La Comisión Europea alerta del ‘alto riesgo de corrupción’ en la contratación pública y financiación de partidos en la España de Sánchez

Empiezan en Bruselas a enterarse de que va la cosa.

La Comisión Europea ha lanzado un mensaje claro y directo al Gobierno Sánchez: existe un alto riesgo de corrupción en sectores clave como la contratación pública, los contratos de servicios, los proyectos de infraestructuras y, especialmente, en la financiación de partidos políticos.

Esta advertencia llega en plena tormenta política por las investigaciones judiciales que rodean al ejecutivo y a figuras destacadas del PSOE, como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, este último en prisión provisional.

El informe anual sobre el Estado de derecho, publicado el 8 de julio, subraya que la percepción ciudadana y empresarial sobre la corrupción ha crecido significativamente durante el mandato del marido de Begoña.

De hecho, el 40% de las empresas españolas encuestadas asegura que la corrupción les ha impedido acceder a licitaciones públicas en los últimos tres años.

Este dato contrasta con el 21% registrado el año anterior y casi duplica la media europea, situada en el 25%.

Contratación pública bajo sospecha

El sistema español de adjudicación de contratos públicos se encuentra especialmente señalado. Los motivos principales de queja por parte de las empresas son:

• Supuestas irregularidades en las adjudicaciones.
• Prácticas corruptas.
• Problemas durante la ejecución del contrato.
• Incidencias con el uso y gestión de la subcontratación.

Estas preocupaciones coinciden con recientes escándalos que afectan directamente al entorno del Gobierno, como el conocido «caso Koldo», que implica a colaboradores cercanos del exministro Ábalos y a altos cargos del PSOE. El informe europeo también resalta cómo el porcentaje de ofertas individuales en licitaciones públicas españolas supera la media europea, lo que podría indicar menor competencia real y mayor riesgo de prácticas opacas.

Financiación política: un área sin reformas efectivas

La financiación de partidos políticos sigue siendo uno de los puntos más vulnerables al fraude y a la corrupción institucional. Bruselas reprocha abiertamente que no se hayan adoptado medidas para reformar la legislación electoral conforme a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Además, se critica la ausencia total de una estrategia nacional anticorrupción, comprometida por ley desde 2024 pero aún sin avances reales.

Mientras tanto, se mantiene viva la polémica por los indicios e investigaciones sobre financiación irregular dentro del PSOE (PSE) y otras formaciones políticas. Estos indicios refuerzan la percepción social negativa sobre la limpieza del sistema democrático español.

Percepción social y empresarial: cifras alarmantes

El Eurobarómetro Especial sobre Corrupción revela que un 89% de los españoles considera extendida la corrupción en su país, frente al 69% en promedio europeo. El Índice de Percepción de Corrupción sitúa a España en el puesto 16 entre los 27 países miembros de la UE, con una nota media (56/100), pero con una tendencia claramente negativa respecto a años anteriores.

Tabla comparativa:

Estos datos reflejan un ambiente generalizado de desconfianza hacia las instituciones públicas y los mecanismos de control.

Recomendaciones europeas y tímidos avances

La Comisión Europea reconoce algunos avances recientes: asignación adicional de recursos para luchar contra la corrupción, tímidas reformas legislativas —como la preparación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal— o intentos para desvincular el mandato del Fiscal General del Estado del ciclo político legislativo. Sin embargo, Bruselas insiste en que estos pasos son insuficientes sin una estrategia nacional clara ni reformas integrales.

Entre las recomendaciones destacadas se encuentran:

• Agilizar investigaciones y procesos judiciales relacionados con corrupción.
• Fortalecer las normas sobre conflictos de intereses.
• Mejorar los sistemas para declarar patrimonios y bienes.
• Otorgar mayor independencia a órganos como la Oficina de Conflictos de Intereses.
• Impulsar reformas pendientes del CGPJ para reforzar la confianza institucional.

El contexto político: crisis interna y presión internacional

Todo este panorama se produce mientras el Gobierno afronta una crisis interna sin precedentes, marcada por investigaciones judiciales a miembros relevantes del Ejecutivo socialista. Los casos mediáticos —como “Koldo” o “Cerdán”— han contribuido a aumentar tanto la presión social como mediática sobre la necesidad urgente de reformas estructurales.

A nivel europeo, España es observada con creciente preocupación. La falta de acción decidida frente a los riesgos señalados puede afectar tanto su imagen como su capacidad para acceder a fondos europeos o influir en decisiones comunitarias clave.

Un reto pendiente para el futuro inmediato

El informe europeo no sólo es un aviso a navegantes para el Gobierno actual, sino también un toque de atención para toda la clase política española. El riesgo sistémico detectado exige respuestas valientes y coordinadas. La transparencia real y el fortalecimiento institucional serán esenciales si España quiere recuperar la confianza ciudadana y empresarial perdida durante estos años.

La sociedad española observa con escepticismo cómo los grandes casos siguen copando titulares mientras las soluciones parecen demorarse eternamente. Bruselas ha dejado claro que ya no basta con promesas o declaraciones: es imprescindible actuar con hechos concretos si se quiere evitar que estos riesgos se conviertan en problemas estructurales imposibles de revertir.