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Son un calco.
Dos versiones del mismo negocio, con leves diferencias políticas y el mismo objetivo: forrarse aprovechando sus contactos, agendas y miserias.
las suyas y las de quiene4s desde el poder les abren puertas, facilitan contratos y ayudan.
En los pasillos de Congreso y Senado, el nombre de José Blanco —más conocido como Pepiño— resuena con fuerza.
Exministro de Fomento en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, secretario de Organización del PSOE y después eurodiputado, hoy es el rostro visible de una de las consultoras de lobby más activas y exitosas del país: Acento Public Affairs.
Junto a él, otro exministro, Alfonso Alonso (PP), lidera un equipo que ha logrado récords de facturación y beneficios, mientras su actividad —y la de otras figuras políticas reconvertidas en lobistas— reabre el debate sobre la influencia real que ejercen estos grupos en las instituciones españolas.
En 2024, Acento alcanzó los 9,6 millones de euros en facturación, con un beneficio neto superior a los 2 millones.
El crecimiento es notable: un 22% más que el año anterior.
Su plantilla también se ha incrementado, rozando los 40 profesionales, y la firma ya mira hacia Latinoamérica para expandir su negocio tras consolidarse en Bruselas y Madrid.
La presión legislativa: cambios normativos al servicio del cliente
La especialidad de Acento no solo es asesorar a grandes empresas en sectores estratégicos como energía, sanidad o infraestructuras; también es lograr que se modifiquen normas o se impulsen enmiendas favorables a sus intereses. Un caso paradigmático fue la maniobra con los arrendatarios de tiendas en aeropuertos: Acento logró que se aprobara una enmienda que supuso una pérdida de 1.500 millones para Aena al eliminar la Renta Mínima Anual Garantizada durante la pandemia.
Este movimiento generó un enorme malestar interno en la empresa pública y evidenció el peso real del lobby ante las Comisiones parlamentarias.
No es un caso aislado. La consultora tiene entre sus clientes a grandes multinacionales como Novartis, Huawei, Mediapro, firmas del sector sanitario y compañías energéticas internacionales. En todos estos ámbitos, su labor se traduce en lograr ventajas competitivas a través del cambio o interpretación favorable de normativas clave.
De Montoro a Blanco: la puerta giratoria que nunca se detiene
La historia se repite. Antes fue Cristóbal Montoro (PP), quien tras dejar el Ministerio fundó su propia consultora para asesorar empresas sobre fiscalidad e influir en políticas públicas. Ahora son Blanco, Alonso, e incluso otros históricos como Elena Valenciano o Valeriano Gómez quienes forman parte del consejo asesor de Acento. Esta estrategia, lejos de ser exclusiva del PSOE o del PP, evidencia cómo las redes políticas se trasladan al sector privado para monetizar contactos e información privilegiada.
- Montoro fundó su empresa dos años después de dejar Hacienda (cumpliendo con la actual “puerta giratoria” legal), pero nuevos proyectos legislativos buscan endurecer aún más estas restricciones.
- La futura Ley de Lobbies exige un registro obligatorio y prohíbe que altos cargos recién salidos del Gobierno trabajen como lobistas durante dos años. Con esta norma ya en vigor, figuras como Blanco o Alonso no habrían podido fundar ni dirigir Acento inmediatamente tras dejar sus cargos públicos.
El negocio del lobby: cifras récord y opacidad persistente
El sector del lobby profesional está viviendo una auténtica explosión en España:
- Se estima que mueve entre 40 y 50 millones anuales, con expectativas de crecimiento hasta 2030.
- Solo el 3,45% de los lobbies cumplen estándares mínimos de transparencia (como publicar cuentas anuales recientes).
- Más del 55% ya comparte datos de facturación, pero las operaciones con partes vinculadas —familiares o socios políticos— siguen siendo opacas según auditores independientes.
La propia auditoría a Acento señala que la memoria abreviada no incluye detalles sobre operaciones con partes vinculadas, lo cual dificulta conocer el alcance real de las relaciones económicas entre la consultora y su red política.
Del AVE a Marruecos: influencia tras fronteras
La capacidad de influir no termina en el Parlamento español. Tanto Blanco (Acento) como Zapatero (Kreab) han ofrecido sus servicios como mediadores ante crisis empresariales internacionales tan relevantes como el caso Taqa-Naturgy o los problemas energéticos entre España y Argelia. De hecho, Acento tiene ya líneas abiertas para captar clientes fuera del país gracias al refuerzo de su equipo europeo y alianzas estratégicas con firmas portuguesas.
El sector sanitario —clave durante la pandemia— es otro ámbito donde la consultora ha expandido su actividad gracias a fichajes especializados y relaciones privilegiadas con despachos ministeriales. Marruecos también aparece como uno de los mercados donde Acento estaría operando para intereses empresariales españoles.
Un debate abierto: ¿quién controla a los lobbies?
Mientras Europa exige mayor control sobre las actividades lobistas —y España tramita una ley específica—, los grupos de presión siguen operando sin apenas restricciones efectivas ni obligaciones reales de transparencia. Solo una minoría rinde cuentas públicamente sobre sus ingresos o clientes; la mayoría sigue trabajando entre bastidores sin apenas vigilancia institucional.
En este contexto, nombres como Pepiño Blanco o Montoro no solo simbolizan una trayectoria política sino una nueva forma —y muy lucrativa—de ejercer influencia donde lo público y lo privado se entrelazan hasta confundirse.
- La falta de regulación efectiva deja margen para que antiguos responsables políticos transformen contactos institucionales en negocios multimillonarios.
- El debate público crece sobre si estos movimientos son éticos o legales; pero lo cierto es que hoy por hoy son perfectamente habituales.
La historia reciente demuestra que mientras no haya cambios profundos en transparencia y regulación real, los lobbies seguirán siendo actores decisivos —aunque invisibles— en las decisiones que marcan el rumbo económico y social del país.
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