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¡Ni Franco!

Sánchez decreta una ‘zona de exclusión’ maritima frente a La Mareta, para evitar que le abuchéen desde el mar

El cierre del espacio marítimo, para esquivar lanchas y motos de agua con carteles del tipo 'Sáchez Corrupto', es una cacicada y desata protestas por el uso privado del patrimonio público

Mario Lima 21 Ago 2025 - 07:21 CET
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Lo último debió ser ver la playa cercana a La Mareta sembrada de sombrillas con la inscripción ‘Sánchez Corrupto‘ y su foto.

Tampoco le ha tenido que sentar bien al marido de Begoña descubtir en el horizonte como pasaba una moto de agua con un cartel similar.

Y esta, porque eso es constante, la posibilidad del abucheo popular.

La política española no descansa ni en agosto, y menos cuando el epicentro estival se traslada a Lanzarote.

Este año, Pedro Sánchez y toda su parentela disfrutan -a cuenta del contribuyente español- de sus vacaciones en la emblemática residencia de La Mareta, pero el ambiente ha virado hacia la polémica tras la orden de cerrar a la navegación parte del espacio marítimo en torno a la mansión.

La decisión, propia de un dictador bananero y justificada oficialmente por “motivos de seguridad”, ha generado un intenso debate sobre el uso de recursos públicos y la libertad de tránsito en un enclave turístico clave.

A día de hoy, 21 de agosto de 2025, el asunto copa titulares y tertulias políticas: el presidente del Gobierno, en pleno periodo de descanso, ha ordenado restringir la navegación en un perímetro de más de 66 hectáreas marítimas que rodean La Mareta, limitando el acceso a embarcaciones de recreo y afectando, de paso, a los huéspedes de un hotel colindante que ahora ven restringido su disfrute del mar.

El cierre, que permanecerá vigente hasta el 31 de agosto, ha sido comunicado por Salvamento Marítimo con la advertencia clara de que nadie podrá cruzar las coordenadas marcadas en el entorno inmediato de la residencia presidencial.

 

Protestas originales: sombrillas, lanchas y el ingenio popular

Si algo caracteriza el clima político español es la creatividad de la protesta.

El pasado verano, la escena de lanchas y motos de agua acercándose a la costa de La Mareta con pancartas de “Sánchez Corrupto” se convirtió en una postal viral de la disidencia espontánea.

Este año, el marido de Begoña Gómez parece decidido a evitar la repetición de aquellos incómodos desfiles náuticos, blindando el entorno marítimo para que ni por mar se escuche el runrún del malestar ciudadano.

Sin embargo, el ingenio no se ha quedado en tierra de nadie.

La organización Hazte Oír ha inundado la playa contigua de sombrillas rotuladas con el mismo lema, logrando que la protesta, aunque no pueda navegar, sí flote a pie de arena.

El efecto visual de las sombrillas es tan directo como la anterior caravana acuática, y ha atraído la atención de bañistas, prensa y curiosos, añadiendo un toque veraniego a la crítica política.

El cierre del mar: ¿seguridad o blindaje personal?

La medida del cierre marítimo, que oficialmente responde a razones de seguridad, ha sido recibida con escepticismo en varios sectores

. En los avisos de Salvamento Marítimo se especifica que la “exclusión temporal a la navegación” afecta a la costa sur de Lanzarote, delimitada por los puntos A, B, C y D, todos ellos en torno a La Mareta.

Aunque la seguridad de las autoridades es un argumento habitual, la extensión y duración del cierre –hasta el 31 de agosto– ha levantado suspicacias sobre si se trata de una protección legítima o de un exceso de celo para evitar protestas y presencia incómoda en plena temporada alta.

En la práctica, la prohibición impacta no solo en posibles manifestantes, sino también en turistas y negocios de la zona, especialmente en la pequeña bahía colindante a un hotel que ahora ve limitado el acceso de sus clientes al mar.

Las críticas han venido tanto de la oposición política como de colectivos ciudadanos y empresarios turísticos, que consideran desproporcionado el cierre y recuerdan que Lanzarote vive en buena parte del turismo y del acceso libre a sus costas.

 

La Mareta: entre el patrimonio público y el uso privado

La residencia de La Mareta, situada en la costa de Teguise, tiene una historia singular. Fue construida por encargo del rey Hussein de Jordania y cedida posteriormente al Estado español. En 2015, el entonces rey Juan Carlos I la donó para uso “en el interés turístico de España”, una fórmula que, según la oposición, no se corresponde con el uso particular y prolongado que hace de ella la familia de Sánchez cada verano.

La controversia sobre si el presidente y sus allegados están “okupando” La Mareta para fines privados se ha reavivado este año, con críticas directas a la presencia de la familia de Begoña Gómez –que no ostenta cargo público alguno– y de otros parientes y amigos que disfrutan de la mansión y sus servicios.

La imagen de exclusividad contrasta con el espíritu de servicio público que debería regir el uso de bienes cedidos al Estado para fines turísticos y diplomáticos.

Cronología de un cierre polémico

Debate sobre los límites de la seguridad presidencial

En España, el cierre de espacios públicos por razones de seguridad es una práctica habitual en actos oficiales de alto nivel, como visitas de jefes de Estado o eventos militares. Sin embargo, el caso de La Mareta ha abierto un debate sobre los límites razonables de esta protección cuando se trata de vacaciones privadas y no de compromisos institucionales.

La comparación con cierres similares en otros puertos –por ejemplo, durante el Día de las Fuerzas Armadas en Las Palmas– evidencia que la medida no es inédita, pero sí poco habitual en el contexto de un uso vacacional prolongado. La clave está en si el interés general justifica el perjuicio para la ciudadanía y el sector turístico local.

Reacciones políticas y sociales

El cierre ha avivado la tensión entre el Gobierno y la oposición, que acusa a Sánchez de blindarse frente a la crítica y de usar medios públicos para fines personales. La denuncia de “okupación” de La Mareta se suma a la larga lista de reproches sobre el uso de recursos estatales para beneficio propio. Por su parte, desde el Gobierno se insiste en que la medida es temporal, limitada y responde a protocolos de seguridad internacionalmente aceptados.

En paralelo, asociaciones de vecinos, empresarios y organizaciones turísticas han reclamado transparencia sobre los criterios del cierre y compensaciones por las pérdidas derivadas de la restricción de acceso a la costa. El debate sobre la gestión del patrimonio público en tiempos de vacaciones presidenciales está servido.

Curiosidades y datos llamativos del caso

En Lanzarote, la política se mezcla con el turismo, la seguridad con la crítica, y el verano de 2025 será recordado como el de la playa blindada… y las sombrillas contestatarias.

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