 28 de junio de 2025, Madrid ha sido testigo de una imagen insólita: miles de miembros de la judicatura y la fiscalía —arropados por numerosos ciudadanos— abarrotaron la entrada del Tribunal Supremo para exigir el fin de lo que denominan “injerencia política” y defender con uñas y dientes la separación de poderes.

El epicentro: una protesta organizada por las cinco asociaciones mayoritarias del sector, que ha abierto la puerta a una huelga prevista para los días 1, 2 y 3 de julio.

El ambiente era de preocupación institucional, pero no faltó algún toque irónico en los corrillos togados: “¿Quién vigila a los vigilantes?”, preguntaba un juez veterano mientras ondeaba una pequeña bandera constitucional.

El lema de la jornada lo decía todo:

“Sin Estado de derecho no hay democracia”.

https://twitter.com/fdezordonez/status/1938907554765066720

¿Por qué protestan jueces y fiscales?

La chispa que ha encendido esta movilización ha sido doble:

Las asociaciones denuncian que estas reformas legislativas “comprometen gravemente” la independencia judicial, la autonomía del Ministerio Fiscal y suponen un ataque directo a la separación de poderes. En palabras del manifiesto leído durante la concentración: “La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía para todos”.

Bolaños dice “ni una sola línea”: ¿convencen sus argumentos?

El ministro Félix Bolaños ha defendido ante los medios que “ni una sola línea” de su reforma afecta a la independencia judicial ni al Estado de derecho. Insiste en que las críticas son “infundadas” y pide respeto para el poder legislativo, equiparando esta polémica reforma con otras históricas como el matrimonio igualitario —de esas que primero escandalizan y luego normalizan—.

Entre sus principales mensajes:

Sin embargo, quienes portaban hoy toga en vez de birrete no parecen convencidos. Alertan de que las reformas abren vías para colar a perfiles afines en la carrera judicial —por ejemplo, facilitando el acceso mediante sistemas menos objetivos— e incrementan notablemente el riesgo de injerencias políticas.

Las advertencias togadas: peligro real para el sistema

Según las asociaciones convocantes —APM, AJFV, FJI, AF y APIF— hay motivos serios para encender todas las alarmas institucionales:

Todo ello bajo una tramitación acelerada (por procedimiento urgente), sin debate suficiente ni demanda social clara. Por si fuera poco, desde el CGPJ se recuerda que el ejercicio del derecho a huelga por parte de jueces carece hoy de soporte normativo expreso; algo que no impide que las asociaciones mantengan su pulso institucional.

“Saquen sus manos del Poder Judicial”: ecos históricos

Entre aplausos y cánticos nada habituales en estos gremios (“¡Saquen sus manos del Poder Judicial!”), los manifestantes recordaron que la Constitución Española garantiza un Estado basado en el imperio de la ley y una Justicia independiente. La confianza ciudadana —alertan— está en juego si se percibe cualquier atisbo de control político sobre jueces o fiscales.

En el acto tomaron la palabra varias voces destacadas:

Todos ellos coincidieron en señalar que su protesta no va dirigida contra ningún gobierno concreto ni contra el poder legislativo; es una defensa estricta del Poder Judicial como garantía última para todos los ciudadanos.

¿Y ahora qué? Huelga inédita e incógnitas legales

La movilización marca solo el inicio. La semana próxima está prevista una huelga nacional inédita en la historia reciente española: tres días consecutivos sin actividad ordinaria en juzgados ni fiscalías. El Consejo General del Poder Judicial insiste en que carece hoy por hoy de competencia para fijar servicios mínimos o sancionar paros togados; desde 2009 nunca se han impuesto castigos por situaciones similares.

Por su parte, la Fiscalía solo pide asegurar aquellas actuaciones cuya suspensión pueda causar perjuicios directos a los derechos ciudadanos.

Curiosidades togadas

Por lo pronto, España asiste a un pulso institucional sin precedentes entre Gobierno y Poder Judicial. Y como diría cualquier juez tras deliberar: visto para sentencia… aunque esta vez será el ciudadano quien juzgue.

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