El fiscal general encubre a Sánchez, que le dio la orden, y eso explica las sucias maniobras del Gobierno Frankenstein

La omertà, ese código de silencio que rige la mafia, es más que una simple promesa: es la garantía de lealtad absoluta, un pacto sellado con miedo y beneficios. Los capos, astutos y poderosos, aseguran a sus secuaces que, si caen, nada les faltará: protección jurídica con los mejores abogados, dinero para la familia para que no pasen penurias, ayuda para salir de prisión –ya sea con influencias o sobornos– y, por supuesto, jugosas prebendas para quienes guarden silencio.

En la política, especialmente en el entorno del PSOE, este mecanismo parece replicarse con inquietante precisión.

Pedro Sánchez, hundido hasta el corvejón en una tentacular trama de corrupción de diferentes aspectos, aparece como el garante de este sistema, pagando los silencios de figuras como José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Álvaro García Ortiz.

Y todos guardan silencio, para protegerle.

En el mes de agosto de 2025, mientras media España busca refugio en la sombra y la otra media revisa titulares desde la playa, el poder judicial y el Ejecutivo se asoman a un abismo institucional.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha convertido en protagonista indiscutible de un escándalo que amenaza con hacer tambalear los cimientos del llamado Gobierno Frankenstein.

A su lado —o, según las acusaciones, justo por encima— emerge la figura omnipresente de Pedro Sánchez, señalado por sus adversarios como cerebro y beneficiario último de unas maniobras que han puesto a prueba la solidez democrática del país.

El caso arranca con una filtración sensible: en marzo de 2024 se hace público un documento judicial relativo a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La autoría apunta hacia lo más alto: tanto García Ortiz como la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, se ven señalados como posibles responsables de revelar secretos oficiales. Las consecuencias políticas no tardan en llegar y la maquinaria judicial se pone en marcha.

Todos los caminos (y mensajes) conducen a Moncloa

La investigación judicial ha tenido un escollo inesperado: la tecnología. Los dispositivos electrónicos del fiscal general, requisados por orden del juez instructor Ángel Hurtado, se encontraban «prácticamente vacíos». Ni rastro de correos relevantes ni de mensajes recientes; todo había sido eliminado meticulosamente. Los intentos internacionales para recuperar información desde servidores de WhatsApp o Google resultaron infructuosos: ni una conversación relevante pudo ser rescatada. La UCO concluyó con contundencia que «no existe ninguna información inédita de interés para la investigación».

Este muro digital añade una capa más al escepticismo generalizado: ¿es posible que semejante limpieza fuera casual? El Supremo, ante esta ausencia total de pruebas electrónicas, ha descartado seguir indagando en el móvil del fiscal general por falta absoluta de datos fiables.

¿Encubrimiento o celo institucional?

La sombra del encubrimiento planea sobre García Ortiz. Pero el foco se amplía peligrosamente hacia Pedro Sánchez. El detonante fue una revelación del exministro José Luis Ábalos: aseguró públicamente que el presidente le informó en septiembre de 2023 —meses antes de que estallara el caso— de que la UCO investigaba a Koldo García, su antiguo asesor. Este detalle es fundamental porque implica que Sánchez tenía acceso privilegiado a información reservada y que pudo alertar a personas implicadas antes de que la investigación fuera pública.

La reacción política fue inmediata. Vox presentó una querella ante el Supremo contra Sánchez por presunta revelación de secretos, encubrimiento y obstrucción a la justicia. El escrito recalca que Sánchez «permitió que al menos uno de los potenciales implicados tuviera noticia anticipada», lo que podría haber facilitado destrucción de pruebas o coordinación entre investigados. Según Vox, “nos hallamos ante una indebida e ilegítima interferencia, ajena a los cauces legales”.

Maniobras pasadas y doble rasero

No deja de ser irónico —y aquí cabe un leve apunte humorístico— que García Ortiz, cuando era portavoz progresista en la Unión Progresista de Fiscales (UPF), exigiera en 2017 la dimisión inmediata del entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ante cualquier atisbo de escándalo judicial. Ahora, con las tornas cambiadas, Ortiz resiste aferrado al cargo mientras pide paciencia institucional.

El asunto ha generado comparaciones inevitables sobre dobles raseros en la exigencia ética dentro del Ministerio Público: lo que ayer era motivo suficiente para apartar a un fiscal ahora parece relativizarse si afecta al propio entorno gubernamental.

El Supremo pone límites (por ahora)

El Tribunal Supremo ha dejado claro su hartazgo con el juego del escondite digital. Tras recibir carpetas con información procedente de Google y WhatsApp —tecnología mediante— el magistrado Ángel Hurtado ordenó analizar su contenido, pero hasta ahora ninguna prueba concluyente conecta directamente al fiscal general con una instrucción ilícita o una cadena explícita entre Fiscalía y Moncloa.

En paralelo, otras figuras clave como Pilar Sánchez Acera han optado por el olvido selectivo: durante su declaración como testigo aseguró no recordar quién le envió correos decisivos relacionados con las filtraciones y también había eliminado sus propios mensajes. El juez llegó a calificar su testimonio como “ocultación”, aunque descartó abrir causa por falso testimonio para no politizar aún más las pesquisas.

Corrupción y clima político: todos los caminos llevan a Sánchez

Las acusaciones no dejan lugar a dudas sobre su estrategia narrativa: todos los caminos conducen a Sánchez. Desde sectores críticos se insiste en que el caso es solo uno más dentro de una supuesta trama estructural donde corrupción, manipulación institucional y opacidad serían señas distintivas del Ejecutivo actual.

• La querella contra Sánchez refuerza esta visión: lo acusan no solo de conocer anticipadamente investigaciones policiales sino también de proteger activamente al fiscal general.
• En la opinión publicada —y publicada con énfasis— se señala que “el Gobierno Frankenstein se sostiene sobre equilibrios tan frágiles como opacos”, donde cada escándalo es amortiguado con pactos internos y apoyos circunstanciales.

A pesar del ruido mediático y político, el avance judicial depende ahora casi exclusivamente del hallazgo inesperado en alguna carpeta digital aún por analizar. Pero si algo ha dejado claro este episodio es que borrar huellas electrónicas no borra ni el escándalo ni la sospecha pública.

Curiosidades y datos sobre el caso

• La eficacia tecnológica para eliminar mensajes ha sido tal que ni WhatsApp ni Google lograron recuperar información relevante tras meses de pesquisas internacionales.
• El juez Ángel Hurtado reconoció expresamente “la existencia flotante” del contexto político dentro del sumario pero rechazó dejarse arrastrar hacia una instrucción paralela basada solo en intuiciones.
• Álvaro García Ortiz fue uno de los fiscales más críticos con sus predecesores cuando ocupaba cargos en asociaciones progresistas; ahora resiste bajo una presión mediática y política inédita.
• La querella presentada contra Pedro Sánchez pide citar tanto al propio presidente como testigos clave incluyendo al exministro Ábalos y al propio fiscal general.
• El caso vuelve a poner sobre la mesa las tensiones históricas entre independencia judicial e injerencia política, un clásico español renovado cada legislatura.