Nuevo ataque del PSOE a la libertad de prensa en el Congreso: Bastará el testimonio de un jefe de prensa para sancionar a un periodista

La política española nunca deja de sorprender, y menos aún cuando se trata de los delicados equilibrios entre poder y libertad de prensa.

El PSOE, junto a sus socios habituales —Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG—, ha impulsado una reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados que ha incendiado el debate político y periodístico.

En medio del calor estival y la tradicional calma chicha parlamentaria, la noticia ha sacudido las redacciones: bastará el testimonio de un jefe de prensa para que un periodista pueda ser sancionado en la Cámara Baja, tal y como cuenta Paloma Cervilla en ‘The Objective‘.

El 22 de julio de 2025 próximo se prevé la aprobación definitiva en Pleno, pero la polémica ya está servida. El argumento esgrimido por los impulsores es claro: evitar que “pseudoperiodistas” —término que ya anticipa juicios de valor— entorpezcan tanto la labor parlamentaria como la de sus propios colegas de prensa. Sin embargo, voces críticas alertan sobre el riesgo de convertir el Congreso en un “laboratorio de cancelación y censura”, como ha calificado la popular Carmen Navarro.

Y en Periodista Digital hemos tomado medidas al respecto para evitar esta cacicada que pretenden perpetrar Patxi López y sus secuaces.

Prensa bajo sospecha: ¿garantía o mordaza?

En esencia, la reforma permitirá sancionar a periodistas acreditados si se considera que obstaculizan el trabajo en el recinto parlamentario. El detonante podrá ser una denuncia formalizada por un jefe de prensa, lo cual ha generado preocupación por la posible arbitrariedad del proceso.

• Las sanciones podrán ir desde suspensiones temporales hasta la retirada de acreditaciones.
• Se han delimitado claramente las zonas del Congreso donde estas sanciones pueden aplicarse.
• El periodo máximo de suspensión por infracciones muy graves se reduce a tres años (antes eran cinco), con prescripciones específicas: seis meses para las muy graves, tres para las graves y un mes para las leves.
• La reforma incorpora algunas recomendaciones jurídicas para evitar inseguridad legal, aunque los letrados del Congreso advirtieron expresamente sobre riesgos para la libertad de información y pidieron garantías adicionales.

En pleno debate, el bloque liderado por el PSOE sostiene que esta medida responde a una demanda legítima de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Defienden que no afecta negativamente al derecho a informar, sino que regula conductas disruptivas. Desde Sumar han ido más allá, sugiriendo que quizás PP y VOX se oponen porque “no les afecta la actuación de estos escuadristas”.

La oposición se moviliza: censura, inseguridad jurídica y crítica democrática

La reacción del PP, VOX y UPN no se ha hecho esperar. Consideran que es una herramienta punitiva contra medios incómodos al poder, una “voluntad política de castigar al discrepante y amedrentar a la prensa incómoda”. VOX lo ha calificado sin tapujos como “atropello democrático y constitucional”, mientras Unión del Pueblo Navarro habla directamente de “sanciones arbitrarias”.

El contexto no ayuda: España vive una etapa donde las acusaciones cruzadas sobre bulos e intoxicaciones informativas están a la orden del día. El propio Gobierno ha justificado esta reforma como parte de su plan contra los bulos mediáticos —ese mantra moderno llamado “regeneración democrática”—.

PSOE, PNV y BNG: aliados en la polémica

Especial mención merecen PNV y BNG, cuyo apoyo ha sido clave para sacar adelante la reforma en Comisión. Ambos partidos mantienen una relación ambivalente con determinados medios estatales —no exenta de tensiones históricas— y han optado por alinearse con el bloque progresista. La incógnita es cómo afectará esta medida a los corresponsales autonómicos o medios críticos con el centralismo madrileño.

En contraste, periodistas experimentados advierten: si un jefe de prensa puede activar un procedimiento sancionador sin garantías reforzadas, se abre la puerta al uso político e interesado de esta herramienta.

Consecuencias potenciales: entre la autorregulación y el recelo

El nuevo régimen plantea varias incertidumbres prácticas:

• ¿Se incrementará la autocensura entre periodistas temerosos de perder su acreditación?
• ¿Podrá un jefe de prensa influir excesivamente según las directrices políticas del grupo parlamentario?
• ¿Qué mecanismos reales existen para recurrir o contrarrestar posibles abusos?

Por ahora, las asociaciones profesionales llaman a observar con lupa cómo se implementa esta reforma; no hay precedentes similares recientes en otros parlamentos europeos.

Curiosidades y datos llamativos

• El término “pseudoperiodista”, usado oficialmente en documentos internos, ha levantado ampollas entre redactores veteranos.
• La Asociación de Periodistas Parlamentarios había pedido normas claras ante altercados recientes, pero nunca llegó a solicitar que bastara solo el testimonio del jefe de prensa.
• En 2024 hubo hasta cuatro incidentes públicos entre diputados y reporteros durante ruedas informativas; ninguno derivó en sanción formal.
• Las infracciones muy graves prescribirán en solo seis meses —un plazo inusualmente breve comparado con otras sanciones administrativas en España—.
• Algunos cronistas ya bromean: “Ahora si preguntamos demasiado fuerte, nos mandan al rincón… ¡del patio del Congreso!”

El debate sigue abierto. Como siempre ocurre cuando se tocan libertades fundamentales, cada pequeño cambio puede tener consecuencias imprevisibles. Y en este caso, hasta los pasillos del Congreso parecen estar atentos… por si acaso alguien toma nota demasiado rápido.