Ayuso exige a Sánchez que explique por qué Cataluña y País Vasco no acogerán MENAs y todas las demás regiones españolas si

Siempre en la brecha.

Y más rápida que nadie.

En el siempre imprevisible escenario de la política española, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido dar un paso al frente y desafiar abiertamente al Gobierno Sánchez.

Su última exigencia no ha pasado desapercibida: quiere saber —y rápido— por qué Cataluña y el País Vasco han quedado excluidos del polémico reparto estatal de menores extranjeros no acompañados (MENAs), mientras el resto de comunidades deben asumir nuevas cuotas de acogida.

La respuesta del Ejecutivo central, a día de hoy, 27 de agosto de 2025, no convence a nadie con dos dedos de frente..

El decreto, aprobado en Consejo de Ministros, ha encendido los ánimos en Madrid, Baleares y otras regiones, que acusan al Gobierno Frankenstein de practicar una política migratoria “arbitraria, opaca y discriminatoria”. Y mientras tanto, Cataluña y el País Vasco, a los que algunos ya llaman “territorios VIP” de la inmigración, parecen bailar fuera de la pista.

A día de hoy, el pulso entre la presidenta madrileña y el Gobierno central mantiene en vilo a buena parte de la opinión pública.

El reparto de menores migrantes, lejos de resolverse, se ha convertido en el último símbolo de la batalla por el modelo territorial y la distribución de competencias en España.

En medio del ruido, una curiosidad: mientras la política se enzarza en recursos y reproches, los menores afectados aguardan una solución que, de momento, sigue en el aire. Y, como suele suceder en estos casos, la realidad supera a cualquier guion de ficción: hasta el BOE parece andar estos días más revuelto que el mar de Canarias.

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Una norma bajo sospecha

El Real Decreto 658/2025, aprobado el pasado 22 de julio, regula la reubicación de estos menores en situaciones de presión migratoria, especialmente desde Canarias, donde la saturación de centros de acogida ha llegado a límites insostenibles. La medida se presenta como un ejercicio de solidaridad interterritorial, pero ha terminado por reabrir viejas heridas sobre el reparto de competencias, financiación y trato igualitario entre comunidades.

Las críticas de la Comunidad de Madrid son especialmente duras: consideran que el decreto “vulnera competencias autonómicas exclusivas en materia de protección de menores y asistencia social”, y acusan al Gobierno de utilizar el reparto con fines políticos para penalizar a regiones gobernadas por el Partido Popular y beneficiar a sus socios nacionalistas.

La presidenta balear, Marga Prohens, se sumó a las críticas, lamentando la “falta total de humanidad” del Gobierno central y advirtiendo que el sistema de acogida de su comunidad ya está al borde del colapso, tras la llegada de cientos de migrantes en las últimas semanas.

El camino judicial: recursos en cascada y guerra de competencias

La respuesta de Madrid no se ha hecho esperar: la administración regional ha formalizado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto, argumentando que la norma “invade competencias autonómicas sin justificación suficiente” y que se ha elaborado sin transparencia ni criterios claros.

Esta ofensiva judicial no es nueva. Madrid ya había impugnado el Real Decreto-ley 2/2025, aprobado el 18 de marzo, junto a otras diez comunidades autónomas, ante el Tribunal Constitucional, alegando invasión de competencias exclusivas y falta de justificación de urgencia para legislar por decreto-ley materias reservadas a leyes orgánicas.

En paralelo, Baleares también ha anunciado su recurso ante el Supremo, reclamando la suspensión cautelar del decreto y advirtiendo que recurrirá todas las vías legales para evitar lo que consideran una “imposición” que vulnera la dignidad y la humanidad de los menores y de los propios servicios sociales autonómicos.

Cataluña y País Vasco: ¿por qué quedan fuera?

La cuestión que ha encendido la mecha del conflicto es, precisamente, la exclusión de Cataluña y el País Vasco del reparto obligatorio. Ni el decreto ni el Gobierno han explicado públicamente los criterios que han llevado a dejar fuera a estas dos comunidades, tradicionalmente favorecidas en acuerdos con el Estado en materias sensibles.

Entre las explicaciones oficiosas que circulan en círculos políticos y mediáticos destacan:

• Negociación política con partidos nacionalistas: El decreto habría sido pactado en parte para asegurar la estabilidad parlamentaria del Gobierno, necesitado del apoyo de los partidos nacionalistas vascos y catalanes.
• Saturación previa de sus propios sistemas: Desde el entorno del Ejecutivo se insinúa que Cataluña y País Vasco ya acogen un elevado número de menores migrantes, aunque los datos oficiales no se han hecho públicos con claridad.
• Regímenes forales y competencias propias: Ambas comunidades cuentan con regímenes competenciales singulares, lo que podría haber facilitado su exclusión o al menos una negociación diferenciada respecto al resto de autonomías.

El resultado, en cualquier caso, es una sensación de agravio comparativo que ha servido de combustible para la reacción de los gobiernos autonómicos de signo popular y de otras regiones que se sienten discriminadas por el reparto.

El trasfondo: presión migratoria, saturación y debate sobre la solidaridad

Detrás de la batalla política y judicial late una realidad compleja: la llegada masiva de menores migrantes no acompañados a Canarias y otras regiones fronterizas ha puesto al límite la capacidad de los centros de acogida. El Tribunal Supremo ha obligado recientemente al Gobierno a adoptar medidas urgentes para garantizar la protección de más de un millar de menores solicitantes de asilo, advirtiendo de la “masificación” y la “situación de vulnerabilidad y necesidad” en la que se encuentran.

Esta presión migratoria ha llevado al Ejecutivo central a buscar una redistribución obligatoria, pero la falta de diálogo real con las comunidades y la exclusión de Cataluña y País Vasco han convertido el proceso en un auténtico campo de batalla político y jurídico. No es la primera vez que la solidaridad territorial se pone a prueba en España, pero pocas veces el debate ha alcanzado este nivel de confrontación institucional.

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Ayuso ha calificado el decreto como “un castigo a las comunidades que no comparten la hoja de ruta del Gobierno”, mientras que desde la Puerta del Sol aseguran que “no van a ser cómplices de una política migratoria fallida”.

Por su parte, Marga Prohens ha elevado el tono, denunciando la “falta total de humanidad” del Gobierno central y advirtiendo de que “la saturación del sistema de acogida impide garantizar la atención adecuada a más menores extranjeros”.

En el Congreso, la oposición ha aprovechado la ocasión para cargar contra Sánchez, reclamando transparencia y equidad en el reparto, mientras desde Moncloa se insiste en la necesidad de “solidaridad territorial” y se acusa a las comunidades díscolas de querer “politizar la infancia migrante”.

Más judicialización, fractura territorial y presión sobre el sistema de acogida

• Judicialización creciente: La ofensiva de recursos ante el Supremo y el Constitucional anticipa meses de litigios que podrían retrasar la aplicación efectiva del decreto.
• Fractura territorial: La sensación de agravio comparativo puede alimentar el malestar entre comunidades y dificultar futuros acuerdos en materias sensibles.
• Presión sobre los servicios sociales: La saturación de centros de acogida y la falta de financiación adecuada pueden derivar en situaciones de emergencia social y tensiones institucionales.
• Efecto político: El conflicto podría convertirse en un arma electoral, especialmente en comunidades donde la inmigración es un tema sensible para el electorado.