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JUSTICIA Y POLÍTICA EN TENSIÓN

Nubarrones para Sánchez en La Mareta: La Fiscalía señala a Leire Díez por un presunto intento de soborno a dos fiscales

La Fiscalía de Madrid solicita investigar a la exmilitante socialista y a Javier Pérez Dolset por ofrecer supuestas ventajas a dos fiscales a cambio de información sensible

Juan Velarde 11 Ago 2025 - 11:36 CET
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La fontanera del PSOE amarga las vacaciones a Pedro Sánchez.

Su estancia en La Mareta acaba de verse alterada con esta noticia bomba.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido que se investigue en sede judicial a Leire Díez por un presunto intento de soborno a dos fiscales, Ignacio Stampa y José Grinda.

Según un decreto firmado por el fiscal Juan Pablo Nieto, se reclama la apertura de diligencias previas y la incorporación de grabaciones y documentación vinculada a los supuestos ofrecimientos de “ventajas” a los miembros del Ministerio Público, a cambio de información interna y actuaciones favorables en causas sensibles.

La Cadena SER detalla que Stampa se reunió con Díez y que la grabó; el ofrecimiento buscaba datos comprometedores contra el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y planteaba contrapartidas, un patrón que también habría afectado a Grinda, quien lo denunció en febrero.

No es un episodio aislado. En paralelo, Onda Cero precisa que el fiscal Grinda relató cómo un periodista le entregó un papel —que le pidió leer y devolver— con un ofrecimiento de destino exterior y otras compensaciones si facilitaba determinadas decisiones y datos, circunstancia que desencadenó su denuncia y ha derivado en la petición de imputación de Díez y del empresario Javier Pérez Dolset. El decreto fiscal refuerza la tesis de indicios sobre una tentativa de cohecho en un contexto de máxima sensibilidad para la Fiscalía y para el Gobierno, con un foco añadido en la relación pública y documentada de Díez con el PSOE en los últimos años.

Antecedentes: del “caso Fontanera” a la fricción con Anticorrupción

El itinerario judicial y mediático de Leire Díez se consolidó a principios de año con la difusión de audios y reuniones en las que, según informaciones de investigación, buscaba recabar información sobre mandos de la Guardia Civil y fiscales ligados a causas que afectan al Ejecutivo, germen del bautizado “caso Fontanera”. En esa cronología, El Confidencial documentó la red de vínculos de Díez con el PSOE, incluyendo mensajes de apoyo explícito a Pedro Sánchez en los días de su “retiro” para reflexionar y referencias a la “mafia”, coherentes —señala el medio— con expresiones captadas posteriormente en audios. La exposición pública de esa cercanía obligó a la dirección socialista a marcar distancias, mientras el Gobierno optaba por evitar explicaciones del presidente y subrayar la necesidad de “ser escrupulosos” y no mezclar ámbitos institucionales.

La nueva derivada se concentra ahora en Anticorrupción: Grinda, fiscal del llamado “caso 3%”, y Stampa, que inició la investigación del “caso Villarejo”, figuran como presuntas dianas de ofrecimientos para obtener información sobre investigaciones sensibles o para “satisfacer recursos” a cambio de ventajas, según las comunicaciones internas y el relato que obra en Fiscalía. La petición de investigación se apoya en la existencia de grabaciones y en la reactivación de una denuncia inicialmente archivada tras la publicación del vídeo con Díez, Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo pidiendo datos sobre funcionarios públicos, incluido un mando de la UCO.

Implicaciones para el PSOE y el Gobierno

La causa transcurre por un carril judicial, pero su onda expansiva es política. Las fotos, interacciones públicas y posiciones de Díez en empresas públicas durante gobiernos de Pedro Sánchez han alimentado la crítica opositora y la presión mediática sobre Ferraz para delimitar responsabilidades y aclarar el eventual grado de conocimiento interno. Libertad Digital ha subrayado la interacción digital entre Sánchez y Díez desde 2011, así como la visibilidad de la exconcejal en actos y perfiles oficiales, contexto que el partido niega que implique relación orgánica operativa con la ahora investigada. El Ejecutivo, por su parte, se ha parapetado en el principio de prudencia judicial, evitando que el presidente entre al fondo mientras avanza la instrucción fiscal.

En términos institucionales, lo delicado no es solo el presunto ofrecimiento, sino la elección de objetivos: fiscales con causas de alto impacto y el propio jefe de Anticorrupción, lo que amplifica el debate sobre la protección de la independencia del Ministerio Público y los diques entre política y Justicia. El movimiento de la Fiscalía de Madrid obliga ahora a un juzgado a valorar la apertura formal de diligencias, la incorporación de materiales y la práctica de pruebas, incluido el volcado de las grabaciones de Stampa. Onda Cero añade que el juez García-Castellón Zamarriego no habría visto conexión con su causa y que el asunto se reasignaría, lo que anticipa una instrucción con varias piezas y competencia repartida.

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Un comentario inevitable sobre el “metaverso” del fango

En España solemos decir que la política y la Justicia no conviene mezclarlas ni en cóctel. Este caso ha ido más allá: presuntos ofrecimientos, papeles que van y vienen como billetes de lotería, y grabaciones que, como los audios del verano, aparecen cuando más aprieta el calor. A veces, la mejor “regeneración democrática” es un buen aire acondicionado institucional.

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